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Este 4 de abril se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización Contra las Minas Antipersonal en el mundo. En Colombia la fecha nunca pasa desapercibida. Cada año se recuerda que, por lo menos, 7.000 militares y 2.000 civiles han sido víctimas por estos artefactos explosivos improvisados, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.
En medio de la conmemoración, la ONG Mil Víctimas del conflicto, en apoyo con el Ejército Nacional, hizo entrega a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de un informe detallado acerca de la elaboración, funcionamiento y afectaciones causados por estas minas hechizas utilizadas por la extinta guerrilla de las Farc durante el conflicto armado en Colombia.
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“La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las Farc” es el título de la investigación, en la que participaron sociólogos, abogados, expertos en explosivos, entre otros profesionales, quienes hicieron énfasis en la grave violación de Derechos Humanos que se cometieron en contra de uniformados y civiles.
Para la Organización Mil Víctimas y el Ejército este aporte es crucial para la visibilización de los militares afectados por estos explosivos y sus familias, quienes son los principales acompañantes en el proceso de recuperación. A pesar de ser víctimas en la legislación colombiana, no siempre son reconocidas por las entidades, según el Ejército. Y eso se puede evidenciar en la disparidad de cifras. Por ejemplo, mientras la Fuerza Pública cuenta 7.400 militares y policías afectados, el registro de la Unidad para las Víctimas cuenta 6.984.
Carlos Julio Susa Rodríguez, representante de las víctimas militares afectadas por minas antipersonales, aseguró en la entrega que quieren ser reconocidos como víctimas, visibilizar los hechos para evitar la repetición y la impunidad, y sensibilizar a los demás ciudadanos, sobre todo quienes viven en la ciudad, donde hay todavía muchos obstáculos para las personas en situación de discapacidad.
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No es la primera vez que el Ejército ofrece información a los magistrados de la JEP. Hace tres semanas, Un grupo de 14 magistrados y fiscales viajó hasta el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca, para recibir del comandante general del Ejército, general Nicacio Martínez una “ilustración especializada” y un informe sobre la utilización de explosivos improvisados en el marco del conflicto armado por parte de las Farc. Los militares les explicaron cómo se construía cada artefacto, los explosivos utilizados y los materiales con los que se armaban, como envases plásticos de alimentos y bebidas y jeringas.
La problemática de estos explosivos sigue vigente. Hace apenas un mes, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que las víctimas por este flagelo se incrementaron en 287 % en 2018. En lo corrido de 2019 y hasta el 20 de febrero las cuentas del CICR sumaban ya 17 víctimas. Solo del 2 al 8 de febrero fueron afectadas cinco personas.
El informe
Aunque se había entregado una información en una jornada de instrucción especializada sobre minas, la Fuerza Pública hasta ahora no había consolidado los datos de las afectaciones para entregarla a la JEP. Ahora, en 400 páginas, los militares le ofrecieron a los magistrados toda la información recolectada en 50 años de guerra.En el informe se encuentra todo: desde datos estadísticos, identificación de los supuestos responsables, el análisis de la política del empleo de métodos y medios por parte de la Farc hasta la descripción de cada artefacto. Por ejemplo, se destaca que hasta hoy han sido afectados 7.413 uniformados, de los cuales 1.611 fueron asesinados y 5.802, heridos. También la investigación resalta la afectación de los civiles: 2.249, de los cuales 1.199 fueron menores de edad.
Pie de foto: A la entrega del informe asistieron algunas víctimas militares de minas antipersonales.
Hasta ahora, el Ejército ha podido neutralizar 259.545 artefactos explosivos, que se han instalado en 31 de los 32 departamentos del país (el único que no ha sufrido este flagelo es San Andrés). Antioquia, Norte De Santander, Nariño, son los más afectados por este flagelo.
De acuerdo con la información, la utilización de las minas antipersonales por parte de las Farc arrancó después de la Séptima Conferencia, realizada en mayo de 1982, en la que se planteó la necesidad de crear nuevas estrategias para el enfrentamiento con los militares.
Desde entonces, “empezaron a depender cada vez más de armas de fabricación improvisadas, como morteros fabricados con cilindros de gas propano, así como diversos artefactos explosivos improvisados y en especial minas antipersonales fabricadas con madera, botellas de vidrio y plástico, con bajo contenido metálico basados en las minas empleadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial como lo son la mina No. 42 totalmente en madera y la mina No.43 totalmente en vidrio, estas son prácticamente imposibles de detectar y desactivar”.
Las Farc, señala el informe, recibió entrenamiento de miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y del grupo español Euskadi Ta Askatasuna (ETA), especialmente en lo relacionado con mecanismos de activación a larga distancia de alta tecnología.
Asimismo, se destaca que la presencia en los territorios de estos artefactos explosivos improvisados “ha desencadenado procesos y fenómenos sociales como el confinamiento, deserción escolar, desplazamiento forzado y cambios en las actividades rurales frente a la imposibilidad de realizar las actividades propias de la vida rural”. Eso se debe a que estos artefactos también destruyen bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como infraestructura energética, vial, petrolera y gasoductos, entre otros.
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El Ejército Nacional resalta que hoy Colombia es el país que más víctimas militares por minas antipersonal hechizas registra en el mundo y que, lastimosamente, esta cifra puede aumentar, teniendo en cuenta que es una práctica que todavía continúa, a pesar de estar prohibida por tratados internacionales.
La ONG Mil Víctimas espera que este informe contribuya “significativamente en la tarea de comprender las dinámicas de este grupo en el conflicto interno en relación al empleo indiscriminado de métodos y medios de guerra prohibidos”. Esto con el objetivo que crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que afectaron a militares y civiles no queden en la impunidad.