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Uno de los momentos más conmovedores que ha vivido el magistrado Alejandro Ramelli, desde que llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue el entierro de Édison Lexánder Lezcano. Este joven campesino, asesinado a sus 23 años, fue víctima de los mal llamados “falsos positivos”, y fue el primer cuerpo de un desaparecido entregado a su familia por esta justicia. Mientras caminaban hacia el cementerio, Gustavo de Jesús Lezcano, el padre de Édison, le pidió que antes de enterrarlo lo llevara al lugar donde lo encontraron 18 años después de su homicidio, vestido con un uniforme militar y con armas que jamás empuñó en vida. Ramelli lo llevó hasta el punto donde los forenses lo exhumaron y allí ambos lloraron.
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En un país tan acostumbrado a la violencia y a la inoperancia de la justicia, la imagen de un juez de un alto tribunal acompañando el dolor de una víctima, que hasta hacía unos meses estaba resignada a desconocer el paradero de su hijo desaparecido, parece inverosímil. “Pero esa es la JEP. Eso que parece imposible es lo que queremos cambiar. Lo más importante aquí es la verdad. Usualmente, los jueces están enfocados en determinar la responsabilidad de los culpables, pero no se indaga más en lo que viven las víctimas. A esa verdad, a ese dolor queremos llegar”, asegura Ramelli.
Hace un año y medio, asumió la tarea de investigar una parte del caso 03, conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y que busca esclarecer por qué los militares atentaron contra civiles indefensos. La Sala de Reconocimiento, donde se abren los casos de la jurisdicción, estaba colapsada y decidieron que magistrados de otras secciones ayudaran a adelantar los procesos. A Ramelli, quien pertenece a la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que aún no entra en operación, le asignaron las ejecuciones extrajudiciales en el Meta. Curiosamente, fue indagando en este departamento que luego llegó a Dabeiba, Antioquia.
“Siempre he dicho que Dabeiba es una caja de Pandora. Nosotros lo descubrimos porque uno de los militares que comparecen nos dijo que quería contarlo todo. Nos habló del Meta, pero luego nos confesó que en el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba habría, al menos, 43 víctimas de este fenómeno. Nosotros lo que hicimos fue verificar si esos aportes eran reales o sinceros y llegamos por eso. De algo estoy convencido: la justicia ordinaria jamás hubiera logrado esos hallazgos. Todo fue porque el sistema de justicia transicional está mostrando sus ventajas y para lo cual fue creado”, dice Ramelli. Gracias a esa primera gran exhumación, la JEP conoció la historia de Lezcano.
Luego de los hallazgos que conmocionaron al país, los militares le mostraron otros puntos del cementerio donde habrían más víctimas, así que el magistrado volvió en febrero de este año. Con esa visita, la JEP logró exhumar 74 cuerpos. En noviembre pasado entregó cinco de ellos, también víctimas de “falsos positivos”.
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Esta investigación le ha cambiado la vida a Ramelli. No sólo se ha tenido que enfrentar a una realidad atroz en la que niños y niñas menores de 14 años han sido asesinados por la Fuerza Pública para hacerlos pasar como guerrilleros, sino que también le ha tocado hacerle frente a falsas denuncias. Los contradictores de la JEP le han dicho mentiroso. Han asegurado que su trabajo es un show mediático y que en ese cementerio no hay desaparecidos, aunque los familiares de las víctimas han corroborado que sí lo eran.
Confía en su trabajo y el de su equipo, que incluso ha recibido amenazas por este caso: “Las falsas denuncias están tipificadas en el código penal. Nosotros estamos arriesgando todo por entender qué pasó ahí. A mis magistrados Hugo Escobar y Juan Carlos Lozada les han mandado mensajes cuando van hasta Dabeiba. Y eso significa que ahí hay más, que en ese cementerio encontraremos muchas respuestas. Este municipio resume una parte del conflicto armado colombiano. Y esa es la verdad que requiere el país. Lo que intuyo es que hay más “dabeibas” en Colombia”.
A pesar de las acusaciones y los riesgos, sigue con su labor en la JEP de encontrar patrones de los falsos positivos, junto con los relatores del caso 03, los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz, cuyo trabajo, según él, es impecable y pronto conocerá el país. Por fortuna, dice el magistrado, en su vida laboral ya se había formado para procesar información de este tipo: “Cuando dirigí la Unidad de Contexto de la Fiscalía también pensábamos en unas metodologías de investigación distintas de las tradicionales, que finalmente son las que viene ampliando la JEP y se trata de entender los fenómenos macrocriminales y no estudiar caso a caso”.
Lo dice con la tranquilidad de haber salido de la Fiscalía en el momento indicado, cuando empezaron a llegar presiones por haberse opuesto al millonario contrato de la politóloga Natalia Springer, por $895 millones, que avaló Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación en 2013. De ese episodio prefiere guardar las minucias y recordar que hizo lo que él creía que era correcto.
Ramelli no para de trabajar. Ni la pandemia lo frenó. Fue de los primeros togados que pidió que las audiencias y las versiones voluntarias se adelantaran virtualmente: “A ver, también vivimos las etapas, como el shock. La justicia en Colombia, no solo la JEP, no estaba preparada para ese tipo de desafíos. Pero, poco a poco, nos dimos cuenta de que no iba a pasar rápido y que teníamos que buscar urgente estrategias para trabajar. Hicimos audiencias con decenas de personas y encontramos ventajas: pudieron participar personas que vivían lejos y no podían viajar”.
Y es que, además de Dabeiba, también participa en otros procesos dentro de la JEP, como la orden al Estado colombiano de garantizar la seguridad a los excombatientes de las Farc que están amenazados y cuyos asesinatos ascienden a los 244, y el estudio de medidas cautelares a 17 lugares donde habría personas dadas por desaparecidas. En ellas ha sido inclemente. No le gustan los rodeos, una característica que bien puede provenir de su crianza con un padre suizo. Cualquier titubeo de los citados fue una oportunidad para que Ramelli indagara en incoherencias o incumplimientos. Preguntó incisivamente y evidenció que la implementación del Acuerdo de Paz, en materia de seguridad, andaba a paso lento.
Sobre el caso de las medidas cautelares, en medio de la emergencia sanitaria, ha decidido proteger temporalmente varios cementerios, donde se presume que hay víctimas inhumadas, como el antiguo camposanto de Yopal, en Casanare; los de Puerto Berrío y Dabeiba, en Antioquia, y el de San Onofre, en Sucre. Todo para que las familias y las organizaciones tengan la tranquilidad de que no se van a remover más estos lugares hasta corroborar si sus personas queridas están allí.
Ramelli no sabe cómo le rinde el tiempo para adelantar todos estos casos en la Jurisdicción. La vida le ha cambiado radicalmente. Sin embargo, advierte que para lo importante, como su familia, siempre saca un espacio. Para recuperarse de las historias del conflicto, que oye a diario, tiene una caminata matutina con su perro Orión. No lleva celular y dedica ese momento para el juego. También le gusta hacer rompecabezas, un hobby que bien puede servirle para tolerar la frustración cuando las cosas en su trabajo no encajan o para simplemente ejercitar su memoria. Y puede que funcione: a Ramelli pocas tareas se le olvidan. Y cuando algo se le escapa, asegura que tiene un gran equipo de trabajo que se lo recuerda.
Alejandro Ramelli, quien ha sido profesor y un estudioso del derecho, afirma que lo más significativo de esta experiencia es que “la teoría se quedó corta ante la realidad de Colombia”. Ha podido concluir, por ejemplo, que con los delitos no sólo se destruyen las vidas de las víctimas sino también de los victimarios: “Después de tanto oírlos he comprendido que ellos acabaron con la vida de inocentes, pero al final del día acabaron con la suya, porque sus proyectos se frustraron, son estigmatizados, sus familias se destrozaron y la mayoría no tiene patrimonio. Todos esos daños causados se les devolvieron. Uno al final recibe lo que da”.
También ve que el trabajo con las víctimas será un proceso largo, con altas y bajas. Siente que hay muchas heridas abiertas que probablemente no cierren por las incógnitas que aún las atormentan: ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Cómo asesinaron a sus familiares? ¿Por qué la guerra se ensañó con ellas? Pero, según él, “son dudas que carcomen el alma y nuestro trabajo, como magistrados de este tribunal, es tratar de responderlas”.
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Es un hombre que tiene paciencia. O eso le enseñaron sus 14 años como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, donde en muchas ocasiones pidió pista para ser titular, pero le cerraron las puertas. Supo que en algún momento alcanzaría esa meta. Lo supo desde que empezó a estudiar derecho en la Universidad Externado y cuando se desvió de los intereses de una familia de artistas, conocida por haber decorado la Casa de Nariño y el Teatro Colón.
Por eso, quizá, también concluye que “la vida lo lleva a uno a donde tiene que estar. Yo quería la Corte Constitucional, pero creo que donde estoy es el lugar indicado. Esto fue lo que estudié y no hay un lugar como la JEP en el que pudiera aplicar mis conocimientos. Y aquí he aprendido a desarrollar la empatía con el sufrimiento de los demás y también me he hecho fuerte. Nos queda trabajo, aunque desde ya creo que quienes conformamos la JEP le cumpliremos al país”.