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No terminan los dilemas de competencia y concesión de libertad a procesados que dividen opiniones entre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la justicia ordinaria. El nuevo capítulo lo protagoniza el exparamilitar de los Llanos Orientales Germán Ramírez Devia, alias Vaca Fiada, que estaba libre desde el pasado 10 de abril a la expectativa de su ingreso a la JEP. El argumento es que Ramírez, referenciado como excomandante del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), no hizo parte de las Farc, y el grupo paramilitar al que perteneció no tuvo colaboración alguna con este grupo armado. En consecuencia, antes de ir a la JEP, este exjefe paramilitar debe regresar a prisión.
Según el Centro de Investigación y Análisis del Crimen Insight Crime, el Erpac fue un remanente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en los Llanos Orientales, que luego del fallido proceso de paz entre el paramilitarismo y el gobierno Uribe empezó a hacer negocios con la guerrilla y otros exparamilitares, utilizando el territorio bajo su control para procesar cocaína, entre otras actividades ilegales. Algunos de sus principales líderes fueron Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, y Daniel Barrera conocido como el Loco. Tras la muerte de Cuchillo, 272 combatientes del Erpac dejaron las armas y se desmovilizaron en diciembre de 2011.
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Germán Ramírez parecía destinado a ser el sucesor de Pedro Oliverio Guerrero, pero optó por entregarse a la justicia ese mismo año, en compañía de José Eberto López Montero, alias Caracho. Años después, a Vaca Fiada se le abrió una nueva investigación penal y en 2013 fue llamado a juicio por la desaparición de Pedro Eduardo Gutiérrez Porras en 1992. Cuando entró en vigencia la JEP, Ramírez pidió ser acogido y, en desarrollo de ese trámite, el pasado 10 de abril un juzgado de Granada (Meta) le concedió la libertad condicionada. En su criterio, cumplía con los requisitos para acceder a este beneficio, entre otras razones, por llevar más de cinco años detenido.
La Procuraduría apeló esa decisión argumentando que la Ley 1820 de 2016, que reglamentó la concesión de indultos en desarrollo del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc, únicamente aplicaba para integrantes de la guerrilla y agentes del Estado. Asimismo, la procuradora delegada en el caso aseguró que el acto legislativo 01 de 2017 indicó que “la JEP tenía competencia sobre terceros, pero estos no deben pertenecer a ninguna organización armada”. Según se afirma en la sentencia, en este caso no se daba la condición para que Vaca Fiada fuera aceptado. El proceso pasó al Tribunal Superior de Villavicencio, que el pasado 4 de julio revocó la decisión.
En términos generales, el magistrado ponente, Manuel Adolfo Rincón, precisó que el juzgado de Granada “confundió la aplicación de los beneficios creados a través de la Ley 1820 de 2016”. En su criterio, la razón está escrita en el acto legislativo 01 de 2017, donde dice textualmente: “Las personas que, sin formar parte de las organizaciones y grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen”. Para el Tribunal de Villavicencio, el expediente contra Ramírez es claro en señalar que perteneció al grupo paramilitar Erpac.
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En la sentencia se aclara que los comportamientos a los cuales se les podrá aplicar la Ley 1820 de 2016 “son aquellos que se ejecutaron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por los integrantes de las Farc”, por lo que en este caso no es posible otorgarle a Vaca Fiada los beneficios. Según el documento, “no se indica en el proceso ni siquiera que Germán Ramírez sea miembro de las Farc, ni tampoco que haya sido reconocido por el Gobierno Nacional como integrante de esa agrupación, según los listados entregados”. Incluso, la decisión recalca que nada al respecto se indicó en la petición elevada por el defensor del procesado.
Uno de los argumentos más contundentes del magistrado Rincón tiene que ver con una evidencia: las conductas de alias Vaca Fiada no buscaron ningún tipo de colaboración con las Farc y tampoco se hicieron por pertenecer a esta guerrilla. Por el contrario, “se trató de un comportamiento cometido en virtud de su pertenencia a un grupo ilegal armado antagónico”. En criterio del Tribunal de Villavicencio, otro de los errores cometidos por el juez de Granada fue señalar que Ramírez llevaba más de cinco años privado de la libertad. De acuerdo con el tribunal, Ramírez estaba preso desde 2011 por un proceso diferente al de desaparición forzada por el que se le dejó libre.
Opinión: Una JEP de puertas abiertas
En consecuencia, le concedió la razón a la Procuraduría y revocó la libertad condicionada de Germán Ramírez. En su contra se emitió una nueva orden de captura, a fin de que siga sometido a la medida de aseguramiento que le fue impuesta en octubre del 2013 por la desaparición de Pedro Eduardo Gutiérrez. En síntesis, Vaca Fiada se convierte en un paramilitar sin indulto, con escasas opciones de que se le abran las puertas de la JEP. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analiza hoy solicitudes de reconocidos paramilitares como Salvatore Mancuso y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, pero cada vez es más clara la jurisprudencia sobre el paramilitarismo y su difícil acceso a la JEP.