:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/_R4zIWyCQmxS8UazG8GUcyASa1Q=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/4PZR2IB2QVG75FWE2DCHY56AOA.jpg)
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han presentado 55 militares dentro del caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” o lo que se conoció públicamente desde el 2008 como “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales.
Los militares que se han presentado a esta sala en la primera etapa del proceso provienen del Batallón de Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (César), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.
Las versiones tuvieron lugar en Bogotá, Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Yopal y son de carácter reservado, al igual que con los miembros de las Farc que han comparecido ante la JEP. Deben ayudar a esclarecer lo que ocurrió con los cientos de jóvenes presentados como muertos en combate por el Ejército y las razones que llevaron a que esta institución realizara esta práctica. De igual forma, con la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.
Para el caso 003, abierto en la JEP el 17 de julio de 2018, se han acreditado 162 víctimas y organizaciones sociales han presentado diez informes ante la Sala de Reconocimiento. La JEP también anunció que 41 versiones presentadas por los testimonios fueron entregadas el 7 de diciembre de 2018 al grupo de víctimas para que presenten sus observaciones.
El auto 005, con base en el cual se abrió el caso, se sustenta principalmente en el quinto informe que le entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en el cual se identificaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y los 30 años. Según el informe, el fenómeno se disparó en 2002 y su etapa más crítica se evidenció entre 2006 y 2008. El 45 % de las víctimas eran campesinos, y el 30 % trabajadores informales.
La jurisdicción también tuvo en cuenta al que al menos 41 víctimas pertenecían a comunidades indígenas, concretamente a los pueblos kankuamo, wiwa y wayúu. En ese sentido, ha realizado cuatro acciones pedagógicas en el resguardo indígena Kankuamo), en Valledupar, Barranquilla y Cúcuta.