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Los casos documentados de 2.300 mujeres y niñas que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado, y los que sean allegados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), serán la base para juzgar a los responsables de este delito. Además, serán el contraste para la verdad que los perpetradores reconozcan, o no, y que determinará su situación judicial. Si no dicen la verdad, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP tiene las herramientas para investigarlos. Ese es el mensaje que quiere mandar esta entidad con la puesta en marcha del software Layna, un sistema que procesará rápidamente la información contenida en los informes de violencia sexual.
Este programa se activó con la entrega de un informe con 2.000 casos que documentaron tres organizaciones de mujeres y entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad, otros que allegaron la Fiscalía General de la Nación y unos más que resultaron de una jornada de documentación en Norte de Santander. Esos informes hablan de las mujeres, de quiénes eran, cómo era su entorno, de la situación en la que fueron violentadas, de cómo cambió su vida después de eso, entre otras particularidades. Eso, comparado y analizado, puede mostrar patrones de victimización. Pero también pueden identificar posibles agresores, y puede ser en este punto dondeaparece el juzgamiento de estos casos.
Esto es importante, porque la violencia sexual que se comete contra mujeres y niñas en Colombia no es castigada. Cerca del 98% de los casos que son denunciados quedan impunes. Esa también fue la realidad de la violencia contra las mujeres en el conflicto armado. Sus cuerpos fueron botín de guerra, ellas fueron violentadas de múltiples formas y sus casos estuvieron durante años en esa justicia ordinaria que apenas juzga un 2% de ellos. Ahora, con la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los más 15 mil casos de violencia sexual contra niñas y mujeres, ocurridos durante la guerra, tienen un escenario distinto para ser juzgados.
Esto quedó establecido en el Acuerdo de paz y teniendo en cuenta el enfoque de género se acordó que la llamada fiscalía de la JEP debía tener un grupo de investigación de violencia sexual que se encargará de investigar, analizar y contextualizar los casos que sean de competencia de esta jurisdicción.
Los detalles de Layna
En este software, desarrollado por la UIA, se analizarán los puntos que la misma JEP definió en el protocolo de presentación de informes de violencia sexual. Es decir, debe tener en cuenta edad de la víctima, sexo, identidad de género, orientación sexual, lugar en los que ocurrieron las agresiones, si esta mujer era lideresa, cómo se transformó su vida después de la agresión o si recibió amenazas, entre otros detalles del contexto en el que se encontraba. De esta manera, explican en la UIA, puede determinarse, conforme lo pidan los magistrados, si hubo un patrón de violencia contra mujeres que ejercían liderazgo, contra niñas o contra la población LGBTI, solo por mencionar algunos.
Como el conflicto ocurrió en las regiones, no en Bogotá, la alimentación de información puede hacerse de manera remota. Es decir, los funcionarios de la Unidad, que estarán en las 10 sedes que esta entidad tendrá, podrán ingresar información desde donde estén. Esto podría robustecer el análisis territorial. ¿Quiénes eran los grupos, frentes e incluso combatientes que operaban en estos lugares? ¿Coinciden con lo ya documentado con las mujeres? ¿En cuáles territorios se ejerció la violencia sexual durante la guerra? Estas preguntas se pueden responder de acuerdo al análisis que se haga de los puntos que contiene el programa.
Preparación para el reconocimiento, o no, de la verdad
La violencia sexual ha sido uno de los delitos más negados por todos los armados, a pesar de que las investigaciones arrojan que todos lo cometieron. La verdad a cambio de justicia que ofrece la JEP podría ser una oportunidad para, por fin, conocer qué hicieron con los cuerpos de las mujeres y las niñas durante el conflicto armado. Pero como esto podría no ser suficiente, y como debe haber investigación, el contraste con los testimonios de las mujeres y los contextos de la guerra será claves para determinar las responsabilidades y, posteriormente, las penas para los responsables.
Layna es, según la UIA, una oportunidad para contrastar e investigar las versiones de los comparecientes con los casos documentados que sean entregados a la JEP. “En este programa se pueden correlacionar diferentes variables y con ellos poder proyectar una presunta responsabilidad. Es un avance muy significativo”, explican desde la UIA.
Este instrumento fue socializado con varias organizaciones de mujeres y fue presentado a ellas a finales de septiembre. Ahora que la Corte Constitucional dejó en firme que la violencia sexual, incluso contra menores, sea juzgada en la JEP, el desafío es la no revictimización y la celeridad para dar verdad y justicia.