“Confiamos en que se adopte pronto la ley estatutaria de la JEP”: embajadora de la Unión Europea

Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart. / Gustavo Torrijos

Este 20 de febrero, desde el Valle del Sibundoy en Putumayo, la embajadora Patricia Llombart aseguró que desde la Unión Europea confían en que el presidente Iván Duque adopte pronto la ley estatutaria, que le brindaría un soporte jurídico completo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La JEP es un organismo constitucionalmente establecido en los acuerdos de paz con las Farc. Nosotros vemos este sistema como uno de los pilares del acuerdo, fundamental para la verdad, para la reconciliación, para la justicia y para la no repetición”, señaló.

La declaración la hizo en medio de su recorrido por Putumayo y Nariño, junto con los embajadores Jeroen Roodenburg, de Países Bajos y Mogens Pedersen, de Dinamarca, para conocer a las comunidades beneficiadas de los proyectos de desarrollo territorial que apoya el Fondo Fiduciario para la Paz, el cual cuenta con 120 millones de euros a partir de las contribuciones de los 19 estados miembros de la Unión Europea.

Uno de los proyectos se llama Rural Paz, el cual busca fortalecer las economías rurales de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en estos dos departamentos. El otro tiene por nombre ‘Proyecto de Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño en condiciones de Paz’, que tiene por objetivo atender las prioridades establecidas en los Planes de Desarrollo departamental y municipal.

La afirmación de la embajadora dada en horas de la tarde se suma al pronunciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI). A través de su vicefiscal, James Stewart, la CPI pidió que la JEP tenga un marco legal definido (con la sanción de la ley estatutaria) porque de objetarse “podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.

Recordemos que esta ley es clave para que la JEP pueda tomar decisiones tan importantes como definir la responsabilidad de mando de exguerrilleros o militares que cometieron algún delito relacionado con el conflicto armado o para establecer las sanciones de quienes se acogieron a esta instancia de justicia transicional.

Después de pasar por ocho debates en el Senado y Cámara de Representantes, y de su revisión y aprobación en la Corte Constitucional, solo falta la firma del presidente Iván Duque, quien tiene hasta el 8 de marzo para sancionarla u objetarla.

Esta decisión, que está en manos del mandatario, ha causado polémica en el país durante las últimas dos semanas. El lunes 18 de febrero, el fiscal Néstor Humberto Martínez le envío una carta a Duque con las objeciones que tiene frente a la ley, con el espaldarazo del Centro Democrático. Otras figuras como Iván Cepeda, el exministro del Interior, Guillermo Rivera, la congresista Angélica Lozano, el procurador Fernando Carrillo y más de 200 organizaciones de víctimas piden que sí sea sancionada.