Segunda entrega

Crímenes contra defensores de dd.hh.: el representativo caso de Héctor Abad Gómez (II)

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En un informe bajo reserva que entregó a la JEP, la Fiscalía asegura que en su asesinato, el de Leonardo Betancur y el de Luis Felipe Vélez intervinieron agentes del Estado de manera directa e indirecta. Hasta la fecha, sin embargo, no se sabe quiénes.

Hay periodos de la vida en los que la tristeza se concentra, como de una flor se dice que sacamos su esencia, para hacer perfume, o de un vino su espíritu, para sacar el alcohol. Así a veces en nuestra existencia el sufrimiento se decanta hasta volverse devastador, insoportable.

Héctor Abad Facionlince, "El olvido que seremos".

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Héctor Abad Gómez, reconocido médico y defensor de derechos humanos, fue acribillado el 25 de agosto de 1987 junto con Leonardo Betancur Taborda en las calles de Medellín. Su labor era reconocida regional y nacionalmente, y su asesinato, dice la Fiscalía, es “uno de los ejemplos más representativos de muertes selectivas de defensores de derechos humanos”. Pero a ellos no solo los mataron. Antes de llegar a ese punto, otros delitos se cometieron para amedrentarlos. Delitos que “tuvieron lugar en un contexto de alianzas entre grupos armados ilegales y algunos agentes del Estado”.

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Así lo detalla la Fiscalía en su informe “Victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajo reserva. En el documento, el organismo resalta la violencia contra defensores y líderes en Medellín, en los años 80 y 90. Y allí destacan los casos de Héctor Abad Gómez, Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez. Crímenes que tocaron las fibras más sensibles de una tierra que, como tantas otras en el país, se acostumbró a recibir con cabeza baja y en silencio los féretros de sus mejores hijos.

Abad Gómez y Betancur Taborda, presidente e integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, estaban en el velorio de Vélez, asesinado horas antes, cuando las balas los alcanzaron. En ambos casos, relataron testigos a la justicia desde el inicio, se notó una coincidencia: a las víctimas los esperaban dos sicarios que manejaban una moto roja. “En cuanto a los posibles responsables, los testigos señalaron a integrantes del Mas (Muerte A Secuestradores) e incluso de agentes estatales, especialmente de la Brigada IV del Ejército”, recapitula la Fiscalía en su informe reservado.

Arranca la investigación

El organismo agregó que “varios de los testigos indicaron que tales grupos armados eran financiados por agremiaciones de ganaderos como Fedegán”. Las tres víctimas eran, además, profesores de la Universidad de Antioquia, detalle que para la Fiscalía resulta significativo en la época en que se cometieron los asesinatos. El 19 de septiembre de 1987, tres semanas después de los homicidios, el DAS Antioquia reportó un hallazgo inusual relacionado con el caso: era el cadáver de un hombre encontrado en Sabaneta, herido con arma de fuego, que contenía un mensaje en uno de sus bolsillos.

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“Me mataron por cómplice de la muerte de Abad Gómez El Gatillo Negro”, decía el papel. Los detectives del DAS, sin embargo, aseguraron que las descripciones de los testigos sobre los sicarios no correspondían con los rasgos físicos ni con la edad del cuerpo, “por lo cual se puede tratar de sofisma de distracción a fin de desviar la presente investigación”, plasmaron en su informe. El cadáver tenía nombre: Luis Ángel Muñoz Patiño. Las pesquisas siguieron hasta el 10 de febrero de 1988, cuando el Juzgado Primero de Instrucción Criminal, que lideraba la investigación, la suspendió.

El despacho sepultó el expediente argumentando que, en los seis meses que habían pasado desde los asesinatos, se había “más que superado el término previsto en la ley, sin que se hubiera logrado la identificación de los responsables”. El caso pasó a manos del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el cual, en noviembre de 1991, también renunció a seguir indagando y emitió un auto inhibitorio; es decir, no lo archivaba, pero tampoco continuaba. “No se pudo individualizar o identificar plenamente a los responsables de los hechos”. Y, encima, los pocos testigos que había estaban asustados y no querían hablar más.

Carta ignorada

“Aunque los casos se enmarcaban en una ola de muertes contra líderes sociales”, advirtió la Fiscalía, ese contexto no se tuvo en cuenta en las indagaciones de estos tres asesinatos. El proceso empezó a llenarse de polvo y telarañas hasta que, en 1993, con la Fiscalía General recién creada, al organismo llegó una carta enviada por un periodista mientras se indagaba la responsabilidad de Fidel Castaño Gil —uno de los mayores promotores del paramilitarismo en Colombia— en el homicidio del senador conservador Manuel Alfonso Ospina. En la carta se hacía mención al caso Abad.

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“Como persona conocedora de Fidel Castaño, quiero prevenir a ustedes que dicho señor se encuentra en Medellín dirigiendo un grupo de sicarios, para realizar, como siempre lo ha hecho, atentados contra los dirigentes sindicalistas de Antioquia. Este señor, en compañía de su hermano Carlos Castaño Gil y de algunos agentes del DAS que les sirven como sicarios asesinaron a la alcaldesa de Apartadó, al diputado Gabriel Jaime Santamaría, a Héctor Abad Gómez y a varios líderes de la izquierda y sindicalistas […] Su hermano Carlos Castaño se pasea por la IV Brigada”, decía la misiva.

La alerta, no obstante, cayó en oídos sordos. El proceso siguió entre el polvo y las telarañas. Después de 17 años, en junio de 2008, cuando Mario Iguarán era fiscal, se reactivó al igual que otros casos de violencia contra líderes sociales y miembros de la Unión Patriótica, y se ordenaron algunas tareas. Entre ellas, ubicar a algunos testigos de 1987; pedirle información a la Brigada IV del Ejército, la cual había detenido al profesor Leonardo Betancur Taborda, “sindicado de pertenecer a organizaciones subversivas”, y tomar entrevistas de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Con el trabajo adelantado, la Fiscalía concluyó que la estigmatización contra líderes sociales y de izquierda había sido motivo para acabar con la vida de Abad Gómez, Betancur Taborda y Vélez Herrera, pues, por su trabajo, “eran considerados como el brazo no armado de la subversión”. Ellos venían denunciando, cada vez con más fuerza, secuestros y asesinatos de líderes sociales y estudiantiles y otras graves acciones de agentes estatales y, según declaró Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) en 2012, “precisamente fueron esas denuncias las que motivaron a Carlos Castaño a ordenar y ejecutar las muertes”.

Bajo juramento, Don Berna explicó que Carlos y Fidel Castaño Gil “consideraban que el doctor Héctor Abad hacía parte de las estructuras de la guerrilla del Epl”. ¿Por qué pensaban eso?, le preguntaron los fiscales. Su respuesta, simplista, fue: “Hacía algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas se consideraban afectados”. Para los Castaño Gil, aseveró Don Berna, Héctor Abad Gómez le hacía “juego” al Ejército Popular de Liberación (Epl). Reportar atropellos y abusos de la Fuerza Pública, explicó el exjefe paramilitar, recluido entonces en Estados Unidos, fue lo que le costó la vida.

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“Bueno, lo que se buscaba era dar de baja a personas que tuvieran relación, vínculos con la guerrilla que operaban en ese tiempo en Antioquia, como era el caso de las Farc, el Eln, el Epl, que eran los más importantes”, le dijo Don Berna a la Fiscalía. Pero, ¿de dónde sacaron los Castaño Gil que Héctor Abad Gómez tenía que ver con la guerrilla? Don Berna contestó: “La mayoría de esta información la entregaba inteligencia militar, la relación de Fidel y Carlos con los militares era amplia (...) Fidel era un hombre bien radical y a él todo lo que le oliera a izquierda lo consideraba miembro de la guerrilla”.

Lo que vino antes

Reportar abusos de la Fuerza Pública, “oler” a izquierda. Esos fueron los cargos que algunos hallaron suficientes para sentenciar a un hombre valioso a muerte. O a tres. O a muchos más. En el caso de Abad Gómez y Betancur Taborda, “su concepción de salud como un tema social (...) fue catalogado como subversivo, pues afectaba los intereses de varios sectores, públicos y privados”. Leonardo Betancur Taborda, recordó la Fiscalía, participó en movimientos sociales de Medellín desde que era estudiante. Se unió a los campamentos universitarios que, con el apoyo del gobierno, formaba a campesinos.

Ya graduado, mientras ejercía como médico y docente, a Leonardo Betancur Taborda le allanaron dos veces su casa. En la primera diligencia, el Ejército dijo que tenía nexos con el Eln. En la segunda, con el EPL. Fue detenido, procesado por la justicia militar y, después de estar recluido en la cárcel de Bellavista un tiempo, salió libre y a denunciar públicamente las irregularidades que estelarizaban los guardias en el penal y las condiciones carcelarias en general. Era la época de Julio César Turbay, el Estatuto de Seguridad y la persecución feroz a la izquierda, sin importar qué tipo de izquierda fuera.

El profesor Luis Felipe Vélez, por su parte, vivió una experiencia similar. En 1986, un año y tres meses antes de su asesinato, protagonizó un fuerte encontronazo con la Brigada IV del Ejército, que lo detuvo por ser, presuntamente, miembro del EPL. Fue liberado a los pocos días, pero el comandante de la unidad militar, general Rafael Padilla, lo acusó desde el diario El Mundo de Medellín de ser parte del EPL. “Se tuvo que poner en libertad porque no se le pudo probar”, admitió el propio general, “pero de todas maneras nosotros sabemos que él tiene vínculos con el EPL”. Es decir, así, aun sin evidencia en mano, los militares “sabían”.

Vélez quedó preocupado con las palabras del general Padilla y se lo hizo saber al procurador general de la época, Carlos Mauro Hoyos, quien sería asesinado por el cartel de Medellín en enero de 1988: “Con el respeto que me merece el Señor General de la Cuarta Brigada, tengo que rechazar como absolutamente falsos los cargos que me ha hecho públicamente. Me parece que con eso el General (...) atenta alevemente contra el buen prestigio y la buena moral de un ciudadano”. La Fiscalía advierte que “desde ese momento las amenazas anónimas en su contra fueron frecuentes”.

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Héctor Abad Gómez, por su parte, “aparecía en una lista de personas señaladas por el Ejército Nacional como integrantes o simpatizantes de grupos subversivos” (ver facísimles). Al morir, en su chaqueta fue encontrado un documento hacía referencia a personas conocidas públicamente que habrían sido “sentenciadas por las FF.MM.”, como el maestro Eduardo Umaña Luna, quien ayudó a fundar la facultad de Sociología de la Nacional; el escritor Alberto Aguirre, “formador de calumniadores”; la periodista Patricia Lara, “agitadora”, y hasta Carlos Vives, “peligroso por simpatía popular”.

Sobre Abad Gómez, la lista decía: “Presidente del Comité de Derechos Humanos en Antioquia. ‘Médico auxiliar de guerrilleros , falso demócrata, peligroso por simpatía popular para elección de alcaldes de Medellín. Idiota útil del PPC-UP”. Una frase que mostraba que la preocupación, en el fondo, era que el médico Abad Gómez empezara a escalar en lo que algunos consideraban “el poder”. Por todo esto, concluye la Fiscalía, “la intervención de los agentes estatales se dio de forma directa respecto a las acciones previas e indirecta en cuanto a las acciones victimizantes finales, esto es las muertes de los líderes sociales”.

Con base en esta información, señala el organismo investigativo, los crímenes de Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez fueron declarados de lesa humanidad en 2014, aunque de poco ha servido. Se abrió investigación contra un paramilitar identificado como Móvil 5 en 2015 y nada más, pero el hombre murió en abril de 2018, antes de que su juicio culminara. “La investigación se encuentra en etapa indagación preliminar respecto de otros responsables”, asegura el ente investigativo. ¿Y quiénes son esos otros responsables? “Entre ellos algunos agentes del Estado”. ¿Quiénes? “(Están) por identificar”.

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