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Para el próximo 18 de febrero, entidades del Estado, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y organizaciones de la sociedad civil deberán entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una serie de informes, en los que esclarezcan y detallen los procedimientos que permitan que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos de reserva del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sean útiles para el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado.
Esta tarea fue designada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento, en la mesa técnica que convocó este miércoles en sus instalaciones, con el objetivo de verificar las condiciones de preservación y acceso de la documentación del DAS.
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Vale la pena recordar que estos documentos están bajo la custodia del Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras el allanamiento que realizó la Fiscalía en 2011, después de que el expresidente Juan Manuel Santos acabara con el DAS por los escándalos de interceptaciones y seguimientos ilegales a opositores, periodistas, magistrados y organizaciones de derechos humanos.
Tras las intervenciones de los participantes de la mesa, dentro de los cuales se encuentran la ANG, la DNI, la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, entre otros, los magistrados de la JEP lanzaron sus inquietudes sobre el manejo de los archivos, que hoy están bajo medidas cautelares para ser revisadas por esta jurisdicción.
Para el caso del Archivo General de la Nación, las incógnitas de los magistrados giraron en torno a cómo y cuánto tiempo costaría clasificar la documentación que, según la AGN, hoy no está organizada. También le preguntaron al director de la AGN si se ha contemplado la ayuda internacional para este trabajo y cómo será el traslado de la información que está almacenada en dispositivos hoy obsoletos, como el disquete.
A la DNI, la JEP le pidió explicar los criterios para la designación de los funcionarios que acompañan a quienes solicitan el acceso a los archivos y precisar si estos adelantan tareas de inteligencia en la institución. También cuestionó la posibilidad de que participe la sociedad civil en la depuración de la información, exigida en la ley de inteligencia 1621 de 2013.
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A ambas entidades se les pidió realizar un informe acerca de si existe o no un vacío legal sobre los procedimientos archivísticos. En caso de que sí existiese, también deberán explicarle a la JEP cómo debe llenarse. Esto surgió a raíz de las declaraciones de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, quienes advirtieron en la mesa técnica que, como el DAS ya está liquidado, no hay entidad doliente encargada del proceso archivístico de toda su información.
Pero quizás la entidad con más trabajo será la Fiscalía, a quien los togados le solicitaron una revisión sobre las investigaciones relacionadas con la destrucción de este tipo de archivos, además de la localización de archivos del DAS que hagan parte de investigaciones de otros procesos judiciales. Una tarea similar le endilgó a la Procuraduría, que ahora deberá ofrecer información más precisa sobre investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos por la destrucción de estos archivos.
Por último, a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad se les requirió crear los pilotos que permitan documentar el riesgo de destrucción y desaparición de los documentos del DAS. Finalmente, a las organizaciones de la sociedad civil les sugirió profundizar en su petición de declarar estos documentos como archivos de Derechos Humanos, lo que permitiría su acceso público.
Las peticiones de las organizaciones civiles
La Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fundación Ideas para la Paz y Dejusticia fueron las organizaciones que en nombre de la sociedad civil dieron sus propuestas en la mesa técnica, para que sea posible acceder a los archivos por ser uno de los derechos a los que tienen las víctimas del conflicto armado en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Entre las principales recomendaciones y solicitudes que tuvieron en común es que se suspenda la reserva que tiene estos archivos y se permita el acceso libre para su consulta. Hasta el momento, estos archivos guardan reserva total por tener información del Estado y de Gobierno, que sólo puede ser consultada para procesos judiciales.
Para Sebastián Escobar, miembro del Colectivo José Alvear Restrepo, no se puede oponer reserva a los archivos del Estado que documenten violaciones de los Derechos Humanos. Por esto, también propuso que estos archivos sean declarados como documentos de Derechos Humanos por la participación que el DAS tuvo en el conflicto armado, como las chuzadas a periodistas, magistrados y políticos o su participación en la conformación de grupos paramilitares en la década de los 80.
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Para la clasificación y organización de las 12.000 cajas que están en el Archivo General de la Nación, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), sugirió que esta labor la realice una entidad que tenga un carácter civil e independiente, como la Defensoría del Pueblo.
La exigencia de los voceros de las víctimas es que haya mayores garantías en la preservación de los documentos y que se detenga la incidencia que tienen de funcionarios de inteligencia con acceso a los mismos, para que no haya más riesgos de manipulación.
Dejusticia manifestó la posibilidad de realizar una prueba de daño durante el proceso de clasificación para evaluar las repercusiones o la importancia que tiene publicar su información. De igual manera, también sugirió hacer una revelación parcial de los archivos que tienen reserva completa e igualmente, darles las garantías a las personas mencionadas en estos archivos del derecho a rectificar lo mencionado allí.
Los informes pedidos por la JEP a las entidades encargadas de la custodia y consulta de los archivos, expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil son el primer paso de un trabajo conjunto que tardará seis meses, cuyo fin será verificar cómo están clasificados los archivos, documentar su nivel de conservación e identificar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos.