Debate jurídico sobre ley estatutaria de la JEP está cerrado: Patricia Linares

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, le insiste al presidente Duque sancionar la ley./ Gustavo Torrijos

Terminó una semana de duros debates jurídicos y políticos por la posibilidad que ha planteado el Gobierno de objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), por razones de conveniencia. El presidente Iván Duque ya dejó ver algunas de sus dudas. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al mandatario describiendo cuatro razones para objetarla. El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, alertó de los riesgos de hacerlo. A escasos 10 días de que se venza el plazo para que el presidente Duque tome una decisión al respecto, la presidenta de esta Jurisdicción, Patricia Linares, explica su posición.

¿Qué pasa si el presidente Duque objeta parcialmente la ley?

Comparto el estudio jurídico que hizo el procurador en su carta, en la que advierte sobre la inconstitucionalidad de hacer objeciones por conveniencia. Esta no es cualquier ley estatutaria, es una ley que deriva del fast track, que tiene un origen muy especial y concreto y que ha pasado por un examen reforzado de constitucionalidad. Aún no sabemos qué normas se objetarían, pero si el presidente acoge los argumentos del señor fiscal, estarían objetando normas que no están contenidas en esta ley estatutaria, sino en el Acto Legislativo 001. Si eso es así, estarían objetando la interpretación que de esas normas hace la Corte Constitucional, como guardiana del ordenamiento superior. Eso no debería pasar; se debe respetar la separación de poderes y la independencia de la rama Judicial.

¿Qué trámite seguiría?

En ese caso, la ley debe ir al Congreso, y las dos cámaras deben analizar las objeciones y resolver si las encuentran fundadas o no. Deben tomar una decisión por mayoría absoluta. Basta que una sola cámara las admita para que prospere. Si son objeciones por conveniencia, no tendrían que volver a la Corte. Si, por ejemplo, el Senado le da la razón al presidente, se debe ajustar el texto, se excluye la norma objetada y se devuelve al presidente para que la sancione.

¿Y el Congreso puede reescribir la norma?

No. No deben reescribir la norma. En principio, solo deberían excluirla. Si la reescriben sería un nuevo texto que obviamente no habría estudiado la Corte Constitucional. El problema es que lo expuesto hasta ahora no se refiere a artículos que estén consignados en este proyecto de ley estatutaria, estarían objetando normas que están en el acto legislativo. Si en ninguna cámara prosperan las objeciones, devuelven la ley al presidente de la República, que está obligado a sancionarla. Si no lo hace, debe sancionarla el presidente del Congreso.

Mientras se surte ese trámite, ¿qué pasará con la JEP?

La Jurisdicción viene funcionando desde el 15 de enero del año pasado, porque el acto legislativo establece que deberá funcionar sin que medie norma especial alguna. En cumplimiento de esa norma preparamos un proyecto de ley de procedimiento que se aprobó, con muchas dificultades. Yo soy optimista porque el presidente Iván Duque me dijo hace ocho días, en una conversación privada, que era consciente de la importancia de la ley estatutaria y yo le expresé que es muy importante para las víctimas, para los comparecientes, para la sociedad y para el Gobierno. Esa ley puede ayudar a dilucidar interrogantes y reservas que tienen el Gobierno y su partido. Contar con esa norma genera un espacio de tranquilidad muy grande.

¿La demora les causaría problemas?

Un argumento para reiterarle al señor presidente la importancia de que se sancione la norma es que, a medida que avanza la implementación, que de por sí es compleja, será más difícil no contar con esa norma. Igual se nos impone cumplir con nuestro mandato, porque en ningún caso un juez de la República puede denegar justicia argumentando que no tiene una norma especial. Ese juez, cualquiera que sea, debe acudir a la norma del derecho constitucional, del derecho penal internacional, a la norma que le corresponda. Así hemos venido funcionando para cumplir con el mandato.

Congresistas del partido de gobierno anuncian que seguirán presentando proyectos para hacerle cambios a la JEP.

En democracia siempre existen vías para modificar las normas, incluso la propia Constitución, y el escenario natural es el Congreso. Todo puede ser modificado, ajustado, incluso derogado. En el caso de esta ley estatutaria, podría sufrir modificaciones a futuro, pero el camino es otro, como lo propone el señor procurador.

¿Tramitar otra ley estatutaria?

En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Habría que recurrir a otra ley estatutaria. En derecho nada es pétreo, y para quienes quieran hacer reformas, ahí están todos los instrumentos del Estado de derecho. Pero hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional señaló que los contenidos del Acuerdo deben ser respetados por los próximos tres períodos presidenciales.

¿Cree usted que, como el partido de gobierno perdió la partida en los debates del Congreso, ahora quiere introducir cambios por otra vía?

Como jueces de la República no nos corresponde introducirnos en debates políticos. Esta situación es un debate político, porque muchos de los temas por los que plantean preocupación el partido de gobierno y el señor fiscal general son debates que ya se dieron en el Congreso y se pueden reabrir en el escenario político.

¿El escenario jurídico está cerrado?

La Corte Constitucional ya se pronunció sobre este tema.

¿Qué les responde a cerca de 300 personas que firmaron una carta desde La Picota pidiendo pista en la JEP?

La carta ha llegado dirigida al padre Francisco de Roux, a Luz Marina Monzón y a mí. La estamos estudiando, pero hago unas precisiones. Solo podrán someterse a la JEP aquellos que han pertenecido a grupos armados ilegales que hayan suscrito un Acuerdo de Paz con el Estado y, hasta el momento, esa condición solo la ha cumplido la guerrilla de las Farc. Los paramilitares fueron objeto de un modelo específico en Justicia y Paz. Los integrantes de las bacrim no tienen cabida aquí, porque este proceso fue concebido para cerrar un conflicto con un grupo que se llamaba Farc. El modelo está orientado a obtener verdad plena, reparación integral de las víctimas y contribución a la erradicación de las causas estructurales del conflicto. Pero la respuesta no es en blanco y negro, no se cierran todas las puertas. Se aspira a la verdad plena y esa verdad no se agota en miembros de las Farc. La Sección de Apelación ha establecido una serie de condicionamientos muy fuertes para admitir, eventualmente, a ciertas personas que adquieran el compromiso y establezcan un plan detallado de aporte a la verdad.

¿Es decir, podrían entrar algunos de ellos?

Para eso es el régimen de condicionalidad. Pero el ingreso a la Jurisdicción no sella la permanencia de la persona. Someterse implica adquirir compromisos exigentes que serán monitoreados y solo permanecen quienes cumplan esos compromisos de aporte a la verdad y reparación a las víctimas.

Es decir, ¿no basta con acusar a otros, como han anunciado algunas de estas personas?

Si una persona, después de someterse a un régimen de condicionalidad estricto, cuenta la misma verdad que le probaron con mucho esfuerzo los fiscales y jueces en la justicia ordinaria o es la misma que aportó en Justicia y Paz, pues no sirve. Debe haber un plus de verdad que justifique su ingreso y su permanencia.

¿Los miembros del Eln se pueden presentar como terceros?

Eso es otra cosa. Cualquier solicitud que llegue a la Jurisdicción será estudiada de manera minuciosa y se dará respuesta en derecho, como corresponde. El argumento de quienes firman la carta es que la verdad del conflicto no la tienen solo las Farc.

Este pretende ser un tribunal de cierre, ¿cómo entender que se cierra si no están todos?

Las condiciones de ingreso, sometimiento y permanencia están consagradas en la Constitución y la ley y deben ser interpretadas de acuerdo con las garantías que para las víctimas se señalan allí y en los instrumentos internacionales. No puede haber discrecionalidad en las condiciones de ingreso y permanencia.

¿Qué pasa con los miembros de las Farc que no fueron acreditados por ese grupo porque se desmovilizaron de manera individual?

La ley no agota la posibilidad de admisión a los listados entregados por las Farc. Un instrumento que pueden utilizar son las decisiones de carácter judicial en las cuales hayan sido identificados como miembros de las Farc. Ya se han venido tramitando casos, vean la página web. Esa problemática se viene estudiando. ¿Cómo le fue en el desayuno que tuvo el viernes con el procurador y la comunidad internacional? Hemos tenido una relación muy fluida, respetuosa y productiva con el procurador general de la Nación, que además de ser el garante del ordenamiento jurídico, de los derechos humanos y guardián de la institucionalidad, es un hombre comprometido con el proceso de paz, con la democracia. Eso nos ha permitido unir esfuerzos manteniendo la independencia de cada uno. Por ejemplo, el 15 de marzo iniciamos un ciclo de tres encuentros territoriales en los que vamos de la mano con el propósito de llevar la Jurisdicción al territorio. El 15 de marzo estaremos en Ibagué, convocando personas de Tolima, Huila y Caquetá, en mesas de trabajo, con el sector productivo, con las víctimas, con la academia. Estaban también los embajadores europeos que acompañan este proceso desde sus inicios y lo sienten como propio. Lo ven como una oportunidad, no solo para Colombia, sino para cientos de países que afrontan situaciones de conflicto.

Fue una conversación profunda, grata y productiva. ¿No se siente cansada con tantas peleas?

Para pelear se necesitan dos y yo no he peleado con nadie. Se trata de exponer argumentos, de seguir avanzando. Somos un tribunal de paz y no podemos acudir a un lenguaje bélico o pretender soluciones en el marco de controversias que traspasen el intercambio de argumentos racionales.

Se lo planteo de otra manera, ¿tanto ataque a la JEP no mina su fuerza personal y la de los magistrados?

Al contrario, nos ha cohesionado, hemos tomado más fuerza, hemos logrado atraer a muchos sectores que tenían inquietudes al comienzo y eso nos da ánimo. No estamos desesperanzados ni agotados.

¿Ha sentido presiones indebidas de parte del Gobierno?

Veo los debates jurídicos como lo que son. Los debates políticos los observamos con distancia.