Las críticas a los responsables del conflicto que ocupan cargos públicos

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Aunque es legal que los excombatientes estén en el Congreso y los militares sigan activos mientras se esclarecen las investigaciones en su contra, víctimas han pedido que se instaure una medida cautelar para suspenderlos de sus cargos.

Una de las solicitudes que han hecho víctimas y abogados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al menos en cinco ocasiones, es la de adoptar una medida cautelar en la que se ordene la suspensión provisional de miembros de las Fuerzas Militares de alto rango que están compareciendo ante estos tribunales y son investigados por posibles violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales.

Aunque por el momento la JEP no ha respondido a esta solicitud ni ha declarado sobre el tema públicamente, el abogado Sebastián Bojacá, de la Comisión Colombiana de Juristas y quien representa a varias víctimas en el caso 003 (mal llamados “falsos positivos”), comenta que aunque el tema de los ascensos militares es un asunto netamente político, “las garantías de no repetición de los crímenes cometidos en el conflicto se ven afectadas cuando hay militares activos y con investigaciones por violaciones de derechos humanos en curso”.

Pero la molestia no es únicamente contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Edward Ipuz, hijo de Edward Ipuz Rojas, secuestrado y desaparecido en 2003 en Huila por el extinto bloque Oriental de la guerrilla de las Farc, dice que, aunque ya conoce la versión de los excombatientes, tiene un descontento con que los responsables de la desaparición y asesinato de su padre estén en cargos públicos como el Congreso. “Las víctimas fuimos una excusa para que ellos (los excombatientes) manipularan el sistema y pudieran acceder al poder y buscar sus intereses personales y no los colectivos”.

Carlos Benavides, hijo de Luis Orlando Benavides Uribe, desaparecido y asesinado en septiembre de 2006 en el Guaviare por el mismo bloque de las extintas Farc, difiere de la opinión de Ipuz y asegura que aunque todavía llora la pérdida de su padre y le duele recordar lo que le hicieron, “sí prefiero que estén en el Congreso defendiendo sus ideas políticas a que sigan como guerrilleros, porque de eso se trató el Acuerdo de Paz”.

Aunque en el Acuerdo de Paz estaba contemplado que en el proceso de dejación de armas los excomandantes de las Farc podrían continuar dando el debate desde la política y en el caso de los militares su continuidad quedó definida en el Decreto 1790 del 2000, el ascenso de quienes tienen investigaciones en curso sigue siendo un tema controversial sobre el que ninguna entidad quiere pronunciarse.

El Espectador intentó comunicarse con la JEP para conocer por qué no han respondido a esta petición pero señalaron que no hablarían porque “es un tema eminentemente político”. La Defensoría Militar también se negó a dar declaraciones al respecto.

Sin embargo, Sebastián Moreno, representante legal de la organización Mil Víctimas que asesora a miembros de las Fuerzas Militares, dijo que “es legítimo que los miembros de la Fuerza Pública estén activos en sus servicios, conserven sus beneficios y logren sus ascensos porque los servidores públicos, militares o políticos, por lo general, siempre tendrán en curso algún tipo de investigación”. Además, explica que en el Acuerdo de Paz se busca tener equilibrio tanto como en los excombatientes de las Farc y militares, por lo que así como se permite que los miembros del Partido Farc participen en política, es legítimo y equivalente a que los militares continúen activos mientras avanzan sus investigaciones.

Sobre esto, el abogado Sebastián Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) mencionó que si bien la presunción de inocencia debe respetarse en todos los casos, “ya es un hecho extremadamente grave que hombres bajo el mando de alguien hayan cometido un gran número de ejecuciones extrajudiciales”.

Además, respondió que “no es lo mismo que un excombatiente esté en el Congreso haciendo política sin armas y en una función diferente que cuando pertenecía al grupo guerrillero, a que un militar de alto rango y con poder siga activo, armado, y en las mismas funciones que cuando cometió, ordenó o permitió las violaciones a los derechos humanos”.

Uno de los casos más sonados este año, revelado por Noticias Caracol, fue el de Luis Alberto Ocampo González, quien esperaba su ascenso de mayor a teniente coronel mientras comparecía ante la JEP por un caso de ejecuciones extrajudiciales que ya había confesado. “Si bien es cierto que el oficial se encontraba proyectado para ascender el día 7 de junio de 2020, se consideró necesario ejercer la facultad discrecional para su retiro, en atención a la información recibida, según la cual, el oficial habría aceptado cargos dentro de una de las investigaciones en su contra”, señala un comunicado del Ejército conocido por este diario.

Eyra Urquina Rojas, hermana de Éver Urquina Rojas, quien fue asesinado por el Ejército en enero del 2008, dice que las versiones que han dado las Fuerzas Armadas sobre su familiar son contradictorias y peligrosas: “Primero nos dijeron que había sido una baja de un combate entre el Ejército y las Farc, luego que había sido un enfrentamiento de grupos criminales”. Lo que más le preocupa sobre su caso es que aunque ya perdió la cuenta del número de audiencias a las que ha asistido, cuando ocurrió lo de su hermano el comandante del Batallón era el general Marcos Evangelista Pinto, un cuestionado militar que es investigado por 42 casos de “falsos positivos” en el Huila y Antioquia. “A los pocos días que sucedió lo de Éver a él (Pinto) lo trasladaron y se fue de Pitalito, cuando supimos la noticia de que había ascendido de cargo y con honores…y la cantidad de sangre que corrió por el Huila no fue poca. Entonces uno se siente impotente”, cuenta.

Uno de los casos más recientes sobre los que están indagando los abogados y en los que anunciaron que presentarán pronto un informe a la JEP para que llame a comparecer es sobre el actual comandante de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, que aunque no comparece en la justicia especial, ha ascendido en los últimos años y tiene 24 denuncias en su contra por ejecuciones extrajudiciales cuando comandaba el Batallón de Artillería número 4 de La Popa entre octubre del 2006 y enero del 2008.

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