‘El 95 % de los miembros del Ejército que estaba en las cárceles hoy está en libertad’: general Javier Ayala

El Jefe del Departamento Jurídico del Ejército asegura que esto se debe a los compromisos que los uniformados adquirieron con las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que les otorgó este beneficio. En medio de un seminario, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la JEP despejaron mitos y dudas a militares activos y en retiro.

Al seminario asistieron militares activos y retirados del Ejército y delegados del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Espectador

“Muchos tenemos miedo de que la JEP se convierta en una persecución por parte del Estado. ¿Para qué indagar, por ejemplo, en bombardeos de hace 20 años y que tenían que ver con nuestro trabajo? Era la guerra. No entendemos por qué revivir esto”. Estas palabras las mencionó un militar retirado en medio del Seminario de Actualización en Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, organizado por el Ejército Nacional hoy en la Pontificia Universidad Javeriana.

El objetivo del seminario era empezar a despajar dudas o mitos que, como el ejemplo anterior, rondan en las filas de los uniformados y las reuniones de los militares retirados. Un acercamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en las que hoy los militares tienen un papel central como victimarios y víctimas.

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Las cifras, dice el general Javier Ayala, jefe del departamento jurídico integral del Ejército, lo demuestran: hoy hay casi 2.200 militares comparecen ante la JEP. Pero eso no es lo único. De acuerdo con Ayala, “el 95% de los miembros que se encontraban en las cárceles militares hoy están en libertad condicionada, transitoria y anticipada”. Y agrega: "Desde soldados hasta generales". No en vano hoy asistieron al evento altos rangos que están sometidos a la justicia transicional, como el general (r) Rito Alejo del Río, condenado por asesinatos y masacres, en desarrollo de la llamada operación Génesis, que el Ejército desplegó en la región del Atrato.

Por eso, insiste, es tan importante hacer pedagogía: “Sabemos que hay muchos de nuestros hombres que están en la JEP y hay que brindarles la pedagogía suficiente para que ellos, en su ejercicio de verdad plena, se puedan defender o aportar a las víctimas si estuvieron involucrados en violaciones de derechos humanos”. 

Sin embargo, de parte de las víctimas aún hay recelo. En el caso 003 de la JEP, sobre los mal llamados falsos positivos, las madres de los jóvenes asesinados y presentados como bajas en combates han asegurado que no se sienten satisfechas con la verdad que hasta ahora han escuchado de la fuerza pública y exigen más compromiso para adquirir beneficios.  

Camilo Suárez, magistrado de la JEP, asegura que las organizaciones de víctimas pueden estar seguras de que la magistratura va a priorizar todos los casos que se hayan cometido en el marco del conflicto, “pero no es un proceso fácil, pues demanda tiempo porque necesitan procesos de contrastación, de recuperación de información y de análisis”. Y se espera que en todos esos procesos la participación de las víctimas sea activa.

Lo cierto es que en este primer paso de construcción de los casos, para el togado, se necesita tejer confianza con quienes decidieron someterse o tienen intenciones de hacerlo. Ante la pregunta de por qué hay tanto temor de las fuerzas militares, Suárez responde que se debe a la tradición penal colombiana: “Históricamente, nosotros hemos investigado los delitos con un modelo de justicia ordinaria, que es fuerte y rígido, lógico en ese modelo que persigue y que la pena tiene vocación retributiva, que hay detenciones preventivas y penas de 60 años. Y se tiende a pensar que esto se replica. Pero venimos aquí para explicar que es distinto y que la responsabilidad se reconoce, se expresa y se decide, pero se repara el daño”. 

Eso sí, el magistrado reitera que no se trata de un espacio de impunidad y que si bien los militares son aceptados porque sus delitos tienen relación con el conflicto armado, los beneficios que reciban, como la libertad, están condicionados a su aporte de verdad y compromiso con dignficar a las víctimas, a quienes les causaron daño. Si no cumplen, pueden perderlos.

Otra de las preocupaciones de los militares que se rumora frecuentemente es que los magistrados de la JEP desconozcan el oficio militar. Ante este mito, Suárez explica que todos los jueces que fueron seleccionados por el Comité de Escogencia saben de derecho penal, de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y están capacitados para juzgar cualquier caso.

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“Yo diría que la JEP tiene un valor importante: no hay decisiones unipersonales. Todo es colegiado. Las salas están integradas de manera que se integren distintos saberes, ciencias, que permiten articular el pensamiento y tomar la decisión más acertada. También hay una segunda instancia, la Sección de Apelación. Y hay una figura única en este modelo: la movilidad. Esta permite que, por cargas laborales, los magistrados podamos movernos a otras salas, de acuerdo también con nuestros conocimientos”, agrega.

El general Ayala no reconoce que existan barreras y, por el contrario, dice que la fuerza pública ya ha colaborado con las entidades y está trabajando de la mano con la academia para entregar los informes a la Comisión de la Verdad sobre lo que ocurrió en la guerra, según su experiencia.

Quizá en el tema en el que van más atrasados los militares con el Sistema Integral es con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Por eso su directora, Luz Marina Monzón, agradece este tipo de espacios para aclarar hasta el cansancio que su entidad tiene un carácter humanitario y la información que recolecte no puede tenerse en cuenta como una prueba para los procesos judiciales que se adelanten en la JEP.

Monzón considera que los militares son actores fundamentales en la tarea de su entidad en varios niveles: “Por un lado, han estado al frente de este conflicto y conocen el territorio. Saben cuáles han sido sus dinámicas y el tránsito de los actores en los lugares. Eso será importante conocerlo cuando ya estemos buscando a las personas. Pero también son actores que están involucrados en la desaparición. Deben dar una rendición de cuentas en esta transición que se planteó con el Acuerdo de Paz”.

Pero hay varios retos en esta relación, entre ellos, la recolección de la información. Los uniformados tienen dudas de cómo entregar la documentación que tienen, pues siendo funcionarios públicos están en la obligación de denunciar su conocimiento sobre delitos. “Ahí debemos acordar una manera para que la Unidad pueda recoger esos datos y encontrar rutas a través de las cuales podamos tener acceso a información que sea clave y oportuna para la búsqueda”, afirma la directora. 

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Aunque este año la relación entre la fuerza pública y la Unidad de Búsqueda se había resquebrajado, Monzón cuenta que desde hace dos meses volvieron a consolidar mesas de trabajo con el Ministerio de Defensa para dialogar sobre los protocolos; acordar el acceso a la documentación tanto de expedientes de la Justicia Penal Militar como tablas de personal, y empezar con procesos de pedagogía para que los uniformados conozcan la labor de la entidad. 

En el seminario quedó claro que la búsqueda no sólo será de personas que desaparecieron los miembros de las fuerzas armadas, sino también de uniformados víctimas de este flagelo y de quienes se desconoce su paradero. Y este último punto no es un asunto menor. La Unidad también está trabajando con los familiares de estas personas que, de acuerdo con Monzón, manifiestan no creer en el Acuerdo de Paz.

“También hay cierto recelo por parte de las familias de los desaparecidos de la fuerza pública, porque ellos no están de acuerdo con el acuerdo, no creen en el sistema integral, pero están buscando a sus seres queridos. Como todo familiar que busca a los desaparecidos, no dejan de intentar varias herramientas e instituciones y participan. Aún con todo eso han aportado y contribuido. Y nos hicieron saber que sienten que no hay espacios para ellos y ellas para hablar sobre sus necesidades. La frase de algunos familiares fue: me alegra que esta institución nos abra un espacio. Ni más ni menos que los otros, sino igual”, dice la funcionaria.

Monzón cree, al igual que el magistrado Suárez, que lo más importante ahora es tejer confianza entre las nuevas entidades y los militares. Y eso solo es posible si se les garantiza una seguridad jurídica por parte de la JEP, pero también una confidencialidad por parte de la Unidad de Búsqueda y de la Comisión de la Verdad, que nunca ha sido vista por la institucionalidad colombiana. Lo importante es conocer la verdad y garantizarle los derechos que las víctimas han reclamado durante décadas.

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