:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/dN0mp8-1V4YdqUm2it92TC0t5zY=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/HM5NEP7RC5GSLG2GR7MNRWLXLY.jpg)
"Escogimos este día para presentar este informe sobre la tragedia que hemos tenido que afrontar los pueblos indígenas", eso dijo el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Se refería a la entrega del primer informe sobre las afectaciones individuales y colectivas a pueblos indígenas que llega a manos de la justicia transicional en el marco del capítulo étnico para el esclarecimiento del conflicto armado.
Este informe consta de seis partes: un documento de caracterización de los pueblos indígenas; el Sistema de Información de las afectaciones individuales y colectivas a los Pueblos Indígenas de Colombia desde 1958 hasta 2017; los 38 planes de salvaguarda de los pueblos indígenas declarados en vía de extinción física y cultural; las 19 medidas cautelares y dos provisionales del Sistema Interamericano de DD.HH. otorgadas desde 1996; informes de DD.HH. y de extinción de los pueblos ancestrales.
Sobre esto, la consejera de los Derechos de los pueblos indígenas, Aída Quilcué, señaló que esta es una entrega simbólica "de los distintos hechos victimizantes que han afectado a los pueblos indígenas" individual y colectivamente, así como a su territorio.
También lea: Onic entregará primer informe a JEP sobre victimización de pueblos indígenas
Esto, en cifras de la ONIC, se traduce en 231.144 hechos victimizantes entre 1926 y 2017 contra estas comunidades; 219.501 desplazamientos; 2.954 líderes asesinados; 1.884 acciones bélicas que atentaron contra el bienestar de los territorios y 123 masacres.
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz hizo énfasis en la importancia de la justicia restaurativa. "Si alguien sabe y ha aplicado la justicia restaurativa, esos son los pueblos indígenas", dijo la presidenta sobre el reto que tiene esta justicia para entregar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y pervivencia a los pueblos indígenas.
Esta justicia tiene que ver con la Jurisdicción Especial Indígena, que se rige por el principio de armonía y restauración con el territorio, así como la necesidad de honrar la palabra y la verdad. Esto "reta y desafía esta magistratura, porque debemos ir a los territorios", dijo la magistrada Indígena del pueblo arhuaco Belkis Florentina Izquierdo.
Así entonces, los pueblos indígenas de Colombia entregaron no solo el informe, sino también fotografías que hablan de la vida en cada pueblo y que intentan honrar y resaltar el derecho a la vida y a la pervivencia de sus saberes y sus culturas.
Esto se dio después del ritual de armonización que se llevó a cabo al iniciar el evento. Este estuvo a cargo del mayor Rosendo Ahué, del pueblo ticuna. "Debemos armonizar el territorio colombiano y todas las familias que han sufrido, pero también los corazones y pensamientos de los que representan el poder. Para que ellos entiendan nuestras exigencias y reclamaciones", dijo el mayor.
"Los pueblos étnicos han sufrido un abandono histórico que ha facilitado el desarrollo del conflicto en nuestro territorio, la JEP es consciente de eso", enfatizó la magistrada Izquierdo. Lo que la JEP debe develar es cómo, por qué y quienes han estado detrás de la criminalidad que ha afectado a los pueblos indígenas, así como las circunstancias en que se cometieron. Con esta entrega se activan las funciones y la capacidad de investigación de la JEP, que posteriormente deberá recibir las versiones de los comparecientes. También tendrá que articularse con las otras dos partes del sistema, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.