El Copey (Cesar): denuncian que el alcalde desacató órdenes de la JEP

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La Comisión Colombiana de Juristas asegura que Francisco Manuel Meza estaría en cabeza de una serie de cambios en un terreno del cementerio alterno de este municipio, en el que habrían más de 100 víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto y fue protegido por este tribunal el año pasado.

El año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió decretar medidas cautelares sobre un terreno colindante al cementerio municipal de El Copey (Cesar), con el fin de proteger al menos 100 víctimas del conflicto armado que estarían inhumadas allí. La decisión se tomó después de que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denunciara que se estaban adelantando trabajos por parte de la Alcaldía de El Copey, para abrir espacio a quienes murieran por la pandemia del COVID-19, que podrían entorpecer la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Hoy, seis meses después, la CCJ vuelve a hacer un llamado, pues de nuevo aparecieron máquinas en el terreno, cuando debería estar cercado tras la decisión de la JEP. Los abogados defensores de las víctimas denunciaron que el alcalde Francisco Manuel Meza está encabezando una serie de obras que irían en contravía de las medidas cautelares.

Pero esto no es lo único. A pesar de que el 25 de agosto de 2020, el alcalde Meza debía entregarle a la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) información precisa acerca del estado del cementerio alterno y las medidas adoptadas dentro de su administración en el terreno, no lo hizo.

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La JEP también le ordenó provisionalmente la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de cuerpos que estén en el camposanto y ordenó, en un término de 15 días hábiles improrrogables, garantizar la conservación y custodia de los cuerpos que reposaban en dicho cementerio. En respuesta, Meza ha manifestado públicamente su desacuerdo con las decisiones y por medios de comunicación ha manifestado que no acatará lo dictado por la jurisdicción.

Y así fue. A finales de 2020, el panorama era incierto y no había muestras de que el mandatario estuviera cumpliendo lo requerido por la JEP. De hecho, pobladores locales le dijeron al grupo de juristas que en la entrada del cementerio se ve, desde ese entonces, el ingreso y salida de material de construcción, que denotarían que allí se ejecutan construcciones a diario.

Según explicó la CCJ, “es de conocimiento público que la construcción del cementerio es una de las grandes propuestas con las cuales la actual alcaldía del Copey buscó la elección, razón por la cual la actual alcaldía tiene un interés particular en la construcción de las bóvedas en el predio determinado como cementerio alterno del Copey”.

En una carta a la Sala de Reconocimiento, la CCJ le pidió a la JEP que le imponga una sanción al alcalde y que lo obligue, públicamente, a decir cuáles serán las medidas que tendrá la Alcaldía, la Gobernación y la Policía para la protección del predio. Asimismo, le piden que ordene a la Alcaldía la implementación de un mejor protocolo técnico para el manejo adecuado de los cuerpos de los desaparecidos.

Particularmente, están pidiendo protección especial con estas medidas para los cuerpos de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, ubicados en el cementerio alterno desde enero de 2008. Los tres fueron víctimas de los mal llamados “falsos positivos”. Miembros del Batallón de Artillería Nº2 La Popa. los presentaron ilegítimamente como bajas en combate. Óscar es la única víctima que no se ha logrado recuperar y, desde hace 12 años, reclama la asociación de Madres Falsos Positivos de Colombia (Mafapo).

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Cabe recordar que en 2018, la Fiscalía 90 de la Dirección especializada de la unidad de Derechos Humanos, ubicada en Bucaramanga, ordenó las prospecciones y exhumaciones en el terreno, donde evidentemente se denotaba la intervención de terceros en el predio. Aunque se recuperar algunos cuerpos, en noviembre de 2019 los exámenes de genética determinaron que no pertenecían a los jóvenes. A pesar de esto, sus familias insisten en que están allí y sólo esperan que estos arreglos no es arrebaten la oportunidad de encontrar a sus seres queridos.

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