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El sargento viceprimero del Ejército, Gustavo Ducuara López, sigue preso en una cárcel común, pese a que se sometió a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Fue condenado por realizar un falso allanamiento en una finca para buscar una guaca del narco Gonzalo Rodríguez Gacha y para este tribunal de paz eso no tiene nada que ver con el conflicto armado. Por eso, a diferencia de los cerca de 1500 militares procesados en la justicia ordinaria que han quedado en libertad en el marco de la aplicación de este sistema, él sigue detenido.
La guaca
El 30 de abril de 2010, hacia las 6:30 a.m., un grupo de hombres y mujeres, algunos integrantes del Ejército, la Policía y el CTI, entre ellos, el sargento Ducuara, llegaron a la finca Veraguas, en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Iban detrás de una guaca oculta del fallecido narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha o El Mejicano, uno de los mafiosos más sanguinarios de los años 80 en Colombia.
Entraron a la finca, revolcaron los muebles y enseres, mostraron sus credenciales y justificaron la retención e interrogatorio de los moradores y vecinos.
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Ante las llamadas de auxilio de la comunidad, agentes de la Policía se presentaron en el inmueble tres horas después, y al descubrir que se trataba de un falso allanamiento capturaron en flagrancia a Javier Alberto Carreño, un mayor del Ejército; al sargento Ducuara; a Edwin Alexander Espinosa, capitán de la Policía; y a Andrés Fernando Noval, patrullero de la Policía.
El juicio avanzó y fueron condenados por secuestro simple en primera y segunda instancia. Por esa razón, el sargento Ducuara está preso en la cárcel de Ibagué, Tolima.
Privado de su libertad, a Ducuara lo informaron de otro caso, aún más delicado. Una investigación del CTI lo acusó de ser “El Chiguiro” y de prestar su colaboración para que los paramilitares identificaran a una de sus víctimas, que asesinaron y desaparecieron forzadamente.
Se trató de Ricardo Conde Alarcón, de 32 años. El 9 de septiembre de 2001, sobre las 6:30 a.m., un grupo de paramilitares uniformados y armados entraron al municipio de Dolores, Tolima. Dijeron que eran del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Momentos después, obligaron a los habitantes, entre ellos a la alcaldesa y al párroco, a que se reunieran en la plaza central. Registraron las casas y sacaron a la fuerza a Conde Alarcón y a cuatro jóvenes más, bajo el argumento de que eran colaboradores de la guerrilla de las Farc.
Pasaron nueve años y el 24 de abril de 2010 un desmovilizado de las AUC dio información para encontrar los restos mortales de Conde Alarcón, en la vereda El Charco, de Natagaima, Tolima. Fue allí cuando empezó la investigación que vinculó al sargento Ducuara y por la que lo condenaron en febrero de 2018. La decisión fue apelada. Pero hace un año, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, a través de un auto, dijo que la Jurisdicción Especial de Paz era competente para tramitar la libertad del sargento.
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El mismo Ducuara se sometió a la JEP, el 14 de marzo de 2018, suscribió acta de compromiso y pidió ser beneficiado con la libertad condicionada. Pero la JEP negó su pretensión y le dijo que la condena que tenía por el falso allanamiento en busca de una guaca de un narco nada tenía que ver con el conflicto armado. Se trataron de crímenes de “delincuencia común organizada”.
Y frente al otro caso, la JEP consideró que “no ha estado privado de su libertad por cuenta de este proceso ni ha descontado el tiempo requerido por la Ley 1820 de 2016 para que le sea concedido el beneficio de libertad solicitado, ni su detención en una unidad militar.
La defensa apeló la decisión y argumentó que claro que la búsqueda de la guaca estaba relacionada con el conflicto armado porque fue una orden que le dieron sus superiores y que no estaba buscando su provecho económico sino acatando una instrucción. En el otro proceso de Dolores, Tolima, dijo que no era su culpa que no le hubieran dictado medida de aseguramiento y que ya cumpliría los cinco años desde la condena que se requieren para solicitar ante la JEP este beneficio de libertad condicionada. También pidió que mientras avanza el caso lo envíen a una guarnición militar.
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Nada de esto fue suficiente, porque la Sección de Apelación del Tribunal de Paz ratificó la resolución de la JEP y aseguró que debe seguir en una cárcel común. Sobre el falso allanamiento en busca de la guaca, aseguró que el proceso de la justicia ordinaria probó que existió un plan criminal dirigido a obtener provecho económico personal y confirmó que este caso no guarda ninguna relación con el conflicto armado.
El artículo 23 del acto legislativo 01 de 2017, que le dio vida jurídica al acuerdo de paz, es claro en decir que para obtener los beneficios de excarcelación previstos en la JEP el delito debe tener relación con el conflicto armado. Y debe comprombarse que el conflicto armado influyó en el autor, partícipe o encubridor del delito.
Situación que no se cumple en este caso, porque en la época de los hechos, dice la Sección, no se presentaron combates ni hechos de control armado en la zona. Lo que reafirma la motivación económica que tenía Ducuara y los demás por la guaca. Por esta razón, el sargento Ducuara seguirá detenido como un delincuente común, mientras avanza su contribución en la JEP.