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El general en retiro Mario Montoya Uribe, señalado de ser el responsable en casos de ejecuciones extrajudiciales, seguirá compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo confirmó la Sección de Apelación de este tribunal, a través del Auto 131 de 2019, después de que representantes de víctimas se mostraran en contra de que el alto oficial se sometiera ante la justicia transicional. Ellos alegaban que se vulneraban los derechos de sus apoderadas.
La sección, además, decidió trasladar el sometimiento y expediente del general Montoya a la Sala de Reconocimiento para que avance en el caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamados falsos positivos, y continúe con el reconocimiento de víctimas dentro del mismo.
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Los representantes de víctimas Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Sebastián Felipe Escobar Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Germán Romero Sánchez, de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, habían presentado recursos de apelación contra dos resoluciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (la 001668 y 001678) del 17 de octubre de 2018, que rechazaron el recurso de nulidad del acta de sometimiento del militar y el traslado de su proceso a la Sala de Reconocimiento .
Para entender esta decisión, es necesario retroceder a septiembre del año pasado, cuando se realizó la audiencia de sometimiento del general Montoya a la JEP. En ese entonces, el excomandante del Ejército no reconoció a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha y Bogotá. A pesar de esto, la Sala de Definiciones Jurídicas aceptó el sometimiento del militar y pidió el traslado de su proceso al caso 003. Como rechazo a esta postura, varios representantes de las víctimas decidieron abandonar la audiencia e interponer un recurso de nulidad a dichas resoluciones.
Pedro Elías Díaz, presidente de la Sala de Definiciones Jurídicas, insistió en ese momento que “la etapa en la que (Montoya) hace sometimiento a la JEP es apenas previa en la que no se discute el contenido y alcance de las presuntas conductas e investigaciones o procesos en los que ha sido investigado ni se agota la participación de las víctimas”.Sin embargo, los abogados insistieron en la violación de los derechos de las víctimas, pues no eran reconocidas por su victimario, y le pidieron a la Sección de Apelación que revisara las resoluciones.
Ahora los magistrados de la Sección apoyaron las decisiones de la Sala de Definiciones Jurídicas y negaron, entonces, todas las peticiones de los abogados, argumentando que la intervención de las víctimas en la JEP es proporcional.
Además, recordaron, tal y como lo ha establecido la Corte Constitucional, que la actuación masiva de las víctimas podría obstruir el funcionamiento de una jurisdicción que apenas tiene 10 años para funcionar. De este modo, respecto al sometimiento del general en retiro Mario Montoya, la participación de las víctimas "debe comenzar, pero no agotarse", dijo la Sección. Esto quiere decir que el reconocimiento de las víctimas continuará en la JEP en otras etapas.
"El acto de sometimiento a la JE, a su juicio, desde el punto de vista de su validez, no se sujeta a la citación y comparecencia de todas las víctimas. Este no es un requisito que corresponda a una exigencia legal", reza el auto.
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Al ser rechazadas las pretensiones, para los magistrados tampoco tendría sentido cuestionar el traslado del caso a la Sala de Reconocimiento ni revocar la remisión del expediente donde reposan algunas investigaciones de la justicia ordinaria por violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH presuntamente comeditas por el general (r) Montoya Uribe.
Es importante aclarar que, para llamar a comparecer a Montoya Uribe, la JEP tuvo en cuenta las denuncias de ejecuciones extrajudiciales del caso 003 y otros hechos, como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Tras esta actuación, en la que participaron uniformados de la IV Brigada, se denunciaron homicidios, desapariciones forzadas y heridos. En ese momento el general en retiro fungía como comandante de esa unidad militar.