“Estamos siendo excluidos de la construcción de paz”: exjefes paramilitares

Edwar Cobos, “Diego Vecino”, y Luis Eduardo Cifuentes, el “Águila”, aseguran que los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) deberían ser parte de la JEP y confiesan que quisieran hacer política tras cumplir con sus condenas.

Edwar Cobos, conocido como “Diego Vecino”, y Luis Eduardo Cifuentes, o el “Águila”, exjefes de las Auc. / Óscar PérezÓscar Pérez

Llegan a tiempo, de vestido de paño. Son altos y de rostro intimidante. Saludan y aprietan con fuerza la mano. A los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Edwar Cobos, conocido en la guerra como Diego Vecino, y Luis Eduardo Cifuentes, o el Águila, no se les ven las secuelas de la guerra. No tienen a la vista cicatrices o piernas o brazos mutilados, como cientos de excombatientes y víctimas del conflicto armado. Pero rápidamente advierten que las secuelas las llevan dentro y que han sido bien merecidas.

El primero estuvo a cargo del bloque de Montes de María. El segundo fue jefe en Cundinamarca. Han pagado nueve y 11 años de cárcel, respectivamente. Masacres, homicidios, desplazamientos y desapariciones hacen parte de la larga lista de delitos que cometieron, que afectaron a 211.000 víctimas y que saldaron gracias a Justicia y Paz, el modelo de justicia transicional que ideó el Gobierno para la desmovilización de las Auc, aunque continúen en diligencias judiciales.

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Dicen que no volverán a usar un camuflado ni a empuñar un arma. Aseguran que su proceso de paz, sobre todo su aporte a la verdad, fue exitoso aunque la ciudadanía conoce solo una pequeña parte. También insisten en que Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberían buscar una misma salida para darles cierre al conflicto armado y a la impunidad. De lo contrario, advierten, la violencia tenderá a reciclarse.

¿Por qué creen conveniente que se unifiquen Justicia y Paz y la JEP?

Luis Eduardo Cifuentes: Es que se trata de un desgaste de personas e incluso financiero.

Edwar Cobos: Si usted mira la JEP, se da cuenta de que no es nada más que la Ley de Justicia y Paz mejorada. Hasta las penas con cárcel se parecen: de cinco a ocho años. Lo que sorprende es que si Patricia Linares, presidenta de la JEP, dice que ese es el tribunal para decir la verdad, ¿por qué no ha permitido que personas que tienen gran parte de la verdad lleguen allá? Veo que llegó el señor Carlos Mario Jiménez (Macaco) y pidió estar ahí. También lo manifestó Salvatore Mancuso. Y lo único que se encuentran son portazos. Hay una gran contrariedad: estamos en un país que habla de paz todos los días, pero estamos siendo excluidos en esa construcción de paz. La justicia puede ser diferenciadora, pero no excluyente. Es que ese ha sido el problema del país: la exclusión. Eso lo discutimos incluso con exjefes guerrilleros, en una reunión a la que asistimos Iván Márquez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Freddy Rendón, Iván Roberto Duque y yo.

¿Qué pasó en ese encuentro?

E.C.: Concluimos que las guerrillas nacieron por la exclusión nacida a partir del poder de dos partidos políticos tradicionales que no aceptaban a quienes pensaban distinto. Pero a partir de eso les preguntamos: ¿ustedes no creen que el proceso de La Habana está siendo excluyente sin uno de los actores armados del conflicto?

Pero ustedes tuvieron su acuerdo. ¿Cree que negociaron mal con el Gobierno?

E.C.: Indudablemente, la negociación de La Habana, si la comparamos con la nuestra, fue mejor, años luz, porque tuvo toda la estructura política y constitucional que se necesitaba. Nuestro proceso de paz se dejó llevar por varios factores. Uno, la confianza en un Estado. Pensamos que iba a cumplir la palabra honrada. En un Estado representado por un Gobierno que considerábamos en su momento defensor del proceso. Y otro factor fueron las pugnas internas dentro de la organización. A los seres humanos nos pasa lo de santo Tomás: hasta no ver, no creer. A la gente lo que le gusta ver es al tipo entregando el fusil. Y claro, eso hay que hacerlo: el desmonte y el desarme. Pero ese afán dañó todo.

¿Por qué insiste en que las Auc entren a la JEP?

E.C.: En La Habana no fuimos tenidos en cuenta. No quieren que recuperemos nuestros derechos civiles y políticos plenos. El éxito de todo proceso de paz es la reintegración plena del individuo que se desmoviliza. Es sacarlo de las trincheras de las montañas y llevarlo al seno de su familia, con derechos plenos. Y esa ha sido la gran falencia de los procesos de paz en el país. Hombres que tienen más puntería que cultura, que aprendieron primero a empuñar un arma que a escribir su nombre en un papel. A ellos hay que saberlos llevar para que entiendan que su modo de vida no es con un fusil al hombro, sino dentro del aparato productivo legal, siendo productivos y personas cumplidoras de los deberes y merecedoras de los derechos. Por otro lado, hoy uno ve al expresidente Santos defendiendo su proceso. Y eso es legítimo y loable. En el nuestro, mataron al tigre y se asustaron con el cuero. Empezaron a judicializar y la gente se lavó las manos. Terminamos solos.

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Pero ¿no cree que la JEP colapsaría como colapsó Justicia y Paz por la cantidad de procesos?

L.E.C.: Por eso son tan necesarias la macrosentencias que ayuden a esclarecer los fenómenos y los hechos más relevantes. Y no solo para la organización de las Farc, sino que eso también se articule con Justicia y Paz, y la salida sea una sola. Además, cabe recordar que más de 2.000 exmiembros de las Auc cumplimos con nuestra ruta en Justicia y Paz. Esto sería sobre todo para quienes siguen o no pudieron entrar o beneficiarse con las leyes de transición, como la 1424, que a cambio de verdad podrían tener libertad condicionada si no cometieron delitos graves.

¿Qué piensa de la posibilidad de una reintegración sin cárcel?

E.C.: Nosotros enviamos una carta al presidente Juan Manuel Santos para decirle que la cárcel no es la solución, cuando se abrió el debate. Mi conclusión hoy es la misma. El sistema penitenciario en el país no es resocializador. Al contrario: es un sistema para perfeccionar el crimen. Los procesos de paz no deben acabar en la cárcel. Creemos que la negociación estuvo bien. En la ejecución tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, ¿por qué uno de los puestos de las Farc en el Congreso no se lo dieron a una víctima? ¿Por qué están en el Congreso sin haber pasado por la justicia transicional? Estoy de acuerdo con la opción, pero no en que estén ahí sin antes haberles dicho la verdad a las víctimas, después del daño que hicieron, como nosotros.

¿Por qué? ¿Están interesados en hacer política?

E.C.: Sí. Es necesario que quienes pensamos y tenemos un modelo de país diferente al de otros tengamos esa opción. Si tanto daño hicimos y si tanto odio y ampollas levantamos, entonces permítanme que haga el ridículo y que solo mi mamá vote por mí. Mi pregunta es cuál es el temor de que lo hagamos. Hemos pagado cárcel. El que menos ha estado privado de la libertad ha durado nueve años. Hay algunos que llevan 13 y ahí siguen. Hemos cumplido con la verdad, la justicia y la reparación.

L.E.C.: Yo no quiero. Pero si los demás quieren, ojalá se les dé la oportunidad.

Hablemos del rearme de los grupos paramilitares. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se reorganizaron?

E.C.: Hemos cargado el pianito de esos grupos ilegales. Águilas Negras, luego los Gaitanistas. La gente no sabe que las primeras víctimas de las famosas bacrim o del rearme hemos sido nosotros, los que hemos cumplido con el proceso. Han atentado contra nuestras familias. A Cuco Vanoy le mataron a su hermano y a su hijo mayor. En las regiones en las que estábamos llegaron pisando fuerte, diciendo: “Aquí ya no mandan Diego Vecino, el Águila, Julián Bolívar, el Alemán, sino nosotros”, y luego sacan a relucir que estaban en las filas, que eran amigos. A los reinsertados que volvieron a las regiones les tocó irse, porque los llamaban y si no querían ir a las armas, los mataban.

Es un hecho que hay exauc en esos grupos…

L.E.C.: Sí, los Úsugas fueron miembros. Pero son personas ajenas hoy. No hay hilo conductor. El único es que se reciclaron en el conflicto. Nosotros le dijimos al Gobierno, en medio de nuestro proceso de paz, que era de cuidado que esos rasos estuvieran al garete. Lo que está sucediendo afuera es peor: es una degradación más grande del conflicto. No hay norte político claro. Nosotros, a pesar de que no nacimos como una política de Estado, sí nos aliamos con él. Hubo connivencia. ¿Por qué? Teníamos un enemigo en común. Las disidencias no piensan así. Esas bacrim no creen en el Estado.

Una de las defensas de la JEP sobre su modelo es que no se quiere cometer los mismos errores. Por ejemplo, advierte que no se contó toda la verdad.

E.C.: Pero pasó lo contrario: colapsó Justicia y Paz con 2.893 postulados confesando verdades, porque no pensaron que hubiera tanta información. Voy a hablarle de los avances con la priorización de los casos: solo entre 2013 y 2016 se imputaron 82.563 hechos y se reconocieron 211.233 víctimas. También hubo 2.510 audiencias y 913 jornadas de atención, en las que se atendió a 170.449 víctimas. Se entregaron 6.871 bienes. Se hallaron 5.314 fosas y 8.660 cadáveres. Se confesaron 40.161 homicidios, 2.574 reclutamientos ilícitos, 7.020 desapariciones forzadas y 17.914 desplazamientos. Me avergüenzan estas cifras. Pero las menciono para contar qué hemos hecho. Muchos de estos procesos ni siquiera estaban abiertos en la justicia ordinaria. Y los que sí, hubieran tardado años en esclarecerlos.

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El problema es que no ha habido sentencias...

L.E.C.: Usted tiene que entender que nosotros debemos responder por nuestra parte. Ahora le tocan a la justicia las sentencias. No es posible que a partir de nuestras versiones libres haya 15.591 compulsas de copias, de las cuales 1.298 son contra políticos y 1.212 contra militares. El problema no es que no se diga, sino lo que pasa después. Vale preguntarle a la Corte Suprema de Justicia qué ha pasado con eso. Hasta ahora solo se ha condenado a 140 políticos. Hay verdad, pero no consecuencias. Y esa impunidad recicla la violencia.

Uno escucha a los que están extraditados y próximos a llegar a Colombia decir que ellos contarán más verdades que no se han dicho en Justicia y Paz. ¿Es cierto?

E.C.: Justicia y Paz tiene un alto porcentaje de lo sucedido en Colombia. Lo que hace falta no es que no se haya dicho, sino que por esas compulsas de copias judicialicen, tengan un efecto. Aunque no vamos a desconocer que ya ha habido resultados. Miremos el caso de Sucre: han condenado a dos exgobernadores y a dos exalcaldes de Sincelejo. También en los municipios: en San Onofre, dos; en Tolú, dos; en San Antonio de Palmito, uno. Ni los diputados se salvaron: siete de 11 fueron condenados.

¿Por qué creen que fueron extraditados?

E.C.: creo que jugaron muchos factores. El principal: la presión de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el expresidente Álvaro Uribe consentía cualquier cosa menos tener una fisura con el gobierno estadounidense. Es un hombre proyanqui. Pero también creo en otra razón. Los más ácidos críticos contra el Gobierno y las personas cercanas han sido personas extraditadas. Lo que dijo Mancuso o “Don Berna”. De todas formas, no los han podido callar. Algunos, como Mancuso, han declarado en Justicia y Paz en la distancia.

¿Han hablado con Carlos Mario Jiménez desde que llegó?

E.C.: No, pero estamos a la espera de conocer en qué centro de reclusión va a estar para visitarlo. Creemos que no podemos ser ajenos a la suerte de Carlos Mario, en el sentido de que debemos escuchar sus necesidades. Y si en algo podemos ayudarlo, lo haremos

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2019-08-02T14:49:15-05:00

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2019-08-03T09:38:54-05:00

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Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo

JEP

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