“Estoy dispuesto a reunirme con los críticos de la JEP”: Eduardo Cifuentes

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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz asegura que la única condición es que estén dispuestos a escuchar y mantener un diálogo constructivo. Cuenta que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le hizo un grave daño al tribunal y que con el actual fiscal, Francisco Barbosa, tiene una buena relación.

Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es un hombre franco. Llegó hace dos meses a su cargo y en ese tiempo se ha dedicado a defender el Tribunal de Paz que, según él, ha dado grandes pasos en los tres años de su funcionamiento. No le teme enfrentarse a sus detractores e, incluso, dice que está dispuesto a tener un diálogo constructivo si es necesario. En entrevista con Colombia 2020 habla de los retos de esta justicia para 2021 y su relación con el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación.

¿Con qué se encontró al llegar en noviembre de 2020 en la presidencia y hacia dónde enfocará el trabajo de este tribunal?

La JEP es una jurisdicción consciente de su misión histórica y de su responsabilidad institucional. Me encontré con una jurisdicción plenamente consolidada y trabajando al 100 por ciento, gracias a las labores desarrolladas por mi antecesora, la magistrada Patricia Linares, y a la gestión de la Secretaria Ejecutiva, Maria del Pilar Bahamón. La misión de la JEP es la de sancionar a los responsables de los más graves crímenes cometidos en el conflicto armado. El foco se centrará en esta función insoslayable. Se acordó paz sin impunidad y la JEP debe asegurar que los más graves crímenes no queden impunes. Solo así se tendrá una paz estable y duradera, y no se repetirán los ciclos de violencia.

La gente quiere hablar de resultados. ¿Cuál es su balance de la Jurisdicción?

Tenemos resultados y seguiremos ofreciendo más resultados. Esa es una expectativa que estamos cumpliendo y que explica el inmenso trabajo realizado hasta la fecha. No ha sido una tarea sencilla en un tiempo tan breve como el de la Jurisdicción, haber sometido a la misma a 12.711 personas y, de otro lado, haber rechazado miles de solicitudes de ingreso y resuelto otros tantos miles de recursos de reposición, apelación, tutelas, medidas cautelares, además de otorgar tratamientos jurídicos especiales. Hasta la fecha se han dictado 36.990 decisiones, cifra de suyo elocuente del empeño de la JEP.

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La investigación de crímenes de sistema supone el manejo de muchísimos datos. Para la elaboración del universo de hechos y conductas el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) analizó más de 187.424 hechos únicos, asociados a una lista de 265.507 víctimas y 16.969 responsables y los sistematizó. Hoy sabemos más de los crímenes cometidos en el conflicto colombiano, de los actores involucrados y de quienes les ayudaron, y estamos más seguros en el camino hacia las sanciones del sistema. Ese es un resultado que no es desdeñable.

¿Cómo trabajará la JEP para este 2021 que seguirá igual, mientras arranca la vacunación?

La JEP no se detuvo. Estaba preparada tecnológicamente para afrontar la virtualidad, gracias a un programa que se denomina “Justicia más digital”. Todo lo anterior nos permitió superar la prueba y trabajar intensamente en la pandemia, la cual no nos paralizó. Por el contrario, superamos las cinco diligencias semanales y pasamos a efectuar 15 y 20. En total realizamos 340 diligencias virtuales en 2020.El COVID-19 no puede inhibir la acción de la justicia.

Ahora nuestro compromiso es comenzar a entregar resultados en los siete macrocasos abiertos, con independencia de la vacunación. Los primeros autos de determinación de hechos y conductas (que son las primeras conclusiones de los casos de secuestro y falsos positivos) se van a conocer prontamente. Eso será un paso decisivo para poder comenzar a conocer la verdad. Y a partir de ahí los responsables tendrán dentro del procedimiento de la JEP que aportar toda la verdad y asumir su responsabilidad o exponerse, en caso contrario, a la apertura de procesos adversariales y recibir eventualmente sanciones de prisión hasta de veinte años.

¿Se piensan abrir más macrocasos? Las organizaciones han pedido con urgencia los de desplazamiento y violencia sexual.

La actividad de la JEP es objeto de permanente y sostenida expansión. La JEP profundizará múltiples líneas de investigación y abrirá nuevos macrocasos. Vale la pena tener en cuenta que delitos como la violencia sexual ya se están abordando en varios de los casos abiertos, como el de reclutamiento de niños y niñas y los casos territoriales del norte del Cauca, de Nariño y de Urabá.

En las investigaciones que se han adelantado en los macrocasos, como Urabá, Secuestro o Falsos Positivos, ¿se han compulsado copias a la Fiscalía para que investigue por aquellos civiles o paramilitares que la JEP no puede juzgar?

El camino es a la inversa. Más bien es indispensable que la Fiscalía avance en las investigaciones de terceros y de otras personas asociadas a las compulsas que en su momento masivamente le remitió Justicia y Paz. De una parte, para evitar la impunidad y, de otra, para que estos terceros tengan la oportunidad de someterse a la JEP o seguir en la justicia ordinaria, pero con miras a su juzgamiento y sanción.

¿Cómo está la relación con la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué acciones tomó la JEP, por ejemplo, después de enterarse de que el ente investigador no les entregó 24.000 audios que el tribunal solicitó para el caso de “Jesús Santrich”?

Las relaciones con la Fiscalía que encabeza el doctor Francisco Barbosa son muy buenas. Y así tiene que ser en un país donde la Constitución ordena la colaboración armónica entre las entidades del Estado, máxime si pertenecen al mismo campo de la justicia y están sujetas al mismo arco de deberes. El caso Santrich culminó en la JEP con la decisión sobre su expulsión. La conducta del anterior fiscal (Néstor Humberto Martínez) afectó gravemente, y en términos mayúsculos, el ejercicio de las competencias de la JEP. Esto no se entiende ni se justifica en un Estado de derecho y representa un comportamiento absolutamente proscrito. Las órdenes y solicitudes de pruebas que formula un órgano de la JEP deben ser siempre acatadas y estrictamente cumplidas.

¿En qué cree que vaya a cambiar el país cuando se conozcan las verdades de la guerra?

La JEP es un dispositivo contra la impunidad y por la verdad. Francamente me resulta difícil pensar que una persona sensata y de buena fe pueda oponerse a un mecanismo que se ha creado para sancionar las mayores atrocidades cometidas en Colombia en este largo y sangriento conflicto. Me comprometo a hacer más pedagogía al respecto y aspiro, por la vía de las realizaciones de la JEP, a que en torno de la misma se genere un consenso profundo por la justicia y la reconciliación. Las nuevas y las viejas generaciones queremos y tenemos el derecho irrenunciable a vivir en un país y en una democracia en paz. Anhelamos una tierra curada para siempre de la repetición de ciclos de violencia. Eso es tener patria. Para eso se hizo la JEP.

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Este año la Comisión de la Verdad entregará su informe final, ¿cómo ha ayudado la JEP a esta entidad para lograr este objetivo? ¿Cree que se pueda lograr un buen documento si hasta ahora no ha habido una sola sentencia judicial?

La JEP, la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han trabajado de manera articulada. La JEP ha sido fuente de información. Buena parte de los tratamientos jurídicos especiales que gestionamos suponen obligaciones de ofrecer verdad allá. Este deber se ha promovido por la JEP de manera constante. Creo necesario que se extienda el término del mandato de la Comisión, porque así podrá alcanzar mayor sinergia dentro del sistema integrado y se podrán satisfacer de mejor manera los derechos de las víctimas. De cualquier manera, la Comisión no debe establecer la verdad en los mismos términos que un aparato judicial, como la JEP, sino que nos debe dar un relato de las líneas gruesas del conflicto colombiano, las formas de victimización, las víctimas individuales y colectivas. El trabajo de la JEP ha servido para enriquecer ese relato.

El asesinato de excombatientes de las Farc y líderes sociales no para, ¿qué hacer para que el Gobierno atienda el llamado que ustedes le hicieron de cumplir con la protección?

La primera y más perentoria obligación del Estado es garantizar la vida de las personas. Este deber de suyo absoluto alcanza un grado superlativo tratándose de personas vulnerables y, en este momento, aquí y ahora, lo son los excombatientes, los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Paradójicamente, donde más se exige la presencia, la acción y prevención del estado social de derecho, este desaparece, se marchita y se convierte en un ser diminuto e inepto. Las Farc crecieron aprovechando los vacíos de estatalidad. Pese a su desmovilización, ese vacío persiste, sobre todo en las zonas más afectadas por la violencia. El Estado, las autoridades, la élite política, los factores reales de poder legítimo carecen de toda justificación en pleno siglo XXI para seguir negando el estatuto de ciudadanía y de humanidad a buena parte de la población colombiana que vive dentro de ciertas y vastas zonas del territorio nacional, pero que es tratada como conglomerado periférico que se instala donde la soberanía del Estado no se ejerce ni se quiere ejercer, ni se tiene voluntad firme de hacerlo.

¿Cómo juzgar los delitos de un conflicto armado que continúa? ¿Cómo garantizar en esas condiciones la no repetición?

La atrocidad y la impunidad que la corteja, alimenta la atrocidad que le sigue. Por eso hay que parar la impunidad. La JEP es un dispositivo de verdad y contra la impunidad. Al dejar operar a la JEP y no obstaculizarla, se contribuye a garantizar las condiciones de no repetición. El acuerdo de paz obliga a los gobiernos a transformar las condiciones de vida de poblaciones y territorios librados al olvido. Un país con vocación agraria ha visto desaparecer al sector campesino y para este el acceso a la tierra y a una economía digna, se ha convertido en quimera inalcanzable. Todo esto habrá que cambiarlo, para que no haya repetición y, sobre todo, para sentar las bases de una convivencia mínimamente ordenada, pacífica y armoniosa, que por serlo no sea presa fácil del delito.

¿Cómo avanza la creación de las sanciones propias, que son inéditas en el mundo?

La Sección de Reconocimiento de Responsabilidad ya expidió los lineamientos para las sanciones propias. Estas serán restricciones a la libertad de 2 a 8 años que se les impondrán a los comparecientes de las Farc, Fuerza Pública y terceros civiles, siempre y cuando aporten verdad y asuman responsabilidad. Deberán realizar trabajos y obras con contenido reparador y restaurador (TOAR), de acuerdo con las víctimas, con el fin de reconstruir el tejido social dañado por la guerra.

¿Se ha visto afectada la JEP con el recrudecimiento de la violencia en los territorios? Líderes en Chocó dijeron que no hablarían más.

La justicia demanda vigorosa presencia y participación del Estado. Las víctimas y los mismos comparecientes muchas veces comparten el mismo territorio. Por regla general, los lugares donde se cometieron las mayores atrocidades son todavía zonas azotadas por la violencia. Sin una activa presencia y participación de todas las manifestaciones del Estado se torna ilusorio administrar justicia. La reconciliación y la garantía de no repetición no pueden ser ejercicios abstractos de un ente estatal aislado. Sin un compromiso real y eficaz de todo el Estado colombiano, exigido además por la conciencia humanitaria de la sociedad, lo acontecido en el Chocó se puede extender a otras zonas del país y, entonces, lo que habrá será un matrimonio perpetuo con la impunidad y la violencia.

¿Una condena de la JEP contra algún miembro de las Farc que esté en el Congreso lo puede inhabilitar para seguir con la curul?

Eso depende de qué tipo de sanción se imponga. Por ahora, es importante recordar que el Acuerdo Final de Paz prevé que mientras no se haya producido una sanción, los comparecientes de las Farc pueden participar en política y ocupar cargos de elección popular. El artículo 31 de la Ley Estatutaria de la JEP (1957) señala que las sanciones alternativas y ordinarias, que contemplan penas de prisión, son incompatibles con el desempeño de cargos de elección popular.

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¿Cómo es su relación con el presidente Iván Duque?

Con el presidente Duque tenemos una relación cordial y respetuosa.

¿Está dentro de su agenda entablar un diálogo con los detractores de la JEP, como la bancada del Gobierno Nacional?

Yo estoy dispuesto a reunirme con todos aquellos críticos de la JEP que estén abiertos a escuchar y a mantener un diálogo constructivo, con el fin de hacer pedagogía sobre la justicia restaurativa y el papel de la JEP. Como lo dije en mi discurso de posesión, la JEP está abierta a la crítica honesta y que se basa en hechos reales, pero lo que no admitiremos será la difusión de afirmaciones sin fundamento fáctico.

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