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Un nuevo capítulo nace en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de la apertura del caso 006, llamado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). La decisión se tomó a partir del informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó que la justicia ordinaria no ha podido hasta ahora establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos.
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Los magistrados de la JEP consideraron que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización, pues sus miembros fueron víctimas de “violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica". De acuerdo con la información recolectada, "las victimizaciones demuestran que se buscaba el exterminio del partido y sus miembros”, dijo en la rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz.
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Según Díaz, también se tuvieron en cuenta otros dos informes claves para abrir el caso: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del Centro Nacional de Memoria Histórica. La magistrada enfatizó que con estos insumos la Sala “sigue determinada a establecer y esclarecer la responsabilidad sobre los hechos más graves y representativos ocurridos en el conflicto armado en Colombia. Vamos a llegar a los máximos niveles de responsabilidad”.
De acuerdo con la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de este partido político, que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur, fueron victimizados desde 1984. En su mayoría eran líderes, dirigentes, activistas y campesinos, que por sus convicciones políticas en diferentes partes del territorio nacional fueron asesinados, secuestrados y hostigados.
Sin embargo, estas cifras están muy distantes de las presentadas por otras organizaciones y entidades. La Corporación Reiniciar, por ejemplo, identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante).Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) resaltó que son 6.201. De ellas, “3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia”.
Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.
La Sala advirtió que la información recogida señala como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas.
Por estos casos, hasta el momento, en la justicia ordinaria solamente hay 246 sentencias emitidas y dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía condenados.
Ahora, con la entrada en funcionamiento de la JEP, por estos hechos se han acogido 16 miembros de la fuerza pública y otros 4 han solicitado su ingreso por las mismas razones. También, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso. Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.
La Sala de Reconocimiento le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde actualmente están los casos, para que le remita las solicitudes de acogimiento de los exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la fuerza pública vinculados con el caso 006, con el fin de darle trámite prioritario a dichas solicitudes.
La UP en otras instancias judiciales
La Unión Patriótica perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y sólo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Las víctimas y la Corporación Reiniciar han insistido en expresar que la victimización de la que ha sido objeto “se denomina genocidio por razones políticas”.El estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. “El caso sobre las victimizaciones de los miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la “afectación de sujetos colectivos”. De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia”, advierte el comunicado de la JEP.
Sobre este caso también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, que ha destacado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP caracterizada por “una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos”.
Los seis casos de la JEP
Con este ya son seis casos abiertos por la JEP:-Caso 001 Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP (abierto el 6 de julio de 2018).
- Caso 002, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) (abierto el 10 de julio de 2018).
- Caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (abierto el 17 de julio de 2018).
- Caso 004 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó) (abierto el 11 de septiembre de 2018).
- Caso 005 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca) (abierto el 8 de noviembre de 2018).