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Después de imputar a los excomandantes de la guerrilla de las Farc por el delito de toma de rehenes o secuestro, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concentra sus esfuerzos en el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados “falsos positivos”. Este jueves 18 de febrero, el Tribunal de Paz decidió hacer público los avances y la manera como priorizará su investigación. En ese sentido, aseguró que su periodo de interés en esta primera fase es entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el que se registraron, al menos, 6.402 víctimas.
Esta cifra se aleja considerablemente del informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en la que sólo se registraron 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre los años 2006 y 2008. Eso significa que son 4.154 más, según el Tribunal de Paz. Y el número puede aumentar, pues los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y se estudian hasta el Acuerdo de Paz. (Le recomendamos: No son 2.248 ni 6.402 falsos positivos: la cifra en la JEP aumentaría en el futuro)
Aunque aún hay discrepancias en la magnitud del crimen investigado por la JEP, pues varían las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales, según la magistratura, “identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”.
Otras cifras demuestran la importancia de priorizar este periodo. La magistratura halló, por ejemplo, que mientras en 2001 se presentaron 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, es decir, más de seis veces lo reportado en el año anterior. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
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De acuerdo con la JEP, los territorios donde se priorizará la investigación son Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. A través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad aseguró que esta decisión “se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”. Y reveló que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
La JEP también contó que su estrategia para investigar a los militares involucrados fue “de abajo hacia arriba”: “Primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional”.
En la segunda fase de la investigación, la JEP espera abordar los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
Respuesta al sesgado comunicado de la JEPhttps://t.co/ZGX5CjM5oO
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 18, 2021
Subcasos investigados
Antioquia: este departamento registró el 25% del total de víctimas registradas a nivel nacional entre 2002 y 2008, con 1.611 víctimas. El año de mayor victimización, según el cruce de las bases de datos, fue 2004. La Sala determinó que se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño por la cantidad de casos. Solo en este espacio, durante ese periodo, se registraron 332.
A partir de los informes, la JEP identificó que cuatro de las ocho divisiones del Ejército Nacional (Primera, Segunda, Cuarta y Séptima) concentran cerca del 60% de los casos. La Primera y la Séptima corresponden a unidades con jurisdicción en Antioquia.
Y en los diez primeros puestos de los batallones con mayor número de registros aparecen cuatro unidades con jurisdicción en el departamento: el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Bajes) con 103 víctimas, Batallón de Infantería No.10 Coronel Atanasio Girardot (Bigir) con 74, el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) con 56 y el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles (Birif) con 40.
Respecto de las unidades militares, la Sala encontró que la IV Brigada podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013, con 1.242 casos. “En el periodo 2002-2007 se concentraron los mayores niveles de victimización y en los años 2003, 2004 y 2005 se observa una mayor participación de la unidad militar en el total de víctimas identificadas en el departamento”, señaló la Jurisdicción.
Uno de los casos emblemáticos que se abordará en la región de Antioquia es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba, sobre el cual 14 miembros de la fuerza pública de distinto rango han entregado información ante la JEP . La mayoría no había sido investigada por la justicia ordinaria. Y quienes sí lo fueron confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
“Los hallazgos de esas averiguaciones permitieron identificar elementos que resultan representativos de patrones macrocriminales de hechos que se remontan, por lo menos, hasta 1997, por lo que su esclarecimiento resulta pertinente a la luz de los criterios de priorización, al advertirse en ellos particulares características de gravedad haber sido las víctimas integrantes de colectivos expuestos a la acción violenta de diferentes actores del conflicto armado y haber aprovechado los victimarios su situación de vulnerabilidad”, se lee en el auto.
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Región Caribe: el 7,3% del universo de víctimas, para el mismo periodo, se encuentra en el Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. En esa zona también aparece La Guajira, que reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005, en el norte del Cesar y el sur de la Guajira, que correspondieron a casos atribuibles al Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
El Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con jurisdicción en Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, de acuerdo con lo que se puede evidenciar en los informes, es una unidad representativa para comprender este fenómeno no sólo por la cantidad de víctimas, muchas de poblaciones étnicas, sino también por el número de militares de esta unidad que están sometidos ante la JEP.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento, al menos 22 personas pertenecientes a las etnias kankuama, wiwa y wayuu fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado Juan José Rondón (Gmron), principalmente. Por su parte, la Primera División reportó un 6% de las víctimas identificadas con alguna condición de discapacidad física o cognitiva.
La magistratura dejó claro que después seguirá su trabajo con el análisis del Gmron y “otras unidades en el período comprendido entre julio de 2005 y 2008, incluida la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED) que fue creada en 2006, además de las unidades superiores, incluido el Comando Conjunto Caribe No. 167, que aglutinaba a la Primera y a la Séptima División, con miras a tener una visión más amplia de la situación en la región”.
Norte de Santander: este departamento ocupa el sexto lugar a nivel nacional. Hasta el momento, la JEP tiene conocimiento de 420 casos reportados en el periodo de 1985 y 2016; de ellos, el 82% se concentró entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas se registró en El Catatumbo, una de las zonas más azotadas por la guerra.
A partir de las cifras recolectadas, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en esta zona, donde se han identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03: “Por un lado, el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización; y por el otro, una suerte de sofisticación del patrón criminal, consistente en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y asesinarlas en el Catatumbo y reportar su muerte como baja en combate”.
En 2008 la mayor cantidad de víctimas se concentraron en el municipio de Ocaña, donde luego se encontraron a varios jóvenes de Soacha, quienes, según sus madres y organizaciones sociales, fueron llevados engañados por reclutadores o seleccionadas por su estado de vulnerabilidad. “Dentro de estas víctimas, en los informes las organizaciones resaltan los hechos cometidos en contra de personas en condición de discapacidad mental y personas señaladas de tener consumo problemático de drogas, y personas vinculadas al ejercicio de la política o líderes sociales”, explicó la JEP.
La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Las unidades militares con jurisdicción en la zona fueron la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander.
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Huila: la Quinta División del Ejército, que vigila los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de falsos positivos entre 2005 y 2008. De hecho, por esos acontecimientos, la Fiscalía adelantó investigaciones contra dos generales y 167 miembros de las brigadas Sexta y Novena de dicha división.
De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentró en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente, en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total; seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1%.
“Un porcentaje muy importante de los hechos ocurridos en el departamento es atribuible a militares adscritos a dos de los batallones que tienen su área de operaciones allí: el Batallón de Infantería no. 27 Magdalena, con sede en Pitalito y jurisdicción en el sur del Huila, y el Batallón de Infantería no 26 Cacique Pigoanza, con sede en Garzón y jurisdicción en el centro del departamento”, dijo la JEP.
El alto tribunal identificó que la victimización se produjo como consecuencia de estigmatización de la población de zonas rurales o apartadas de las cabeceras municipales como simpatizante o integrante de las Farc o aprovechando situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y marginalidad económica en población.
Con frecuencia se engañó a las víctimas con la posibilidad de hacer un trabajo en zona rural o de participar en alguna actividad ilegal. Otro fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales atribuido a estos batallones era la utilización de informantes y reclutadores para la identificación de víctimas o incluso su engaño para trasladarlas a los lugares en los que eran simulados los combates.
Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 llegó al primer puesto. La JEP pudo determinar que, para el periodo de 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. “Casanare registró, para el periodo de análisis, el 7,9% del total de los casos, lo cual representa 179 víctimas directas, ocupando el segundo lugar después de Antioquia y antes de Cesar y Meta”, agregó la Jurisdicción.
El comportamiento de las unidades adscritas a la Cuarta División, sobre todo la Brigada VII y la Brigada XVI, condujo a la Fiscalía a adelantar investigaciones contra al menos un general, un coronel y 53 mayores. También adelantó 276 investigaciones contra 1.247 miembros de las unidades que conformaban dicha división.
La JEP pondrá su lupa, principalmente, en lo que respecta al territorio de la Brigada XVI, entre enero de 2005 y diciembre de 2008. La magistratura señaló que “se reportaron por parte de esta unidad un total de 24.324 resultados de muertes en combate, de los cuales, a partir del cruce con la base de datos construida por la Sala de Reconocimiento con los informes e información acopiada en el marco del Caso 03, se han podido identificar 7.279 muertes cuestionadas (algunas de estas ya han sido determinadas por las autoridades judiciales o disciplinarias como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate) asociadas a 9.197 hechos”.
La mayoría de ellos concentrados en los municipios de Aguazul (21,8%), Yopal (13,77%) y Monterrey (10,22%), y, en una menor proporción, en Támara, Tauramena, Paz de Ariporo y Hato Corozal, los cuales tuvieron, cada uno, una participación entre el 6 y el 9%.
De acuerdo con la información de los informes, afirmó la JEP, “se identificaron algunas características de los hechos que muestran que la victimización se produjo haciendo uso de desmovilizados e informantes, quienes identificaban a otros desmovilizados o personas señaladas de estar vinculadas con la criminalidad, principalmente, por parte de los miembros del Grupo GAULA Casanare”. Este perfil, además, fue definido por el comandante del batallón, el mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien consideraba esto permitiría dar visos de legalidad a los casos.
Las víctimas eran, principalmente, campesinos o personas que se dedicaban a labores informales del campo. Otros, explicó la JEP, tenían algún vínculo con grupos armados al margen de la ley o contaban con antecedentes penales. Y unos pocos estaban relacionados con el Ejército por la prestación del servicio militar o habían servido como informantes.
Meta: el Batallón de Infantería no. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. Además, para la JEP, es crucial priorizar esta unidad militar, teniendo en cuenta que concentra la mayor cantidad de integrantes investigados y de comparecientes voluntarios ante esta justicia.
La Sala de Reconocimiento les concedió a las víctimas acreditadas en el caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este auto.
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