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Los familiares del exalcalde de Robles (Sucre), Eudaldo Díaz, quién fue desaparecido y asesinado el 10 de abril de 2003, aseguran en una misiva para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en ocho meses no han recibido respuesta alguna de esta entidad sobre su petición de ser acreditadas como víctimas.
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La familia, entre la que se encuentra Martha Salgado y Juan David Díaz, esposa e hijo del excalcalde, esperan esta acreditación dentro de este caso que adelanta la JEP de Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y exembajador en Chile, quien fue condenado a 40 años de prisión por la justicia ordinaria.
Arana fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías de Sucre a grupos armados al margen de la ley.
El 12 de febrero de este año, la JEP aceptó su sometimiento en calidad de agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública, es decir, como una persona que no hizo parte de una organización o grupo armado, pero que contribuyó a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto.
Casi un mes después, el 13 de marzo, la familia presentó ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la solicitud de acreditación de condición de víctima de Martha Salgado y el reconocimiento de su abogado. Sin embargo, como no recibieron respuesta a esta solicitud enviaron un oficio el 20 de mayo para que la JEP les informara sobre este trámite.
La familia sostiene que a la fecha de esta última carta – 17 de noviembre – la JEP no les ha respondido los derechos de petición y no ha recibido la propuesta de verdad y reparación que presentó Arana.
“Queremos manifestarle la preocupación que nos asiste”, le dicen al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, “por estos graves obstáculos para nuestro acceso a la Justicia Especial para la Paz, lo que nos ha impedido presentar nuestras observaciones al plan de aportes a la verdad que Salvador Arana Sus está en la obligación de suscribir. Adicionalmente, nos preocupa más que se lleven a cabo diligencias judiciales sin que se nos comunique para decidir nuestra participación en la misma. Esta práctica no es acorde con la centralidad de las víctimas”, agregan los familiares en el documento.
En un documento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, fechado el 9 de junio de 2020, los magistrados reconocen a Martha Ligia Salgado como víctima y la representación de su abogado Sebastián Escobar. Asimismo ordenan el traslado de copias del plan de verdad y reparación de Salvador Arana. Sin embargo, el abogado manifestó que ni él ni la familia han sido notificados y no han recibido hasta el momento tales copias. Juan David Díaz también le confirmó a Colombia2020 que no tienen esta información y que de ser así no habrían instaurado los derechos de petición.
Agregó que recién conocieron la noticia del sometimiento de Arana pensaron que después de 17 años por fin iban a conocer la verdad sobre el crimen de su padre. “Luego el señor Arana empezó a decir que no tenía plata para reparar a las víctimas y que lo que iba a dar eran cinco hectáreas para siembra de ajonjolí. Yo tengo claro que la clase política usó el paramilitarismo en busca de obtener poder y hacer ricos, así que al escuchar eso uno ya sabe que va a mentir”, señaló el hijo del exalcalde.
(Vea: Las razones de la Corte Constitucional para dejar a Salvador Arana en la JEP)
Para Díaz, en la familia hay la impresión de que Arana simplemente está buscando obtener beneficios en la JEP y evadir su responsabilidad con la justicia: “Y estas actitudes de la JEP ahondan más en nuestra preocupación. Nos causan dudas sobre su transparencia”.