Fiscalía entrega a la JEP informes de rentas de las Farc y asesinatos de líderes sociales

En la primera investigación se revelan ingresos millonarios de las Farc por extorsión, secuestro, minería ilegal y narcotráfico. En la segunda, se detalla la responsabilidad del Estado en 184 investigaciones por asesinatos de líderes sociales. 

Fiscal Néstor Humberto Martínez entregó dos nuevos informes a la JEP: sobre rentas de las Farc y asesinato de líderes sociales. / Cortesía JEP

En dos libros azules, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entregó este jueves a la Justicia Especial para la Paz (JEP) dos informes que podrían ayudar a los magistrados a esclarecer la verdad de las rentas de la guerra de las Farc, por un lado, y decenas de crímenes de Estado, por el otro. El primero de ellos, habla sobre la investigación de las rentas de las Farc hasta su desmovilización, y el segundo, detalla los patrones de violencia detrás de varios asesinatos de líderes sociales a manos de agentes del Estado, desde 1985 a 2016. 

Con respecto al primer informe, que detalla las principales fuentes y los mecanismos de la financiación de la desmovilizada guerrilla, desde sus orígenes en la década de los sesenta hasta 2016, la investigación concluyó que la economía de la guerra de las Farc se rigió bajo el principio de la diversificación. Según Martínez: “Pudimos esclarecer que ésta fue mantenida por billones de recursos provenientes del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y la minería ilegal”.

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Según el ente investigador, entre 1996 y 2012, la suma recogida por el secuestro extorsivo fue de tres billones de pesos. Y fue en la década de los 90 que este fenómeno criminal experimentó un crecimiento exponencial y contribuyó considerablemente a su consolidación en el territorio. 

En cuanto a la extorsión, la investigación halló que se practicó de manera indiscriminada y permanentemente, al punto que se convirtió en su núcleo de funcionamiento financiero y sustento básico cuando los ingresos por las demás fuentes escaseaban. Como esta actividad ilegal acumuló tantos millones de pequeñas, medianas y grandes transacciones, según el ente judicial, es incuantificable.

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En el caso del narcotráfico, se esclareció que, desde la VII Conferencia Nacional Guerrillera de 1982, las Farc comenzó a involucrarse en este negocio ilegal, bajo la modalidad del “impuesto” de gramaje, un cobro que se impuso a los cultivadores por cada kilo de hoja de coca. Luego se transformó a cobros a los narcotraficantes por la entrada a las regiones por cada kilo de pasta base y luego directamente al control de distintas etapas del proceso de producción de la cocaína. “Pudimos reunir testimonios que hablan de sumas billonarias de ventas para sostener el conflicto armado. Con testimonios de 2006 se estimó que los ingresos por narcotráfico pudieron ascender a los siete billones de ingresos”, agregó el fiscal.

Asimismo, destacó que esta actividad reprodujo varios mecanismos de violencia, que iban desde el desplazamiento forzado hasta el homicidio para garantizar la intermediación entre el campesinado y los compradores de pasta base o el uso de las tierras.

Finalmente, se analizó la minería ilegal. La investigación reveló que este delito empezó a tener peso en la organización ilegal desde 1993 y gracias a sus ganancias tuvo un gran crecimiento militar. Desde la extorsión a los distintos actores hasta el control directo sobre fases de la explotación y el lavado de activos hicieron parte de los delitos que consolidaron esta fuente de financiación.

Martínez resaltó que un grupo de 300 funcionarios de la Fiscalía investigaron 15.000 testimonios y  estudiaron 13 millones de archivos electrónicos, con los que pudieron esclarecer que, para 2016, las Farc contaban con 545 predios urbanos, 5.228 predios rurales, tenían el control de 207 bienes baldíos (de cerca de 2 millones 120 hectáreas), 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes (principalmente ganado vacuno), 1.166 automotores y 232 activos en el exterior.  Martínez aseguró que lo incautado hasta el momento se cuantificó en 2.4 billones de pesos que debería ser parte de los bienes para reparar a las víctimas de la exguerrilla. 

Crímenes de Estado: asesinato de líderes sociales 

El segundo informe entregado por la Fiscalía da información trascendental para esclarecer asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado, desde 1985 a 2016. El ente judicial resaltó que en este periodo adelantó 184 investigaciones, la mayoría corresponde a hechos ocurridos entre el año 2000 y el 2008. Aunque también hay un número importante de casos en 1987, 1997 y 2013.

El fiscal fue enfático en aclarar que de los 184 procesos, 139 se adelantaron bajo la Ley 600 y el resto, bajo la Ley 906. “Esto es importante porque los resultados de esta última son muy precarios, con un nivel alto de impunidad. Casi el 75 % de esas investigaciones siguen en nivel de indagatoria”, añadió Martínez. En el caso de las indagaciones de la Ley 600, sólo el 43% tiene sentencia. 

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El informe evidenció un universo de víctimas, dentro del cual se encuentran integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, estudiantes, integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, académicos, personas dedicadas a la difusión de información, abogados y funcionarios del Estado.

La principal modalidad de victimización fue el homicidio con un 64,93%, seguido de actos de acoso y hostigamiento con un 15 %, acciones judiciales o de inteligencia ilegítimas con un 7,8 % e investigaciones y actos que afectan la libertad y seguridad personal con un 4,9 %.

El comunicado del informe señaló que por esos delitos fueron individualizados como presuntos responsables 484 agentes del Estado (30 %), 452 integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (28%) y 124 personas sin vinculación comprobada a un grupo armado (7,7 %).

De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos ocurrieron en 87 municipios de 23 departamentos. Las principales regiones afectadas por este flagelo fueron Antioquia (35 casos), Bogotá (28 casos), Arauca (13 casos), Norte de Santander, Atlántico y Cesar (10 casos por cada departamento).

Por esos delitos fueron individualizados como presuntos responsables 484 agentes del Estado (30 %), 452 integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (28%) y 124 personas sin vinculación comprobada a un grupo armado (7,7 %). Hasta 2016, sólo se lograron condenar a 200 personas, lo que indica que la impunidad sigue siendo transversal en la mayoría de los casos.  

Sn embargo, Martínez se refirió a 231 casos reconocidos por su entidad en los dos últimos años (organizaciones sociales aseguran que la cifra aumenta a más de 500) y destacó que su entidad ya ha esclarecido autoría en 126 casos (54,5 %). 

Agregó que es falaz de parte de algunos políticos afirmar que no hay investigación del Estado, pues ya hay sentencias condenatorias y en un 24 % de los casos se estableció la  autoría intelectual. Detrás de los asesinatos, dijo Martínez, están el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

El fiscal reconoció la gravedad de los siete asesinatos de los líderes en los primeros días de 2019 e indicó que existen patrones, como su defensa por la restitución de tierras. El funcionario comentó que mañana habrá una reunión con el Gobierno Nacional y las plataformas sociales para evaluar información de la Fiscalía: “Haremos un examen de lo que está ocurriendo para ver en qué tenemos que ajustar la política, mejorar la judicialización y los programas de protección de testigos”.

Ante las declaraciones y la entrega de las investigaciones, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que estos informes son los puntos de partida para la construcción y diseño de los grandes casos que adelanta la corporación para sancionar a los máximos responsables de estos delitos: “Estos esfuerzos de la Fiscalía contribuyen a que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición pueda seguir avanzando en su tarea, como la ha venido haciendo”.

Además, Linares destacó que la información es indispensable, sobre todo por la coyuntura que está viviendo el país con el asesinatos de líderes sociales y que afecta considerablemente a la consolidación de la paz: “Lamentamos la situación que está viviendo el país y aspiramos que las distintas instituciones podamos colaborar a que cesen estas acciones, que están cobrando vidas y afectando de manera seria la posibilidad real de que este país alcance la paz”.

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Redacción Colombia2020

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