General Santoyo debe responder por desaparición de miembros de Asfaddes ante la JEP

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El oficial retirado, que el año pasado volvió a Colombia después de pagar una condena en Estados Unidos, tendrá que responder por los casos de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) que fueron desaparecidos en Medellín, en el año 2000.

Cuando el general (r) de la Policía Mauricio Santoyo aterrizó a Colombia, después de pagar una condena de 13 años en Estados Unidos por su relación con grupos paramilitares, las autoridades colombianas lo recapturaron. Según la Fiscalía, el oficial retirado debe responder por los casos de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), desaparecidos en Medellín el 6 de octubre del año 2000. Hoy, casi un año después, el proceso pasa a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por medio de una resolución, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas declaró que la JEP será la encargada de asumir y juzgar el proceso que se adelanta contra el general (r) Santoyo por concierto para delinquir y la desaparición forzada de los activistas. Sin embargo, los magistrados le comunicaron a la Fiscalía para “que de manera complementaria y armónica con esta Jurisdicción finalice la investigación hasta que califique el mérito del sumario”, es decir, una etapa anterior al juicio.

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La decisión se tomó después de que la Fiscalía 56 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos señaló que estas conductas “son de conocimiento exclusivo de la JEP, en razón de la naturaleza del asunto, esto es, por la directa relación de los delitos con el conflicto armado; la calidad de agente de Estado integrante de la fuerza pública del presunto victimario, la comisión de las conductas antes del primero de diciembre de 2016”.

Después de revisar y avalar esta postura, la JEP le ordenó a Santoyo firmar el acta de sometimiento en los próximos diez días y así empezar con su caso dentro de la justicia transicional, donde deberá contar la verdad de lo sucedido cuando fue comandante del Gaula en Medellín (Antioquia). Aunque obtendrá beneficios a cambio de su aporte de verdad, la Jurisdicción no le concedió la libertad transitoria ni la revocatoria de la medida de aseguramiento ni el beneficio de la libertad en unidad policial, pues en ninguno de los casos se ha cumplido con todos los requisitos, entre ellos, los cinco años de privación de la libertad exigidos por la ley.

Además, la Sala remitió esta decisión a la Sala de Reconocimiento de la JEP para que evalúe si lo vincula al caso 06, "Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado". Finalmente, le pidió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presentar un informe del contacto y ubicación de las víctimas relacionados con estos hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, como “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.

En su investigación en contra del general, el ente de control citó los testimonios rendidos por exparamilitares, entre ellos,  Carlos Mario Jiménez, conocido en la guerra como Macaco; Salvatore Mancuso; Juan Carlos el Tuso Sierra y Diego Fernando Murillo o Don Berna, quienes aseguraron que “para la época de dichas desapariciones el hoy general Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”, y asociaron el nombre de Asfaddes de manera inmediata al nombre de Santoyo.

Según la Fiscalía, Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín fueron “producto de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”, que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica (UP). Quintero buscaba a seis familiares desaparecidos y Monsalve a su hermano. 

Santoyo duró casi 30 años en la Policía Nacional. Dentro de los cargos que ocupó está el de jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

 

La verdad desde el exilio

Adriana Quintero tenía 20 años cuando su padre, Ángel Quintero, fue desaparecido forzadamente, junto con Claudia Monsalve. Desde entonces no ha parado de buscar la verdad desde el exilio. 

Los hechos ocurrieron en octubre de 2000. Según el relato de su hija, su padre estaba amenazado por su trabajo con Asfaddes. Aunque se había tenido que ir de Medellín, regresó porque debía investigar sobre la desaparición de tres familiares, quienes fueron raptados en un lugar público. “Entonces mi papá fue a ese sitio y recaudó información, hizo la tarea que debía hacer la Fiscalía. Y con eso fue al Gaula de la Policía. El 6 de octubre de ese año amplió su versión en la mañana y en la noche lo desaparecieron. ¿Qué información entregó? No lo sabemos aún”, contó Quintero.

(Vea también: “General Santoyo debe contar la verdad sobre la desaparición forzada”)

En entrevista con este diario, aseguró que su esperanza estaba puesta en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado después del Acuerdo de Paz. Hasta ahora, denunció, no se lograron avances significativos en la justicia ordinaria: “El caso pasó sin fiscal recientemente como seis meses. Qué se puede esperar, si poco después de denunciar el caso Santoyo fue nombrado jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y después fue ascendido a general”.

Quintero hoy espera que Santoyo les diga la verdad del paradero de su padre y “que responda por lo que hizo, que no solo es el caso de mi papá, sino de varios más”.  

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