Hay más de 300 posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe

Así lo aseguran organizaciones defensoras de derechos humanos en un informe presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz en Valledupar (Cesar). Este es el departamento con mayor número de víctimas y aseguran que bajo la comandancia de Nicacio Martínez, en la X Brigada Blindada, 58 personas fueron asesinadas y presentadas como exguerrilleros o extorsionistas. 

Son 131 víctimas las que aun no se han identificado. / Archivo El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, ha priorizado los departamentos del Cesar y La Guajira por ser algunos de los lugares donde más asesinatos de civiles presentados como "bajas en combate" ocurrieron. Sobre el Batallón de Artillería N° 2 La Popa, que opera en Valledupar, la JEP indaga 126 casos ocurridos entre 2002 y 2008, y varios de los soldados condenados por este delito han presentado sus versiones voluntarias en lo corrido de 2019.

Sin embargo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le pidieron a la JEP, a través del informe “Y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia”, que no se centren solamente en el Batallón La Popa, sino que también esclarezcan la responsabilidad de aquellos comandantes que integraron la I División del Ejército entre 2003 y 2008. 

Durante más de un año, estas organizaciones documentaron la existencia de más de 300 víctimas de falsos positivos atribuidas a unidades militares de la II y X Brigada del Ejército Nacional, a la Fuerza de Reacción Divisionaria -FURED- y a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de Magdalena, Cesar y Guajira, todas ellas pertenecientes a la I División.

(Le puede interesar: Tras la identificación de cuerpos desaparecidos reportados como bajas en combate)

Elaboraron este informe con datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, expedientes penales, decisiones del Consejo Superior de la Judicatura que dirimen los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria, Fiscalía, Procuraduría, informes de operaciones militares, entrevistas con las víctimas y prensa.

El documento fue presentado este sábado 22 de junio ante la Sala de Reconocimiento de la JEP en Valledupar, donde también asistieron organizaciones de víctimas y familiares, quienes denuncian que los procesos judiciales están detenidos en la justicia ordinaria. Por esta razón, esperan que la JEP establezca de quiénes provinieron las órdenes de asesinar a estos hombres y mujeres para mostrar mayores resultados en combates y obtener beneficios económicos o ascensos dentro de la institución. 

Pero también les pidieron a los magistrados dos cosas muy puntuales. Lo primero, que valoren y juzguen caso a caso si los homicidios tuvieron que ver con el conflicto armado, si fue violencia política, si perseguían una finalidad económica o casos de “limpieza social”, para evaluar si deben seguir en la justicia ordinaria o en la transicional. 

Lo segundo, como medida cautelar, que suspendan de sus cargos al actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez y al comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo de León Hernández. El primero fue jefe de Estado Mayor de la X Brigada entre 2004 y 2006, lapso en el que según el informe se reportan 58 supuestas víctimas. El segundo comandó el Batallón La Popa entre 2007 y 2009. Según el informe “¿Qué futuro nos espera?”, presentado por estas mismas organizaciones y durante ese tiempo documentaron 39 posibles víctimas de homicidio bajo una posible práctica de ejecuciones extrajudiciales. 

Del total de víctimas en la región Caribe, 118 fueron personas que vivían en situación de precariedad económica, 35 fueron indígenas de los pueblos wayú, kankuamo y wiwa; seis eran mujeres, seis sufrían de alguna discapacidad y ocho eran menores de edad (Ver infografía para más detalles). El informe también detalla que 131 víctimas no se han logrado identificar y en 13 casos, las familias fueron amenazadas tras poner la denuncia de la desaparición o asesinato. 

Una de estas víctimas fue Juan Alexander López, quien murió asesinado el 20 de abril de 2007 a las 3 a.m. Tenía 26 años y trabajaba como comerciante y de hacer trayectos de Riohacha a Valledupar en moto. Dejó cuatro hijos que hoy cuida su mamá Piedad Ospina. 

“El 19 de abril dijo que iba a traer a dos personas en moto, y que además iba a Valledupar porque le habían ofrecido un trabajo como supervisor. Salió a la seis de la tarde y de ahí nunca volvimos a saber más nada de él”, cuenta Piedad, una de las personas que acompañó la entrega del informe a la JEP. 

Un año y cinco meses después, la llamó un hombre desconocido y le dijo que fuera al CTI de Valledupar porque había un cuerpo con las características de su hijo. “Y sí, era mi hijo”, dice ella. Lo asesinaron un día después de su desaparición junto a Luis Ángel Fernández, un muchacho que según Piedad no se conocía con su hijo. 

“Viví dos velorios. El primero fue la desaparición. El segundo, el haber leído el informe del Batallón La Popa, donde decía que Juan y Luis habían extorsionado a unos ganaderos en Valledupar. Decía que ellos dispararon contra el Ejército y ahí murieron, pero sospechosamente ningún militar resultó herido”. No hay ninguna condena por estos homicidios, ninguna investigación que devele lo que realmente pasó. 

“Tengo la satisfacción de que en la JEP se esclarezca quiénes lo asesinaron. Ojalá los militares hablen y digan realmente la verdad. Lo que queremos es que reconozcan que no eran guerrilleros, porque no lo eran, y haya una reparación para las familias”, exclama Piedad. 

Vea a continuación los casos de falsos positivos por periodos de tiempo y los nombres de los comandantes a cargo.