Hoy debe comparecer ante la JEP ‘El Paisa’

Hernán Darío Velásquez decidió abandonar la zona de reincorporación de Miravalle, en Caquetá, en julio del año pasado. / Cortesía

Este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama de nuevo a uno de los 31 exjefes guerrilleros para rendir su versión voluntaria en el caso 001, sobre retenciones ilegales por  parte de la guerrilla extinta de las Farc. Sin embargo, en este caso hay una mayor incertidumbre, pues se trata de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como ‘El Paisa’, cuyo paradero se desconoce desde julio del año pasado, cuando decidió abandonar la zona de reincorporación de Miravalle, en Caquetá.

En esta diligencia judicial de carácter obligatoria, Velásquez Saldarriaga deberá contribuir con la información que tenga y pueda ayudar a esclarecer qué sucedió con los 6.162 casos relacionados con retenciones ilegales, entre los cuales se encuentran secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios. 

Sin embargo, hay escepticismo sobre su asistencia, teniendo en cuenta que hasta ahora 'El Paisa' no ha cumplido con el régimen de condicionalidad como compareciente, es decir, con los compromisos, como la entrega de información, que los miembros de la antigua guerrilla deben cumplir con el Estado para obtener el beneficio de ser juzgado por esta justicia transicional, que prevé penas alternativas si contribuye a la verdad y la reparación de las víctimas. 

Por ausencia y silencio, en octubre del año pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad abrió un incidente de verificación de cumplimiento contra Velásquez. Los magistrados tomaron la decisión después de que, por un lado, “El Paisa” fue el único de los 31 exguerrilleros que no entregó el informe individual por el caso 001, dentro del plazo otorgado ni solicitó prórroga, de sus actividades de reincorporación y otras obligaciones.

Por otro lado, la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) informó que desde septiembre no tiene información del paradero de Velásquez Saldarriaga, a pesar de que este había sido hasta junio de 2018, de acuerdo con la JEP, un líder activo en varios proyectos con sus antiguos subalternos.

“La Sala entiende que los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) no fueron diseñados bajo lógicas de privación de la libertad o del ejercicio de la libre locomoción, sin embargo, la ausencia inadvertida de este compareciente de estos espacios, sumada a la absoluta inactividad ante la JEP, y finalmente, de manera contundente, el incumplimiento de la orden emitida por la Sala de presentación del informe de seguimiento, son suficientes sobre su posible incumplimiento del régimen de condicionalidad”, estableció un auto de la JEP.  

En diciembre del año pasado, la JEP también decretó la práctica de varias pruebas para determinar su ubicación. La jurisdicción le dio la orden a 11 entidades públicas (Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN); el Consejo Nacional de Reincorporación, la Fiscalía y la Fuerza Pública, entre otras) de hacer seguimiento al proceso de reincorporación de Velásquez Saldarriaga. También hizo una solicitud al Ministerio de Defensa para que entregue información que tenga sobre el posible rearme de “El Paisa”. Mientras que a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP le ordenó que lo ubique y verifique cuáles son sus condiciones de arraigo. Aunque la Fiscalía de la JEP viajó a Caquetá detrás de sus últimos rastros, hasta ahora no se sabe dónde está el exjefe guerrillero.  

Es relevante aclarar que la JEP ordena estas pruebas con el objetivo de verificar su compromiso, no para que las autoridades lo capturen. Su ubicación es importante, entre varios argumentos, para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Por esta razón, si las autoridades lo encuentran, no será capturado. Sólo se le notificará personalmente el avance de los procesos que se adelantan en su contra en la jurisdicción.

Si más adelante, con las pruebas que recolecte de las entidades, la JEP decide que Velásquez Saldarriaga incumplió sus compromisos, podrá imponer una medida en su contra, teniendo en cuenta unos criterios de proporcionalidad, para determinar qué tan grave es el incumplimiento. 

En ese caso, podría decretar la pérdida de algunos de los beneficios otorgados hasta ahora, como la suspensión de las órdenes de captura. Y si alguna autoridad confirma que el excombatiente está delinquiendo, le corresponderá a la Fiscalía iniciar las investigaciones y acciones que considere pertinentes.

Su abogado de oficio, William Acosta, asignado por la Fiscalía de la JEP, aseguró en febrero que no era cierto que 'El Paisa' no se fuera a presentar. Y agregó que dentro de los recursos ante la JEP han argumentado que se debe demostrar que él volvió a delinquir para poderlo sacar del sistema de justicia transicional. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido.

Los argumentos de los excombatientes

En una carta que conoció Colombia 2020 en octubre del año pasado, los excombatientes afirmaron que no ha habido garantías económicas para continuar con los proyectos productivos, que les permitirían su reincorporación. Tampoco confían en las decisiones del Estado, después de la captura de Zeuxis Pausias Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, ni en que el Gobierno pueda garantizar su seguridad (hasta ahora han asesinado a más de 70 exguerrilleros).

“Al señor Fiscal General, que ha actuado de muy mala fe contra la paz de Colombia se le ocurrió, con la DEA, en el marco de sus montajes judiciales extravagantes, que cuando Jesús Santrich habla de granjas se está refiriendo a “toneladas de coca para exportar a los Estados Unidos”, decía la carta.

Los jefes guerrilleros aseguraron que seguirán esperando a “que el Gobierno abandone las reticencias y cumpla sus compromisos derivados del Acuerdo de Paz”. También le pidieron a la JEP pedirle al Gobierno o a los poderes del Estado a rendir cuentas sobre la implementación, tal y como lo hacen con ellos.

A pesar de esto, varios de ellos, como 'Iván Márquez', han cumplido hasta ahora con los requerimiento de la JEP. Aunque el 14 de marzo debía rendir su versión libre, también por el Caso 001, la defensa del exjefe negociador de las Farc argumentó razones de seguridad para no presentarse. La JEP le reasignó su diligencia para el próximo 2 de mayo. 

El caso 001

El caso 001 no solo investiga cómo fue el secuestro por parte de las Farc, también investiga homicidios y desapariciones forzadas. Su apertura tiene en cuenta los dos informes que entregó la Fiscalía, en los cuales hay 708 exguerrilleros de las Farc condenados, y nueve informes que entregaron organizaciones no gubernamentales como: el Centro Nacional de Memoria Histórica, País Libre, Fundagan (Fundación de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan), entre otros.

Si bien la comparecencia de Londoño y los demás exjefes guerrilleros ante los magistrados es obligatoria, la versión que presenten es voluntaria. Es decir, en esta primera parte se busca que la persona sometida a este tribunal especial contribuya voluntariamente con la información que tenga y pueda contribuir a esclarecer el fénomeno criminal que se investiga. Esto no implica necesariamente que acepten su responsabilidad en los delitos. No se trata de una audiencia. Esa será una etapa posterior dentro de este proceso, en la que su versión será contrastada con la de las víctimas.

Hasta el momento, han cumplido con su diligencia judicial Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', Pastor Alape, Pablo Catatumbo, entre otros.