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La guerra que atraviesa el Pacífico Nariñense entre diversos grupos disidentes de las extintas Farc y grupos herederos del paramilitarismo, además de las consecuencias humanitarias, está generado otro peligro: que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pueda continuar avanzando en la investigación territorial que lleva sobre esa región desde hace dos años y medio.
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La alerta la envía la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, tras su más reciente monitoreo de riesgos que realizan en el país. Según esa instancia, desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, solo en ese departamento se han cometido 22 masacres. La última, la de 11 personas que fueron asesinadas el pasado 21 de febrero en Tumaco, en hechos que las autoridades describieron como cuatro hechos diferentes de homicidios relacionados con la confrontación entre el grupo de ‘Los Contadores’ y la ‘Oliver Sinisterra’.
Precisamente, el monitoreo de la UIA establece que “en el Pacífico Nariñense hay una continua revictimización. Muchas de las personas y organizaciones que fueron víctimas de la columna móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las extintas Farc-EP a inicios del siglo XXI, hoy son nuevamente violentadas por las disidencias del Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores y la Segunda Marquetalia”.
De hecho, por las graves afectaciones que el conflicto armado ha generado en esta región fue que la JEP abrió en 2018 el Caso 02, dedicado exclusivamente a investigar lo que sucedió durante la guerra en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. En el marco de ese caso, se investigan principalmente las afectaciones a pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas y allí es donde se estaría viendo afectada hoy la investigación. Según esa jurisdicción, desde que esta empezó a funcionar, la Unipa y Camawari – las dos organizaciones que reúnen al pueblo indígena awá – así como Asominuma, Recompas y Asoccoabar, que agrupan pueblos afro y campesinos, registran 119 agresiones a sus miembros hasta hoy.
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Según la UIA, las agresiones aumentaron de 2019 a 2020, cuando alcanzaron su pico de 43 hechos victimizantes. “Se evidencia una falta de garantías para el ejercicio del liderazgo social que, entre otras cosas, atenta contra el interés de las comunidades de participar en el proceso judicial. Las amenazas de muerte y el asesinato continuo de ex autoridades indígenas del pueblo awá desestimula la participación en la JEP. Se atemoriza a las personas de base a seguir teniendo contacto con autoridades judiciales, como es el caso de la Jurisdicción”, advierte la JEP.
¿Por qué es grave que la JEP no pueda avanzar en la investigación de este caso? A la fecha, son 105.213 víctimas que se han acreditado ante esa jurisdicción esperando que se les cumpla con sus derechos a la verdad y a la justicia. Además, la JEP venía investigando aproximadamente 2.524 hechos victimizantes, agrupados en 12 afectaciones, cometidos entre 1990 y 2016 por integrantes de las extintas Farc y miembros de la Fuerza Pública, que vienen entregando versiones ante esa jurisdicción. Además, Nariño es el segundo departamento del país en donde más han asesinado excombatientes de las Farc, con 29 casos. La JEP ha dicho que cada muerte de un compareciente ante esa jurisdicción, priva a las víctimas de un pedazo de la verdad.
Entre las afectaciones que han venido en aumento, el monitoreo de la UIA identifica que la comunidad LGBTI ha sido especialmente afectada. Solo durante el último trimestre de 2020 se presentaron siete agresiones en Tumaco, en las que grupos armados golpearon, torturaron, amenazaron e incluso acosaron sexualmente a varios de sus líderes.
En ese mismo monitoreo de riesgos, la UIA había establecido que, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 21 de febrero de este año, se han cometido 164 masacres en 25 departamentos. El saldo mortal: 663 víctimas. Una de cada cino víctimas eran niños, niñas o adolescentes.