JEP abre medidas correctivas contra el Gobernador del Huila por desacato

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Hace cinco meses que esta justicia le pidió al gobernador Luis Enrique Dussán entregar información sobre el cumplimiento de sus obligaciones para proteger el Cementerio Central de Neiva, donde habría 300 cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

El pasado mes de abril, a través el Auto 047 del 16 de abril de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz vinculó a la Gobernación de Huila en el trámite de medidas cautelares sobre el Cementerio central de Neiva. En ese momento le pidió que informaran sobre el cumplimiento de sus obligaciones para la protección de las personas desaparecidas enterradas en el camposanto. Sin embargo, a la fecha esa información no ha llegado, por lo que la JEP abrió un incidente de medidas correccionales contra el gobernador Luis Enrique Dussán López.

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El funcionario tiene tres días hábiles -a partir de la comunicación de la decisión- para explicar la situación. De no hacerlo, la JEP puede proceder a “imponer la medida correccional que corresponda según el artículo 143 de la Ley 906”, es decir, arresto inconmutable hasta por cinco (5) días.

“Dado que las autoridades sanitarias departamentales, municipales o distritales, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 303 de 2015, que entre otras disposiciones establece su responsabilidad en la conservación de los cuerpos de personas no identificadas, la Sección le había solicitado a la Gobernación, a través el Auto 047 del 16 de abril de 2020, información sobre las acciones y políticas adoptadas para cumplir con dicha disposición, cuál es la dependencia encargada y los resultados”, explicó la institución en un comunicado.

En el caso específico del Cementerio de Neiva, donde se presume que puede haber 300 cuerpos de personas no identificadas, la JEP estableció que hay un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del Cementerio Central. Teniendo en cuenta que la administración del cementerio la lleva la Diócesis de Neiva y es la Alcaldía y la Gobernación las que deben ejercer control y supervisión, se les vinculó al caso en el que se busca proteger los cuerpos.

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Los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento manifestaron en el Auto 151 de este 24 de septiembre de 2020 “que la falta de respuesta por parte de la entidad obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas”.

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