28/1/2021 21:05:07

Así secuestró cada bloque de las Farc

Colombia en Transición

En los siete bloques de la exguerrilla se cometió este crimen de forma indiscriminada. La JEP documentó plagios de niños, niñas y adolescentes, ejecuciones de secuestrados y cobros por devolver los cuerpos.

El 20 de febrero de 2002 las Farc secuestraron un avión para plagiar a Jorge Géchem Turbay. / AP / ALEJANDRO SAAVEDRA

En su acusación al Secretariado de las Farc por la toma de rehenes o secuestro, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue enfática en que esta fue una política que implementaron desde su origen para financiar sus operaciones. Según la Sala de Reconocimiento, “convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor de intercambio por el dinero”.

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En el Auto 0092 de 2021, la JEP documentó lo que buscaba cada uno de los siete bloques que conformaron la antigua guerrilla de las Farc por medio del secuestro: fortalecer sus finanzas, ejercer dominio territorial o forzar un “canje de prisioneros” con el Estado.

La Sala también reveló las principales zonas donde mantuvieron a los secuestrados. El bloque Noroccidental, en los límites entre Antioquia o Chocó o la frontera con Panamá; el bloque Sur y el Occidente, en el andén Pacífico del Cauca, Nariño y la cuenca del río Patía; el bloque Caribe, en la Serranía del Perijá y el bloque Oriental, en Meta, cuando estaba la zona de distensión, o en la cuenca de los ríos Tunia, en el Chiribiquete, Inírida, Vaupés y Apaporis.

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Bloque Oriental

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Fue el bloque más grande de las Farc y tenía el objetivo de tomarse Bogotá. Operó en Arauca, Boyacá, Vichada, Guanía, Casanare, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare, parte del Caquetá y tuvo dominio en las vías que conectan a Bogotá con Villavicencio, Medellín, Tunja, Melgar y Chiquinquirá.

Su principal modalidad de secuestro fueron las “pescas milagrosas”, especialmente entre 1997 y 2003. Ese término se refiere a retenes ilegales instalados por la insurgencia en los que plagiaban de manera aleatoria.

También secuestraron a personas que estuvieran en sus fincas de descanso, como ocurrió con Carlos Upegui Zapata, miembro de la junta administrativa de la Organización Ardila Lülle y el periodista Guillermo la Chiva Cortés.

El bloque Oriental se alió con bandas delincuenciales e, incluso, miembros de la Fuerza Pública para secuestrar. En su versión voluntaria, Julián Gallo, o Carlos Antonio Lozada, reconoció que algunas estructuras de esa unidad ejecutaron operaciones con una banda llamada los Calvos para plagiar en ciudades. Uno de los casos conocidos por los magistrados fue el del ciudadano japonés, Chikao Muramatsu, vicepresidene de una compañía japonesa de autopartes para vehículos. Fue retenido en la calle 102 con autopista Norte en Bogotá y duró dos años y medio en cautiverio, a pesar de que el gobierno japonés pagó por su libertad. En 2003 fue encontrado sin vida y con vestido de camuflado en San Juan de Rioseco (Cundinamarca).

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En este bloque se dieron intercambios de la víctima por un familiar, se pidió el pago por la recuperación del cuerpo de la persona secuestrada y, además, en varios casos la guerrilla se negó a darle información a la familia sobre la suerte de los plagiados. Secuestraron a menores de edad, como el caso de una niña de 10 años en Fortul (Arauca) y a adultos mayores, como ocurrió con Gerardo Angulo y su esposa Carmen Rosa Castañeda, ambos de 68 años. La pareja fue asesinada por sus captores tras la instrucción de que si no podían caminar, debían ser ejecutados.

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Comando Conjunto Central

Esta estructura operó en parte del Valle, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Caldas y Cundinamarca. Fue desarticulada por la Fuerza Pública en 2000. Se financió especialmente de secuestros tras el no pago de extorsiones y creó un grupo exclusivamente para preparar los plagios: la Compañía Financiera Manuelita Sáenz.

Los excombatientes del Comando Central aseguraron en la JEP que “comprar y vender gente” fue una presión de los órganos superiores por dar resultados financieros. Uno de los comparecientes, Víctor Silva Eric o el Chivo reconoció que incluso secuestraron bebés para cobrar por su libertad. Esta estructura también se caracterizó, según la JEP, por cobrar los rescates “a cuotas”, a exigir pagos “en especie” o con el cambio por otro familiar como garantía de pago.

Bloque Sur

Hay 21 víctimas acreditadas ante la JEP de secuestros perpetrados por el bloque Sur, que operaba en Caquetá, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo y Amazonas. En una conferencia del pleno del Estado Mayor de dicho bloque, en 1995, se estableció que las “retenciones” eran una forma de financiación. También secuestraron para cumplir con las metas financieras que imponía el Secretariado, máxima instancia de decisión de la guerrilla. Así lo reconocieron Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, y Milton de Floresmiro Burbano, Martín Corena, quienes comandaron esa unidad.

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La JEP estableció que el bloque Sur secuestraba a las personas que se negaban a pagar extorsiones. “Dos víctimas reportaron, además, haber sido castigadas por no pagar las cuotas, no solo con la privación de la libertad, sino con otros castigos como la violencia sexual y los trabajos forzados”, se lee en el auto.

Dicho bloque también secuestró a políticos bajo el argumento de que les iban a hacer un “juicio político”. Fue el caso de Carlos Velázquez, exalcalde de Funes (Putumayo), secuestrado el 14 de enero de 2002 y liberado cuatro días después, cuando su esposa pagó por su liberación.

La columna Móvil Teófilo Forero, una estructura conocida en el país por perpetrar el atentado contra el Club El Nogal, secuestraba a personas que iban a vender bienes. “Las víctimas narran que las hacían dirigirse hacia una propiedad que un supuesto comprador ofrecía como forma de pago y al ir a visitar la propiedad las secuestraban”, puntualiza el auto.

La JEP también señaló que dicha unidad contaba con ayuda de milicianos para tomarse edificios urbanos. Un caso recordado es la toma del edificio Miraflores, en Neiva (Huila), en 2001, en medio del cual fueron secuestradas 16 personas. Hernán Darío Velásquez, quien comandó por años la Teófilo, es parte de la disidencia Segunda Marquetalia.

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Bloque Magdalena Medio

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El Bloque Magdalena Medio (BBM) era comandado por Rodrigo Londoño, Timochenko, y por Pastor Alape. Hacía presencia en Santander, Norte de Santander, Antioquia y Magdalena, Cesar y Bolívar. La JEP ha acreditado 12 víctimas por secuestros cometidos por este bloque.

Los plagios eran una manera de presionar a las empresas para que pagaran extorsiones. Los ganaderos también fueron continuamente extorsionados. “Dos víctimas acreditadas describen cómo después de efectuado el pago y la liberación, el grupo armado continuaba hostigándolas y amenazándolas para que aportaran más dinero, bajo la amenaza de ser detenidas nuevamente en caso de no obedecer”, precisó el auto.

Bloque Occidental

Esta estructura, que era comandada por Guillermo León Sáenz, Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, fue responsable del secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca, el 11 de abril de 2002. El bloque Occidental operaba en ese departamento, en Chocó, Nariño y Cauca. Los plagios endilgados a esta unidad se dieron en su mayoría alrededor de Cali, Popayán y en la vía que comunica a Cali con Buenaventura.

Tenían dos maneras de secuestrar: previa inteligencia financiera a las víctimas o de manera fortuita en retenes ilegales. La JEP también estableció que el bloque Occidental plagió menores de edad. “Tres casos son narrados por las víctimas acreditadas, incluyendo una joven de 15 años y un menor de tres años”, se lee en el documento. También se dieron ejecuciones en cautiverio, como la de Oswaldo Díaz Cifuentes, hecho que fue reconocido por las Farc en 2013.

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Bloque Caribe

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Esta estructura, que operó en La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Sucre, secuestró a la mayoría de sus víctimas (ganaderos, agricultores y trabajadores de empresas) en retenes, en sus fincas o lugares de trabajo o de tránsito. La JEP acreditó 65 víctimas. Los retenes, además, los usaron para detener camiones de carga y quedarse con los bienes transportados a cambio de no secuestrar a los conductores. “Se hacían también para abastecerse de alimentos, útiles de aseo y medicamentos, entre otras cosas”, dice el auto.

Como la segunda modalidad más usada por esta estructura, la JEP identificó el secuestro de miembros de familias dueñas de fincas ganaderas y productivas. La información, según Abelardo Caicedo, Solís Almeida, excomandante del frente 59, provenía de “unidades de inteligencia financiera que estaban adscritos a las comisiones financieras de los frentes y se dedicaban de manera exclusiva a esa tarea”.

Roberto Lacouture fue secuestrado el 6 de octubre de 1989 por el frente 41. Los guerrilleros instalaron un retén en una trocha de Becerril (Cesar), hicieron regresar al ganadero a su finca y, a lomo de mula, se lo llevaron a la Serranía del Perijá. Estuvo mes y medio amarrado a un árbol, era amenazado constantemente y, después de que su familia pagó el rescate, fue liberado el 24 de diciembre. “Este hecho, unido al constante robo de ganado y las amenazas, lo obligaron a desplazarse”. Una víctima relató: “Fuimos 15 los secuestrados de la línea Lacouture, y nos mataron un tío”.

El secuestro de trabajadores de empresas mineras del sur de Bolívar y carboneras de La Guajira y Magdalena también fue una práctica común en el bloque Caribe. Este es el testimonio de una víctima: “(…) estábamos en calidad de secuestrados y la empresa debía pagar un rescate por nosotros y por la maquinaria que utilizábamos, a lo cual la compañía nunca accedió”.

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Bloque Noroccidental

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Esta estructura, presente en Chocó, Córdoba, Caldas, Risaralda y Antioquia, utilizó tres modalidades principales: “A través de retenes en la vía, donde las personas eran seleccionadas de manera fortuita; para obligar a agricultores, ganaderos y empresas a pagar extorsiones, y a través de la selección de personas que tenían fincas de recreo en las zonas cercanas a las ciudades capitales, especialmente Medellín”.

En la primera modalidad, la JEP identificó, por un lado, que se realizaban en vías principales y, por el otro, que se cometieron, incluso, contra menores de edad. Como fue el caso de la niña Luisa Cano Madrid, de 5 años. Cuando iba con su madre en una buseta hacia Urrao (Antioquia), el 15 de abril de 2000, las bajaron y las plagiaron. Le pidieron pago a su familia por liberarlas y esta accedió. Sin embargo, al frente 34 le pareció poco dinero y solo liberaron a su madre el 10 de junio. El 22 de junio, finalmente, fue liberada la niña. El hecho fue reconocido por los comparecientes. Otro caso en el que hubo menores de edad, y que se enmarca en la segunda modalidad usada, fue el secuestro de Luz González Pérez y Andrea Gil González. Luz, la madre, fue secuestrada el Frente 36 el 9 de junio de 2002 en su finca en zona rural de Carolina del Príncipe (Antioquia). Para que la liberaran, la familia tuvo que entregar a Andrea, su hija de 14 años, “como garantía de pago”. Andrea duró 40 días secuestrada y la liberaron cuando pagaron el resto del dinero que las Farc exigía. En total, 100 millones de pesos.

La Sala de Reconocimiento anota que, a pesar de que las “pescas milagrosas” fueron cometidas por esta estructura, tuvieron dificultades para tener información certera sobre la situación económica de las víctimas. “Incluso, llegaron a usar los retenes sólo para recoger información. Así, dos víctimas acreditadas describen que fueron detenidas para que brindaran información a la guerrilla sobre posibles víctimas”. Ganaderos y comerciantes también fueron privados de la libertad. Como fue el caso de Danilo Conta Marinelli, el 4 de agosto de 1996 en Samaná (Caldas), y de Alberto Duque Gutiérrez, el 23 de noviembre de 2002 en Pacora (Caldas).

Otro hecho de gran impacto fue el secuestro y asesinato del comerciante Jesús Antonio Higuita, privado de la libertad el 9 de septiembre de 2004 en un retén en la vía Sonsón-La Unión (Antioquia). Su familia se negó a pagar por su libertad. “Finalmente se adoptó la decisión de fusilar al señor e informar a la familia para que procediera a recoger el cuerpo, dijo un compareciente. Al lugar acudió un grupo de bomberos voluntarios y un conductor. Los bomberos William Alejandro Correa y Juan Fernando Oquendo fueron asesinados y el conductor tuvo que llevarse los tres cadáveres. Según las Farc, lo que las víctimas hacían era inteligencia, sus familias niegan rotundamente esa acusación.

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