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El aumento de la violencia en contra de los excombatientes de las extintas Farc obligó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del trámite de estudio de medidas cautelares de protección integral para los comparecientes, a convocar a dos audiencias territoriales virtuales en Antioquia y Meta.
La primera se realizará el próximo 21 de julio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruíz, en la vereda Santa Lucía, ubicada en Ituango (Antioquia). La segunda audiencia territorial se llevará a cabo el 12 de agosto en el ETCR Mariana Páez, en Mesetas, Meta.
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“Los temas que se desarrollarán en las dos diligencias públicas se vinculan con la implementación de la seguridad colectiva integral, en un contexto donde se han incrementado los hechos de violencia que han cobrado la vida de 214 exmiembros de las extintas Farc-EP”, resaltó la JEP.
En las audiencias, que se realizarán de manera virtual por la pandemia, intervendrán las voceras y voceros del partido Farc en proceso de reincorporación y se evaluarán las respuestas que expongan las entidades en materia de garantías de seguridad colectiva e integral. Según la Jurisdicción, “la valoración de los resultados será la base para adoptar medidas urgentes que garanticen la protección integral de los comparecientes”.
Cabe recodar que en estos dos ETCR han ocurridos hechos violentos. En el caso de Mariana Páez, en Mesetas, hombres armados y encapuchados ingresaron y asesinaron a al excombatiente Alexander Parra. Fue el primer asesinato de un exguerrillero que ocurrió dentro de estos espacios vigilados por dos anillos de seguridad, uno del Ejército y otro de la Policía. En el caso de Santa Lucía, hace tres semanas asesinaron a dos familiares de exguerrilleros, que eran menores de edad: Camilo Suserquia, de 15 años, Carlos Barrera, de 17.
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Las instituciones que han sido vinculadas a este trámite de medidas cautelares son: la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo (Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas) y la Fiscalía General de la Nación.
También fueron citadas la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación (CSIVI); delegados de la Sociedad Civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y Consejos Territoriales de Paz del Meta y Antioquia. Asimismo, el gobernador del departamento de Antioquia y el alcalde del municipio de Ituango; y para la zona oriente, el gobernador del departamento del Meta y el alcalde y personeros del municipio de Mesetas.
A las audiencias fueron invitadas la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
La decisión de la JEP de adelantar estas diligencias se tomó después de una reunión con miembros del partido Farc. La iniciativa la lideró Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido, quien pidió asumir ese estudio desde una perspectiva territorial y en derechos humanos, y generar espacios donde los excombatientes puedan expresar sus temores y relatar su situación de seguridad.
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La JEP ha dicho que con el estudio de medidas cautelares se busca analizar de manera estructural todo el tema de los homicidios y las amenazas. “La Sección reconoce los valiosos esfuerzos realizados por las entidades encargadas de implementar medidas de protección y seguridad al respecto, pero verifica que los riesgos han alcanzado unos niveles extraordinarios, resultando imposible conjurarlos plenamente”, dijo la magistratura cuando decidió asumir este caso.
De acuerdo con fuentes cercanas a este diario, también se realizarán otras audiencias en los ETCR Carlos Patiño Caliche, en Buenos Aires (Cauca), y Geiler Mosquera, en Puerto Asís (Putumayo), pero hasta ahora no se han confirmado las fechas.