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El pasado domingo 10 de enero, el periodista Alberto Donadio aseguró, en una columna en el portal Los Danieles, que el expresidente Virgilio Barco, a partir de los consejos de un agente israelí llamado Rafi Eitan, habría avalado el exterminio del partido político de izquierda Unión Patriótica, de acuerdo con una fuente y datos de encuentros entre el mandatario y Eitan.
Según el relato de Donadio, Eitan tuvo un contrato con el Gobierno, pagado por Ecopetrol, para asesorar al expresidente y asumir su objetivo exterminar a la UP. Sin embargo, luego se habría tomado la decisión desde el Ejecutivo que de los asesinatos se encargarían las Fuerzas Militares, en cabeza de Rafael Samudio, entonces ministro de Defensa.
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El relato ha generado todo tipo de reacciones: algunos asumieron la defensa de Barco ante la falta de pruebas documentales; otros han dicho que se trata de una clara evidencia de la participación del expresidente, y unos cuantos han hablado de la necesidad de que las autoridades judiciales verifiquen las acusaciones. En este último grupo está Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica, para quien esta acusación, de comprobarse, confirmaría la denuncia que este colectivo ha hecho durante décadas: la responsabilidad del Estado colombiano, por omisión y acción, en el genocidio de la UP.
Becerra hace un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que este tribunal, creado después del Acuerdo de Paz y cuyo objetivo es juzgar a los responsables de los delitos atroces del conflicto armado, llame a declarar a los presuntos involucrados para esclarecer los hechos. En estos momentos, la JEP adelanta el Caso 06, sobre la Victimización de la Unión Patriótica, por el que se han acogido 16 miembros de la fuerza pública y 13 exagentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
¿Qué piensa de la columna de Alberto Donadio?
Desde nuestra perspectiva, en la que llevamos varias décadas en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, esta denuncia nos agarró de sorpresa. Pero ratifica las tesis fundamentales que hemos planteado, a partir de investigaciones rigurosas, sobre cómo en muchos casos están comprometidos integrantes de las Fuerzas Militares. El escándalo ahora estaría encaminado en que un Presidente de la República tiene, por lo menos, una omisión de carácter ético y moral al recibir una recomendación de un mercenario y permitir que, como los hechos lo demuestran, el exterminio y el genocidio sucedieran. Esta denuncia va más allá y muestra la participación directa de un círculo cualificado y elevado del Estado colombiano, que ratifica que los genocidios y los exterminios no son posibles si no cuentan con apoyo de estructuras de poder.
¿Qué espera que haga la justicia, tanto la transicional como la ordinaria?
Lo que estamos pidiendo, para que se actúe con coherencia, es que en el marco de la JEP se llame a declarar al general Samudio, que es el único que está vivo y que, en el marco de la estrechez de la JEP, que sólo procesa obligatoriamente a vinculados de las Fuerzas Militares y de los exguerrilleros de las Farc. Este tribunal debe conocer su versión y profundizar en esta denuncia. Por el lado de la justicia ordinaria, la columna habla de un hecho criminal, lo mínimo que debería hacer el Fiscal General de la Nación, teniendo en cuenta el peso que ha tenido el genocidio, es retomar estas investigaciones. Y, en este particular, indagar en quienes ejercían las responsabilidades. Se debe buscar ese contrato, las personas vinculadas a este, los informes si se presentaron.
Lo complicado es que muchos de los testigos están muertos y, según el periodista, la documentación quizá ni exista...
Yo tengo la idea de que en los procesos penales, particularmente en los homicidios, por más que se busque dejar limpia la escena del crimen, estos delitos siempre persiguen a los responsables. Nosotros pensamos que, en el caso particular, hay que profundizar en la información que hay hasta el momento. Creo que se podría, por ejemplo, indagar con el periodista, ubicar documentos y los testimonios de quienes aún viven son fundamentales, como miembros de la junta directiva de Ecopetrol. Sabemos que muchos están muertos, pero también entendemos que con voluntad política se puede hilar y llegar a mayores pruebas y evidencias. Es una responsabilidad de los órganos de justicia abrir las investigaciones correspondientes.
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Y en este caso contra extranjeros. ¿Cree que eso dificulta la investigación?
Sí, es más difícil. En el caso de Rafi Eitan, que además de estar muerto, cabe recordar que no solamente fue él quien consolidó el exterminio. También fue la presencia de Yair Klein, que está llamado a rendir cuentas a la justicia colombiana, pero seguramente no lo hará porque estará protegido por uno de los estados más fuertes del mundo, como es Israel. Existen suficientes testimonios sobre su compromiso con el fenómeno paramilitar que estuvo ligado al exterminio de la Unión Patriótica.
Ustedes en este momento adelantan un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué ha pasado con el caso?
Sí, de hecho vamos a presentar esta información, a través de nuestros peticionarios, como una evidencia posterior para que la Corte IDH la valore. Nos toca de esa forma porque habrá audiencia final en febrero. Esto será muy importante porque, en últimas, es un punto decisivo de un proceso que lleva más de 20 años en el Sistema Interamericano. Después de esta audiencia, vendrá una parte procesal de alegatos finales y aspiramos que ya haya un fallo, que esperamos va a señalar a la responsabilidad del Estado.
Además de la Corte CIDH, la JEP también adelanta un caso sobre el exterminio de la UP y se llamaron a versión voluntaria a varios militares en diciembre, entre ellos Rito Alejo del Río. ¿Cómo ve ese proceso?
En primer lugar, nos parece que ya era hora, porque el anuncio de la apertura del caso se hizo en 2018. Entendemos que en 2020 todo se truncó por la pandemia, pero queremos más celeridad, porque no ha habido avances en el caso. En febrero también empezarán estas audiencias y nuestros abogados están listos para participar en ellas e intervenir. Esperamos que los militares vayan con la verdad. De lo contrario, sería una burla. Es una etapa decisiva y vamos a estar atentos y persistir en los derechos que hemos reclamado durante toda estas décadas. Este es uno de los casos más representativos, que compromete la participación de miembros del Estado, y deseamos que pueda ser evaluado prontamente. Hay nombres como el de Rito Alejo del Río sobre los que ya se ha entregado suficiente documentación y testimonio, que compromete la participación de miembros del Ejército en el exterminio de la Unión Patriótica, en alianza con empresarios.
¿Cómo cree que lo que pase en la Corte IDH vaya a influenciar en el caso de la JEP?
Ya hay un caso sólido. Hay bastante documentación y será fundamental, para ambos tribunales, la participación de expertos, peritos, que han sido previstos por parte de nuestros representantes. Está prevista la intervención de Aída Avella en la audiencia y también seguramente del Estado. Tenemos confianza de que todo el camino llegará a un puerto de justicia. El caso de la UP ha sido, desde el punto de vista técnico, riguroso por parte de la Corporación Reiniciar, del partido y de las víctimas. Lo que sentimos es que estamos llegando por fin a momentos de decisión, que será útil para nosotros como partido en derechos colectivos, pero también para los derechos de las víctimas.
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¿Cree que el país esté preparado para escuchar la verdad de lo que ocurrió con la UP?
En las dictaduras del Cono Sur siempre se intentó borrar hechos reprochables desde todo punto de vista. Y al final de la historia terminan volviendo. Los muertos, los crímenes persiguen a los responsables. Creo que una reflexión a propósito de esta noticia después de tanto tiempo es que el país necesita la verdad, para continuar sobre la base de un terreno firme y no sobre la base de la impunidad y, en algunos casos, de una justicia ineficiente e ineficaz. Quienes se escandalizan porque esto pudo haber pasado, tienen que entender que no se puede actuar de manera criminal y mucho menos desde la responsabilidades del Estado, y pretender que eso no se conocerá nunca. El deber del Estado es proteger a sus ciudadanos, no atentar contra ellos ni perseguirlos. Me quedo con la esperanza de que los responsables, vivos o muertos, siempre terminan siendo juzgados.