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El próximo 31 de diciembre vencerá el plazo fijado por el Gobierno para que la antigua guerrilla de las Farc entregue todos los bienes y activos que obtuvo durante la guerra y que servirán para reparar a sus víctimas. A menos de dos semanas de que llegue ese día, lo entregado hasta ahora alcanza bajos porcentajes y todavía es mucho lo que está pendiente.
Los representantes del partido FARC han dicho que ese plazo fue fijado arbitrariamente por el Gobierno, desconociendo cronogramas de trabajo pactados con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha señalado que lo que hicieron fue ponerle tiempos a una responsabilidad que asumió la antigua guerrilla en virtud del Acuerdo de Paz.
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Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará de voz de Pastor Alape las gestiones que ha realizado esa colectividad para cumplir con su responsabilidad de entregar los bienes inventariados. A través del auto 228 de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Amnistía o Indulto citaron a ese exjefe guerrillero a diligencia pública virtual de aporte a la verdad, la cual tendrá lugar el próximo miércoles 23 de diciembre a las 2:30 p.m.
Según esa decisión, la JEP cita a Alape “con el fin de que informe de manera pormenorizada el estado actual del proceso de inventario y gestión de los bienes de la antigua guerrilla, las dificultades que, en su concepto, se han presentado en ese proceso y los esfuerzos que se han adelantado para superarlas por parte de los exmiembros de las FARC-EP”.
El auto de esa jurisdicción responde a que el mismo Pastor Alape y Rodrigo Londoño, quienes son los suscriptores del inventario entregado por la guerrilla, le solicitaron a la JEP en mayo pasado ser escuchados sobre el proceso de entrega de bienes. Como se lee en el documento, los exjefes guerrilleros hicieron esa petición pues “consideran que el Gobierno Nacional no ha implementado las acciones que le competen para garantizar la seguridad de los bienes inventariados y su respectiva incorporación a los fondos de reparación de víctimas y, por el contrario, ha puesto estas obligaciones en cabeza de los solicitantes”.
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Según la solicitud de Alape y Londoño, la audiencia es necesaria para comprobar que han cumplido con sus obligaciones como suscriptores del inventario de bienes de las antiguas Farc, en virtud del compromiso adquirido en el Acuerdo de Paz. Londoño también será citado a la jurisdicción, pero por cuestiones de su salud esa fecha está todavía por definirse.
En el fondo de la discusión entre el Gobierno y las Farc sobre la entrega de bienes, un asunto fundamental para la reparación a las víctimas, está un decreto de agosto de 2017 en el que según la FARC el Gobierno cambió las reglas de juego estipuladas en el Acuerdo de Paz. Esa norma estableció que “los exintegrantes de las Farc-EP, que en su momento suscribieron el inventario, deberán garantizar la entrega material de cada bien y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice la entrega material”. Esa responsabilidad, ha sostenido la FARC hasta hoy, es peligrosa para los exguerrilleros porque no tienen cómo asegurar esa custodia en zonas donde hay presencia de grupos armados. Su responsabilidad, dicen, es brindar la información que garantice que se puedan entregar los bienes.
Según el Gobierno, en el inventario entregado por ellos no se puede identificar ningún bien, por lo cual el Estado no puede custodiar bienes que no conoce, por lo cual, sostiene que la responsabilidad es de las Farc. Lo cierto es que en dos semanas vencerá el plazo y aún es incierto el rumbo que seguirá el proceso de entrega de bienes de las antiguas Farc.
En lo entregado hasta ahora por la exguerrilla se encuentran los más de 200 mil gramos de oro que la semana que pasó se vendieron en medio de una subasta en 11 millones de dólares, dinero que irá para la reparación de víctimas. Junto a ese metal, esto es lo que se ha entregado, hasta el 9 de septiembre de 2020: