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Para que los magistrados y los fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puedan cumplir con su labor de juzgar los delitos más graves que se cometieron durante el conflicto armado, es necesario que estudien cómo se desarrollaron las confrontaciones. Para ello, no solo deben escuchar las versiones de quienes comparecen ante esta justicia, sino también revisar informes de las víctimas, exmiembros de las Farc y militares, y visitar los lugares que fueron claves en el desarrollo de la guerra en Colombia.
Uno de esos espacios es la base militar de Tolemaida, en Cundinamarca, uno de los símbolos más importantes del conflicto. Allí están las fuerzas especiales, los batallones de contraguerrillas y el Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos y Minas (CENAM) del Ejército Nacional, que justamente ayer fue visitado por 14 funcionarios de la JEP.
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El motivo de la visita fue una petición de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que buscaba una instrucción especializada para entender el uso de artefactos explosivos no convencionales por parte de la guerrilla extinta de las Farc.
“Estamos conociendo los tipos de artefactos explosivos que fueron utilizados. Esto hace parte de unas capacitaciones que venimos haciendo para interpretar los hechos que debemos investigar”, explicó Giovanni Álvarez, director de fiscales de la JEP.
La delegación, encabezada por la vicepresidenta de la JEP, Xiomara Balanta, y el director de la Fiscalía de la JEP, Giovanni Álvarez, fue recibida por el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército; el general Néstor Robinson Vallejo, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, y la ONG Mil Víctimas, quienes les entregaron una cartilla llamada “Utilización de métodos y medios de guerra ilícitos empleados por las Farc como crimen internacional”.
De acuerdo con el Ejército, este es un insumo que puede contribuir a las labores investigativas que adelanta la jurisdicción, específicamente, en el impacto de estos artefactos explosivos improvisados, usados por el extinto grupo armado, que afectaron a la Fuerza Pública y a la población civil. Además, les puede ayudar a los magistrados a comprender los casos declarados delitos de lesa humanidad.
El Ejército aseguró que esta es solo una parte de la información que entregará a la JEP y reiteró su compromiso con los organismos del Sistema Integral, para contribuir al esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia y la reparación de las víctimas, entre las que se encuentran un número importante de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
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Esta afirmación es muy importante, pues las Fuerzas Militares reconocen la legitimidad de este tribunal y reiteran el deseo de trabajar de manera concertada. Un espaldarazo a esta justicia, que justo hoy atraviesa una tormenta política y jurídica por la objeción presidencial de su Ley Estatutaria. También es una oportunidad para que los magistrados demuestren que no son un tribunal de las Farc, como advierten sus opositores, sino que esperan trabajar de la mano de las Fuerzas Armadas para cumplir con su objetivo: conocer la verdad y reparar a las víctimas.
Los artefactos improvisados y las Farc
La cartilla de 75 páginas que recibieron los magistrados y fiscales de la JEP incluye los datos de las afectaciones en los últimos años por este flagelo, un registro de los dispositivos utilizados por el otrora grupo guerrillero a lo largo de su historia y un análisis de la legislación colombiana e internacional sobre el uso de los medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).De acuerdo con la información, la utilización de las minas antipersonales por parte de las Farc arrancó después de la Séptima Conferencia, realizada en mayo de 1982, en la que se planteó la necesidad de crear nuevas estrategias para el enfrentamiento con los militares. “El cambio de las Farc en su modo de delinquir se debió a que analizaron que para dicha época la Fuerza Pública había introducido una nueva táctica, la cual se basaba en la acumulación, evaluación y compartimentación de inteligencia para operaciones de contraguerrilla”, reza el documento.
Desde entonces, la hoy desmovilizada guerrilla utilizó este y, más tarde, otros tipos de artefactos ilícitos: desde minas antitanques, que explotan por el contacto de un vehículo; minas submarinas, con las que se pretendía hundir o desviar naves; minas antipersonales pequeñas, con las que mutilaban a sus víctimas hasta el tobillo; hasta minas “fantasma” o “borradores”, capaces de asesinar hasta a cinco personas en pocos segundos.
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El Ejército les explicó a los funcionarios de la jurisdicción cómo se construía cada artefacto, los explosivos utilizados y los materiales con los que se armaban, como envases plásticos de alimentos y bebidas, y jeringas. Incluso, se demostró que “una de las tácticas empleadas eran las armas trampas con veneno”.
En una segunda parte, se recuerdan algunos de los hechos cometidos por las Farc con artefactos no convencionales, como el asesinato de 15 personas y un menor en Chita, Boyacá, en 2003, tras la explosión de unos artefactos camuflados en un caballo, que dejaron abandonado en el parque del pueblo. O los explosivos que ocultaron en el cuerpo de un dirigente de Florencia (Caquetá), en 2011, por el que resultaron heridos cuatro policías. También utilizaron biciletas, lanchas, burros y cilindros bomba (como el caso de Bojayá).
Estos artefactos no sólo acabaron con la vida de centenares de personas, según el Ejército. Entre 2000 y 2015, se perpetraron 4.949 acciones de sabotaje con enormes pérdidas económicas y ambientales. La exguerrilla, dice el documento, se enfocó sobro todo en destruir torres eléctricas (2.652), oleoductos (1.683), torres de comunicación (289), contra puentes (210) y acueductos (19).
Por otro lado, en la información entregada por el Ejército se hace un recuento de las cifras. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y junio de 2013, se reportaron 26.433 eventos con este tipo de artefactos. De estos, 6.032 fueron accidentes y 20.401 incidentes. El 98 % de estos hechos ocurrieron en el área rural.
Hasta 2013, dice la dirección, en Colombia existían 2.848 zonas minadas, ubicadas en 31 de los 32 departamentos del país, siendo San Andrés Islas la única que se libraba de esta tragedia. De acuerdo con la cartilla, los cinco departamentos con mayor número de víctimas fueron Antioquia (22 %), Meta (10 %), Caquetá (8 %), Norte de Santander (7 %) y Nariño (6%). En cuanto a los perpetradores, el Ejército estableció que de 6.532 exmiembros de las Farc, 739 se especializaron en el uso de explosivos, lo que representa en promedio el 11 % de su pie de fuerza. El gran aporte de explosivistas fue del Bloque Oriental (225 personas), seguido del Bloque Occidental (193) y el Bloque Sur (123).
“En la mayoría de los casos, los explosivistas no hacían parte de la jerarquía en los frentes, pero revestían una destacada importancia por la función que desempeñaban; por lo tanto, su relación de casi exclusividad con los cabecillas los hacía indispensables, circunstancias que les proporcionaban ciertos privilegios”, advierte el documento.
Para los militares, es importante que los magistrados de la JEP tengan claro que, a partir de este informe, se evidencia que el grupo guerrillero desmovilizado infringió los principios establecidos por el DIH, pues utilizaron métodos prohibidos en diferentes acuerdos internacionales, entre los que se encuentra la convención de Ottawa de 1997, y atentaron contra civiles.
Agregan que los actos perpetrados por las Farc “obedecen a la planificación de acciones delictivas que no son aisladas ni espontáneas; por el contrario, tenían un buen trabajo de inteligencia que les permitía lograr un mayor impacto.
A pesar de esto, denuncian los militares, existe una gran cantidad de inconsistencias presentadas por algunos funcionarios públicos, quienes "confunden comportamientos establecidos en los delitos comunes con las infracciones graves al DIH reguladas en el código penal".Y esto incide a la hora de impartir justicia, pues quienes cometen los delitos son juzgados con menos severidad, a pesar de que Colombia adquirió compromisos internacionales.
La problemática de las minas antipersonales y los explosivos no convencionales sigue vigente. Hace apenas un mes, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que las víctimas por este flagelo se incrementaron en 287 % en 2018. En lo corrido de 2019 y hasta el 20 de febrero las cuentas del CICR sumaban 17 víctimas. Solo del 2 al 8 de febrero fueron afectadas cinco personas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo en víctimas por minas antipersona y explosivos improvisados, y el segundo deshonroso puesto en el número de víctimas de la Fuerza Pública. Nuestro país es el único de América donde los grupos armados ilegales emplean estas armas. Aunque antes las manipulaban las guerrillas de las Farc y el Eln, ahora están siendo utilizadas por todos los actores armados: Eln, Clan del Golfo, disidentes de las Farc y Rastrojos.