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El Alcalde de El Copey (Cesar), Francisco Meza Altamar, tendrá tres días hábiles a partir del 12 de febrero para defenderse o justificar su rechazo a la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz de abrirle un trámite de medidas correccionales.
En palabras más sencillas, este trámite que definió la JEP será para corroborar si efectivamente el alcalde desacató total o parcialmente la orden de esta entidad de proteger el cementerio alterno del municipio, donde podrían estar enterradas al menos 100 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Luego de esta evaluación vendría la sanción correspondiente.
Esta decisión fue tomada por los magistrados a raíz de la solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), representante de algunas de las víctimas, de abrir un incidente de desacato contra el alcalde al evidenciar que está realizando construcciones en el sitio a pesar de la medida cautelar y la orden expresa de la JEP de no intervenirlo.
Pero además, según el auto 038 de 2021, se presentaron otros cuestionamientos que serían evidencia de su incumplimiento: Por una parte, el mismo 30 de julio de 2020, día en que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) declaró este cementerio como lugar de interés para la búsqueda tras conocerse el video donde se hallaron restos óseos en las fosas donde se enterrarían a fallecidos por covid-19, la Alcaldía tramitó la división de este predio en tres lotes.
La construcción que evidenció la CCJ se está realizando en el lote 3, ubicado en la calle 7 con carrera 3 en El Copey. “El registro de un desenglobe del predio luego de haber sido notificado de las medidas de protección se presenta como un obstáculo y nuevo riesgo para el derecho a la verdad de las víctimas que buscan a sus seres queridos”, le manifestó la UBPD a la JEP en el proceso.
Por otro lado, el mismo alcalde declaró en medios de comunicación que sería imposible cumplir con la orden de custodia y cuidado del cementerio debido a la falta de recursos. Y finalmente, fueron decisivos los videos y fotografías que presentaron la CCJ y la Fiscalía en los que se ven las lonas de construcción y el avance de las obras. “Adicionalmente, no resulta evidente para la Sala la adopción de medidas dirigidas a proteger el predio considerado lugar de interés”, se resalta en el documento.
El alcalde Meza le ha sostenido a la JEP que la división de los lotes se hizo antes del trámite de la UBPD y que hubo una “falta de definición sobre el alcance de las medidas de protección de la JEP, por lo que la Alcaldía decidió aplicar su propia interpretación y adoptar medidas respecto de los predios que, a su juicio, están protegidos por este trámite”. Es decir, asumió que en el lote 3 sí podía construir sin verificar que en ese sitio no hubiera cuerpos de personas no identificadas.
Además se respalda en una acción popular fallada el 10 de agosto de 2018 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en la que le exigen a la Alcaldía de El Copey construir y mejorar el cementerio municipal en estos lotes. Su defensa ante la denuncia de la CCJ es que está cumpliendo con esa primera orden judicial. Para la JEP, las dos órdenes judiciales no necesariamente chocan, pues la prioridad es preservar los cuerpos no identificados inhumados en el cementerio alterno.
La JEP también ordenó realizar una inspección judicial en este terreno para recaudar información sobre su estado actual. Esta tendrá que ser llevaba a cabo por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en colaboración con la UBPD y el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube de la Fiscalía)
El clamor de Doris Tejada
El hijo de Doris Tejada, Oscar Alexander Morales Tejada, está enterrado en el cementerio alterno de El Copey desde enero de 2008. No se conoce su ubicación exacta y a pesar de los múltiples intentos por buscarlo y la exhumación de algunos cuerpos, no ha sido encontrado.
De acuerdo con información de la CCJ, Oscar, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos” por miembros del Batallón de Artillería N°2 La Popa en el departamento del Cesar. Los tres están enterrados en este sitio y por los tres pregunta Doris, la única de las Madres de Soacha que no ha podido recuperar el cuerpo de su hijo.
En un video en Twitter, Doris y su hija le pidieron al alcalde Meza que detenga las construcciones en el cementerio alterno. “Llevo 13 años buscando a Oscar. Me dirijo a usted señor alcalde, para que por favor detenga esa construcción. Primero saquemos los cuerpos que están allí en ese sitio”, le dijo Doris.
Oscar salió de su casa en Fusagasugá el 20 de diciembre de 2007 con destino a Cúcuta, para vender la ropa que compró con sus ahorros. Le prometió a sus padres, Doris y Darío, que regresaría para pasar fin de año con ellos.
El 16 de enero de 2008, el Batallón La Popa reportó a su hijo Oscar como guerrillero caído en combate. Para Doris es imposible que su hijo se hubiera ido a la guerrilla en tan pocos días. Él tenía 26 años cuando lo asesinaron y la noche en la que ocurrió Doris soñó con un terreno amplio, seco y destapado con un árbol frondoso a un lado.
En junio de 2011, en la primera peregrinación que hizo al sitio donde la Fiscalía le dijo que estaba Oscar, corroboró que el lugar de su sueño era el terreno al que llaman el cementerio alterno de El Copey. Todavía hay un vacío en ella y en su familia de cómo su hijo terminó en Cesar desde Cúcuta. Además del hallazgo de su hijo, esta una de las preguntas que espera que le resuelvan en la JEP los militares implicados en el caso.
Lo que está pasando con el alcalde Meza y el cementerio es nuevamente una tortura a sus 70 años. Le gana el afán y el miedo de que se pierda por completo la única esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo para sepultarlo. Solo espera que lo que está sucediendo a partir del trabajo de la JEP sirva para encontrar a Oscar.
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