JEP estudiará si protege el estero San Antonio en Buenaventura, donde habría desaparecidos

De no realizarse una búsqueda de cuerpos, se declare entonces al estero como lugar de memoria, como un sitio que recuerde lo que el distrito ha vivido por más de 20 año.

Foto: Ever Andrés Mercado

Hace cuatro meses, familiares de víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos emprendieron un viaje al estero San Antonio, en Buenaventura (Valle del Cauca), para exigir que el Estado visite este manglar donde, presumen, habrían cuerpos de personas dadas por desaparecidas. En ese entonces, le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo protegiera para detener un proyecto de dragado que amenaza la única posibilidad de encontrar a sus seres queridos.

Hoy, en medio del encuentro entre la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en el que se firmó el Pacto por la Búsqueda en Buenaventura, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento emitieron un auto con el que empezarán a estudiar si es necesario decretar medidas cautelares en el estero San Antonio y así salvaguardar los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares. Este es un primer paso en dicho trámite.

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Sitios como el estero, según habitantes de Buenaventura, fueron receptores de cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado. Los familiares denuncian que desde el 2000 empezaron a ver que, en esa zona de baja mar, los grupos armados ilegales arrojaban cuerpos a las orillas o dentro del manglar, entre las ramas, las raíces y el mar. De hecho, estos lugares son conocidos como ‘acuafosas’. En otros casos, como un lugar denominado El Cocotero, usado por las extintas Farc, fueron depositados en bolsas o costales y amarrados al manglar.

“Entre las disposiciones adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP se ordenó convocar una audiencia reservada con los peticionarios, donde todos puedan ser escuchados. Se solicitó, además, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería municipal que faciliten la organización y participación de las víctimas”, señaló el magistrado Gustavo Salazar.

Entre las ocho decisiones que adoptó la JEP, en el marco de estudio de las medidas cautelares del estero de San Antonio, se decidió vincular a esta actuación a la Alcaldía de Buenaventura, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y al Consorcio San Antonio, quienes tendrán 15 días hábiles para que se pronuncien. “Esto, como legítimamente interesados en el curso de la investigación, ya que la comunidad ha advertido sobre un proyecto de dragado de mantenimiento, que busca mejorar la navegabilidad y que impediría la búsqueda y reconocimiento de las víctimas”, añadió Salazar.

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Asimismo, la JEP les dio diez días a las partes para que informen sobre al menos dos hechos: “Si las obras de dragado en el Estero de San Antonio ya se han iniciado o se encuentran en curso o si, por el contrario, están suspendidas, indicando su causa y fecha prevista para su reanudación. Y qué medidas se han adoptado, o se contempla adoptar, para responder a la preocupación de las personas y organizaciones sociales solicitantes de las medidas cautelares, así como otras organizaciones ciudadanas, sociales o de derechos humanos”, resaltó la Jurisdicción.

Cabe recordar que la obra fue acordada con Invías en octubre de 2019 y consiste en la remoción del suelo marino, exactamente 624.000 metros cúbicos. El objetivo es aumentar su profundidad a 4.5 metros, para que puedan circular barcos de cabotaje, que transportan mercancías de puerto a puerto. Para eso se utiliza una draga que succiona la arena, sedimentos y materiales que se encuentren a su paso. Todo lo que se recoja, según la alcaldía, se transportará en tuberías hasta la isla Pájaros, conocida también como isla Calavera, ubicada frente a la zona de baja mar del barrio Lleras.

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En la decisión también fueron vinculadas la Fiscalía General, Medicina Legal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo para que den información sobre hechos de desaparición forzada sucedidos en Buenaventura. Las entidades deberán entregar los datos que tengan en su poder sobre la posible existencia de cuerpos o estructuras óseas de las víctimas en el estero o sus alrededores.

En la ciudad existe un alto subregistro de personas dadas por desaparecidas. Según cifras del Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres de Buenaventura, se estima que, entre 1990 y 2013, han sido reportados de manera oficial 475 víctimas de desaparición, sin embargo, organizaciones sociales y de base comunitaria que han acompañado este proceso en la ciudad estiman que los casos son ascienden a 1.200. La disparidad en las cifras se debe a que las comunidades y familiares no han acudido a entidades como la Fiscalía por miedo a recibir represalias.

Los grupos armados que les impedían recoger o buscar los cuerpos de las personas desaparecidas eran el frente 30 de la entonces Farc-EP, que desde la década de los noventa tuvo una fuerte presencia en el Pacífico colombiano, y el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que arribó en el 2000.

A pesar de esto, las organizaciones le hicieron una cartografía a la JEP, en la que especifican los puntos donde están seguras de que hay personas dadas por desaparecidas: el canal de acceso al estero; el área de dragado; los sitios donde se ubicaron quince lugares de desmembramiento (casas de pique), ubicadas en nueve calles de la Comuna 4 desde el año 2002, con especial énfasis en el periodo 2006 al 2013; la Isla Pájaro o Calavera, desde el lugar a donde desemboca el río Dagua; la ruta de acceso al estero; el embarcadero zona de Juancho, en la Comuna 8, identificado como un lugar utilizado por grupos paramilitares en 2004 para arrojar cuerpos; un embarcadero y dos casas de pique ubicados en el estero Amazonas, pero próximos al estero San Antonio, y El Palmar, ubicado en la Comuna 8.

Aunque en más de una decena de ocasiones se ha denunciado lo que ocurrió en estos puntos, los familiares de las víctimas no han recibido atención. Al contrario, muchas de ellas han sido amenazadas. Por eso, la JEP compulsó copia de la solicitud de protección personal elevada por la organización Madres por la Vida, una de las peticionarias, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que en un término de diez días informe todas las gestiones realizadas.

Para Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, “esta decisión es sumamente importante en esta apuesta que estamos haciendo por este territorio como Sistema Integral y es que que convoca la unión de esfuerzos y reacciones para poder responderles de la manera más integral y efectiva a las víctimas”. Desde este momento, su entidad emprende un trabajo coordinado para satisfacer de la manera más ágil y eficiente los derechos de las víctimas.

“¿Qué sigue? Unas actividades que ya teníamos planeadas en la UBPD: avanzar en una prueba piloto sobre este Estero a fin de determinar cuál es la mejor metodología para abordar todo el estero, pero a la vez vamos a determinar el plan de búsqueda en el marco de este contexto complejo, particular: fosas acuáticas (como se ha denominado). La Unidad de Búsqueda deberá desarrollar su tarea humanitaria y extrajudicial”, explicó Monzón.

Finalmente, la directora aseguró que la decisión es un reconocimiento al esfuerzo de las víctimas y organizaciones que tienen el rol de incidir ante las instituciones que respondan: “Es una decisión que llega en un muy buen momento, es la manera concreta de reconocer ese esfuerzo, esa experiencia y responder a las necesidades que están planteando”.