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Una vez más, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dice que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para frenar los asesinatos a excombatientes de las Farc son insuficientes. Hace ya casi un año, en abril de 2020, esa jurisdicción empezó el trámite de medidas cautelares de protección para los reincorporados y desde entonces ha emitido varias órdenes a entidades del Gobierno en aras de evitar los asesinatos, pero algunas de ellas, hasta hoy, siguen sin cumplirse y ya son 259 firmantes del acuerdo de paz asesinados.
En tres autos publicados este martes, con fecha del pasado 26 de febrero, la jurisdicción emitió nuevas órdenes, reafirmó otras que ya había dado, y además realizó un duro diagnóstico en materia de esclarecimiento de las agresiones a los exFarc que, con las mismas cifras oficiales, contradice lo que han dicho funcionarios del Gobierno. Igualmente, reiteró que el Gobierno no ha avanzado en el desmantelamiento de organizaciones criminales, un mandato del Acuerdo de paz, 4 años después de firmado el compromiso.
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¿Por qué es particularmente grave para ese tribunal que estén asesinando a los exintegrantes de las Farc? El 15 de febrero de 2021, el excombatiente Manuel Alonso estaba llamado a rendir su versión voluntaria dentro del macrocaso 05, que investiga las afectaciones en el norte del Cauca y en el sur del Valle. El 27 de diciembre de 2020 el exguerrillero fue asesinado “dejando a las más de 150.000 víctimas acreditadas en ese caso sin la posibilidad de esclarecer múltiples hechos de los cuales tenía información”, dice el auto de la JEP. Cada muerte de un reincorporado que comparece ante esa jurisdicción priva a las víctimas de un pedazo de la verdad, como escuchar el relato de los hechos victmizantes que conozca o lo que tenga por decir sobre la ubicación de sus seres queridos desaparecidos. De continuar la tendencia como va, advirtió la Fiscalía de la JEP el año pasado, en diciembre de 2024 serían 1.600 los exFarc asesinados.
Los bajos niveles de esclarecimiento
En los autos, la JEP cuestiona los resultados que ha entregado la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que lleva los casos de los excombatientes. De 280 casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada de exguerrilleros y sus familiares, solo se han emitido 33 sentencias, lo que corresponde al 11% de esclarecimiento. Y en relación con las amenazas, de 251 investigaciones abiertas, solo se han proferido 7 sentencias, lo cual no llega al 2% del total.
Además, la jurisdicción resalta que para hablar de esclarecimiento de los casos es necesario investigar todos los responsables, incluyendo a los determinadores o autores intelectuales, más allá del autor material. En esas cifras también se rajan los resultados de la Unidad Especial de Investigación. De las 280 víctimas, solo se ha vinculado a determinadores en 48 casos, es decir el 17% del total. Solo en uno de cada tres casos que tienen avance investigativo se les ha vinculado a los determinadores.
En las investigaciones por amenazas se han archivado 32 porque es imposible ubicar al responsable, es decir, “en más de 1 de cada 10 investigaciones la Fiscalía ni siquiera continúa la investigación reconociendo su imposibilidad de esclarecer los hechos y en las demás apenas el 1,10% de los procesos está en juicio”, advierte la JEP. Igualmente, en más de la tercera parte de las investigaciones no se ha podido acudir al lugar de los hechos y en casi una cuarta parte de los casos no se puede privar de la libertad al presunto responsable.
Con ese panorama, la JEP ordenó a la Unidad Especial de Investigación que realice las investigaciones sobre las denuncias de amenazas a reincorporados; que adopte medidas en coordinación con la Unidad Nacional de Protección para proteger a quienes denuncian amenazas; que esclarezca los autores intelectuales de las agresiones a los exFarc y que sobre esos temas informe bimestralmente a esa jurisdicción y a la Procuraduría sobre el estado de avance. Además, al Ministerio de Defensa le ordenó que brinde apoyo a la Fiscalía para acudir al lugar de los hechos y así se pueda avanzar en las investigaciones.
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El desmantelamiento de las organizaciones criminales
El otro fuerte llamado de atención de la JEP fue al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, por la dilación en adoptar la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, pactada en el Acuerdo de paz. Y el llamado es a ese funcionario en particular pues es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia en la que debe acordarse esa política pública.
Allí mismo los representantes de la sociedad civil y plataformas de DD.HH. han presentado propuestas para esa política, y “si bien el Alto Comisionado para la Paz ha presentado proyectos, actas y comentarios al documento, la terminación del mismo no da más espera”. Además, se debe tener en cuenta que esa jurisdicción ya le había ordenado al alto comisionado, en julio de 2020, que remitiera los lineamientos y el plan de acción de esa política pública. “Ni siquiera con esta orden la Comisión Nacional de Garantías ha finalizado los lineamientos”.
“Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de 2 años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, sostiene la JEP. Ello genera que aunque haya esfuerzos de la Unidad Especial de Investigación, “estos no se ejecutan en el marco de una política para el desmantelamiento, que haría más efectivas las acciones pues dependerían del trabajo articulado de varias organizaciones, que además están reunidas en la Comisión Nacional de Garantías”.
Por eso, se le ordenó al alto comisionado para la Paz que en el término improrrogable de 15 días hábiles remita a esa jurisdicción los lineamientos y el plan de acción de la política pública para el desmantelamiento y que de no hacerlo enfrentará sanciones por desacato.
Entre otras de las decisiones, la JEP negó un recurso de apelación que había interpuesto el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, contra una orden de esa jurisdicción que le pedía adoptar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para los excombatientes de las Farc. En la nueva orden, la jurisdicción le requiere que coordine las acciones necesarias con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, donde también se sienta el hoy partido Comunes, para adoptar ese plan y ponerlo en funcionamiento de inmediato. Igualmente, que junto con la UNP ejecuten todas las medidas de protección para exguerrilleros que ya fueron aprobadas, pero que están pendientes de implementación.