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El 25 de noviembre de 2020, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará una audiencia pública a la que están citados nueve altos funcionarios del Gobierno Nacional. Entre ellos están Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, y Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. El objetivo de la diligencia: verificar cómo estas entidades han cumplido las órdenes que dio la Sección de Ausencia de Reconocimiento para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz.
Los otros funcionarios citados son Emilio José Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Alberto Carrasquilla Barrera, ministro de Hacienda; Alicia Arango Olmos, ministra del Interior; Carlos Holmes Trujillo García, ministro de Defensa; Mónica Cifuentes Osorio, procuradora delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz; Ricardo Arias Macías, defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, y Alfonso Campos Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección.
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Entre las cuestiones que abordará la JEP en dicha audiencia están las garantías de seguridad para la reincorporación, con enfoque territorial, de género y étnico. “También se revisará lo realizado para prevenir y superar la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación”, dijo la JEP a través de un comunicado de prensa. Por último, se “verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios”.
La JEP, desde el pasado 29 de abril de 2020, empezó un trámite de estudio de medidas cautelares a quienes comparecen ante esta jurisdicción, fundamentalmente a excombatientes de las Farc y exintegrantes de la Fuerza Pública. Ese día en que empezó el estudio de las medidas se habían registrado 193 asesinatos de exguerrilleros de las Farc y 16 exmiembros de la Fuerza Pública amenazados. Hoy, son 230 exguerrilleros los que han sido víctimas de homicidio desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
En avance de este trámite, el pasado mes de junio, la JEP también le ordenó al comisionado Ceballos y al consejero Archila convocar varias instancias encargadas de discutir y resolver el tema de las garantías de seguridad, como la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Protección para elaborar planes, enviar informes y resolver solicitudes de análisis de riesgo pendientes, entre otros temas.
Por su parte, a la Unidad Nacional de Protección se le ordenó enviar informes de cumplimiento de las órdenes cada 10 días. En esa ocasión también se vinculó al Ministerio de Hacienda para informar sobre los dineros destinados para cada uno de los programas.
La medida cautelar ante la JEP es una figura jurídica a la que muchos exguerrilleros amenazados están acudiendo para buscar protección, toda vez que existen más de 176 exguerrilleros en riesgo, que han denunciado amenazas y que no se les ha resuelto su situación, de acuerdo con los registros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). A principios de junio pasado, 20 exguerrilleros que pertenecieron a varios frentes en el norte del Cauca, por ejemplo, abandonaron la vereda Monterredondo, donde intentaban desarrollar actividades económicas para su reincorporación. La razón: un grupo armado ilegal le advirtió a la comunidad que iban a detonar un cilindro bomba en ese lugar si los miembros del partido FARC no se iban de la zona.
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