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Un nuevo capítulo se abre en el caso 01, sobre retenciones ilegales o secuestro, que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz. Los magistrados de la Sala de Reconocimiento decidieron llamar a entrevista a un grupo de facilitadores para la liberación de civiles y militares, quienes conocieron de cerca este flagelo. Exfuncionarios, dirigentes políticos y miembros de la iglesia católica deberán asistir a esta justicia a contar su versión de estos crímenes.
Dentro de la lista de citados está el exministro Álvaro Leyva Durán, quien trabajó a favor del acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados. Hizo parte de labores humanitarias, como las relacionadas con el rescate de los cuerpos de los diputados del Valle.
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La exsenadora Piedad Córdoba, quien se desempeñó como facilitadora en temas del acuerdo humanitario para lograr la liberación unilateral de políticos y militares, entró en la lista. También llamaron a Andrés Peñate, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Daniel García-Peña, exconsejero presidencial de paz, quien participó, entre otros temas, como delegado del gobierno en el proceso de negociación para la liberación de los soldados retenidos en la toma de Las Delicias.
Asimismo, le pidieron a José Alfredo Escobar Araujo, zar antisecuestro entre 1998 -1999; José Noe Ríos, exalto consejero para la paz, y Monseñor Luis Augusto Castro, expresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana y de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), participar dentro de estas diligencias que esperan abrir el panorama de este flagelo en el país.
Las entrevistas se realizarán entre el 6 y el 24 de marzo, en las instalaciones de esta justicia en Bogotá. Estos testigos fueron elegidos, según la JEP, por haber tenido acceso a información de primera mano sobre las dinámicas de los secuestros cometidos por las Farc EP, conocer el estado de salud de las víctimas y en algunos casos haber manifestado verbalmente voluntad de aportar información.
“Con estas entrevistas la Sala de Reconocimiento espera recaudar más información que le permita profundizar sobre las dinámicas del secuestro, en especial aquellas relacionadas con los acuerdos humanitarios y el canje de civiles y militares por guerrilleros privados de la libertad”, afirmó la Jurisdicción.
La decisión de llamar a estas personas se da en medio del inconformismo de las víctimas con las versiones hasta ahora rendidas por los exjefes de las Farc, reveladas por este diario. Para las personas afectadas, hasta ahora no han dicho la verdad de las violencias que tuvieron que padecer durante su cautiverio y se han llenado de excusas para no asumir sus responsabilidades.
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En una carta dirigida a la magistrada Julieta Lemeitre, la expolítica Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las extintas Farc durante seis años, dijo que las declaraciones de los excombatientes eran acomodadas y convierten a las víctimas en responsables.
“Las Farc presentan el secuestro como una actividad regulada por ellos mismos con lo cual invierten la responsabilidad del delito. Así pues, según ellos, mis intentos de fuga los obligaron a encadenarme y a someterme a otros castigos que mencionan parcialmente. Olvidan que yo estaba en derecho de buscar recobrar mi libertad. Resulta entonces acomodada la versión de hacer de las víctimas las responsables del maltrato al que nos sometieron”, insistió Betancourt.
Aunque las demás víctimas están de acuerdo con Betancourt, también aclararon que es temprano para decir que la JEP no está cumpliendo, pues es un proceso en el que esperan ser reparadas.