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Después de que 1.028 víctimas en el caso de secuestro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hicieran una serie de observaciones sobre los aportes de verdad que hasta ahora han realizado los exguerrilleros, la magistratura decidió llamar a versión voluntaria a tres mandos medios que fueron nombrados, recurrentemente, en hechos de toma de rehenes y graves privaciones de la libertad: Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez.
Los tres excombatientes, quienes asistieron a la JEP el 4, 8 y 11 de marzo, con presencia de los abogados de las víctimas y la Procuraduría, hablaron sobre su responsabilidad en el secuestro de militares, policías y civiles, y respondieron las preguntas de las víctimas. Durante las diligencias asumieron que sí cometieron tratos crueles e inhumanos contra las personas que tenían secuestradas.
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Marcos Alvis Patiño, conocido como Patequeso, reveló que “a los policías que estuvieron cautivos se les ponía un nylon para sujetarlos.” A pesar de que tenían diarrea “no podían ir al chonto entre las 6:30 p.m. y las 5:00 a.m. una vez se cerraba la puerta” y debían hacer sus necesidades en bolsas e incluso “en los recipientes donde comían”.
Durante más de siete horas, Patiño rindió versión ante la Sala de Reconocimiento sobre cómo sufrieron los policías en los dos campos de secuestrados que comandó y en donde los tenían detrás de alambradas, como se mostró en el documental El Verde Mar del Olvido, filmado por Caracol Televisión en 2000.
Fue Patiño, como segundo comandante del Frente 39 de las Farc, quien durante años tuvo en su poder a policías que fueron secuestrados durante la toma de Mitú, en 1999, entre los que estaba el general Luis Mendieta. El exguerrillero, según la JEP, “pidió perdón a las víctimas y realizó un detallado relato de los horrores de la violencia de la que él fue partícipe”.
“El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande”, agregó Patiño después de que la magistrada Julieta Lemaitre le leyera una solicitud del general Mendieta, en la que pedía que se reconociera que “ellos estaban cerca de los marranos, les llegaba el olor constante, y que no tenían agua suficiente y los marranos sí. Tenían sed, se sentían humillados”. El excombatiente no sólo admitió la situación, sino que también la describió con un mapa que elaboró explicando la distribución del campo y la forma como le bombeaban agua a los marranos, a los cautivos y al campamento de los guardias.
Cuando le pidieron hablar sobre el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, que sufría problemas de salud mental y que sigue desaparecido, Patiño respondió: “Yo incluí al intendente Peña en la lista de secuestrados enfermos para ser entregados en intercambio humanitario, pero luego fue retirado”. Frente a este caso, se comprometió a averiguar con otros excombatientes en Mesetas (Meta) sobre qué pasó con el intendente Peña Bonilla.
En la versión, el exguerrillero también dio detalles de los dos campamentos donde mantuvieron a los policías cautivos. Explicó que en un horario específico llevaban a bañarse a los secuestrados al Río Apaporis, en cercanías del Chiribiquete. Relató, además, que los comandantes eran quienes establecían el tamaño y las formas en que eran construidas las zonas donde permanecían los secuestrados.
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“El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”, señaló el compareciente de las extintas Farc-EP quien aseguró estar arrepentido y comprometido con ayudar a esclarecer qué pasó con las víctimas.
Por otro lado, Alfonso López Méndez, quien fue comandante del Frente 27, uno de los más grandes de la extinta guerrilla, reconoció que el frente llegó a tener 500 guerrilleros y 400 milicianos que hicieron presencia en regiones extensas de los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama, Meta.
Asimismo, señaló que su organización se financiaba del cobro de la pasta base de coca, “acumulando millonarios ingresos que le permitían ejercer el control territorial de vastas zonas, incluso construyendo carreteras en estas”. De acuerdo con la JEP, describió cómo los guerrilleros eran divididos en “comisiones” que controlaban regiones específicas y que, además de los ingresos por la pasta base de coca, recibían ingresos por “multas” cobradas a los campesinos de la región.
“El cobro de estas “multas” estaba precedido de secuestros; a los campesinos se les acusaba de ser informantes enemigos o de no cumplir las órdenes de la guerrilla, en especial la de pagar el “impuesto” a la pasta base de coca. Algunos campesinos eran asesinados y aún se encuentran desaparecidos y sus familiares los buscan, razón por la cual la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas estuvo presente en la diligencia, así como las víctimas acreditadas”, reveló la JEP.
Las víctimas de López Méndez aseguraron que no sólo fueron torturadas y maltratadas, sino también obligadas a pagar sumas de dinero que iban entre 5 y 50 millones de pesos y que los dejaban sumidos en deudas y pobreza. Las víctimas exigieron que el antiguo comandante reconociera su responsabilidad por estos hechos y les explicara de dónde salían las acusaciones falsas de que ellas eran colaboradoras de los paramilitares. El excomandante las acusaciones y pidió perdón a las víctimas presentes.
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El otro de los mandos medios que fue a la JEP fue Jhoverman Sánchez, conocido como Rubén Cano, quien fue el tercero al mando del Frente Quinto hasta 1997 y luego comandó el Frente 58, que operaba en la misma zona del Nudo de Paramillo, Urabá y Chocó. Según le dijo a la JEP, participó en operaciones militares en Riosucio, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, Carmen de Atrato y Juradó.
En total, 34 víctimas enviaron observaciones y preguntas sobre Sánchez, quien en la diligencia reconoció su participación en estos delitos, pidió perdón a quienes sufrieron estos crímenes y se comprometió a investigar los que cometieron guerrilleros que estuvieron bajo su mando.
El excombatiente también dio detalles a la magistrada Julieta Lemaitre sobre el secuestro en Urrá, Córdoba, en 1994, a dos topógrafos de nacionalidad sueca, un ingeniero colombiano y dos conductores, todos contratistas de Skanska. .
Jhoverman Sánchez reconoció su participación en el secuestro de al menos 137 miembros de la fuerza pública, entre 1998 al 2005. Sin embargo, ante los vejámenes que una de las víctimas directas de estos casos denunció haber sufrido en medio de su cautiverio, respondió: “había otros mandos superiores a mí que se encargaban de esto”.
Por último, Sánchez se refirió a los casos de desaparición forzada en la zona de Dabeiba, pues las víctimas adviertieron “que era común que cuando transitaban del Urabá hacia Medellín, en Dabeiba, en un puente los paraba la guerrilla constantemente, se montaban, señalaban quiénes se tenían que bajar, los mataban y los tiraban al río.” El hombre dijo que “sí sucedieron esos hechos” y que “esa acción la hacían comisiones de dos frentes: 34 y Quinto.
Además de Patiño, López Méndez y Sánchez, a la fecha han rendido versión Bernardo Mosquera Machado, Héctor Julio Villarraga, Wilmar Antonio Marín Cano y Reinel Guzmán. Hasta el 9 de abril, la Sala de Reconocimiento escuchará las versiones de tres comparecientes más: Sandra Patricia Velásquez, Fancy María Orrego y Pedro Trujillo Hernández.
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Cabe recordar que hace un mes, la JEP imputó a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes. También les imputó otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.
En estos momentos, la magistratura está trabajando para emitir otras decisiones en las que le atribuirá la responsabilidad de los mandos medios, jefes de bloques y autores materiales de los secuestros, agrupados por bloque de frentes.