JEP ordena proteger de posible contagio de COVID-19 a coroneles (r) investigados

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Los coroneles retirados Joaquín Correa López y Jorge Eliécer Plazas Acevedo están recluidos mientras la Jurisdicción Especial para la Paz los investiga por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y desaparición que habrían cometido en el conflicto armado.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este miércoles que se tomen las medidas de protección humanitarias necesarias para evitar el contagio con COVID-19 en los centros penitenciarios de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional y la cárcel de alta seguridad para miembros de la fuerza pública de Facatativá de los coroneles retirados Joaquín Correa López y Jorge Eliécer Plazas Acevedo, recluidos en estos centros respectivamente. 

Los comparecientes ante la JEP son investigados por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y desaparición forzada, cometidos en el marco del conflicto armado. Correa López, por haber presuntamente permitido la masacre de Barrancabermeja (1998) y Plazas Acevedo, por el secuestro de Martha Cecilia Velásquez Álvarez (1999). 

De acuerdo con la JEP, Correa y Plazas no pueden acceder al beneficio de prisión domiciliaria por los delitos por los que son investigados y, además, hacen parte de la población en riesgo por ser mayores de 60 años y padecer comorbilidades, por lo que se le ordenó a los centros penitenciarios aislar a los coroneles retirados del resto de reclusos para disminuir al máximo la posibilidad de contagio con el nuevo coronavirus. 

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"La Sala ordenó que el teniente coronel (r) Correa López sea trasladado a un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional y dio instrucciones para tal fin a la Inspección General de la Policía Nacional y al Jefe de la Escuela de Carabineros y Guías Caninos, quienes tienen a su cargo las actividades de control, vigilancia y verificación de las condiciones de privación de la libertad del oficial", dice la JEP, quien hizo la misma solicitud para el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, "se deben adoptar las medidas necesarias para su ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio de COVID-19".

Correa López tiene 64 años de edad y padece de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. La JEP aceptó su sometimiento como compareciente en marzo de este año, por presuntamente haber permitido la masacre de Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, cuando era el comandante operativo especial de la Policía del Magdalena Medio. En este hecho fueron asesinadas 11 personas y 35 más fueron desaparecidas. 

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Aunque la masacre fue cometida por las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar (Ausac), según el expediente, los exmiembros de la fuerza pública fueron acusados por haber omitido de manera concertada e intencional su deber de proteger a la población civil, "por lo cual se les atribuyó responsabilidad como coautores de los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo, y de desaparición forzada, en concurso heterogéneo, este último bajo la figura de acción por omisión", explicó la JEP.

Plazas Acevedo tiene 62 años y se acogió a la JEP en agosto del 2018 por estar involucrado en el secuestro de Martha Cecilia Velásquez Álvarez, ocurrida el 22 de febrero de 1999, en Bogotá. El coronel (r) también está procesado por el crimen de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999; por la Masacre de Mapiripán, cometida por paramilitares en julio de 1997; y por el homicidio de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en mayo de 1997.

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