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Los días 8 y 9 de octubre se realizará la segunda audiencia pública para recaudar información que le permita a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) decidir si toma o no medidas cautelares sobre algunas zonas donde podrían encontrarse restos de personas dadas por desaparecidas. Esta vez sobre la zona de influencia del proyecto hidroélectrico Hidroituango: en los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño (Antioquia).
La diligencia es convocada por la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y están citadas entidades como Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Fundación SOCYA, Hidroituango S.A. E.SP., la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y las alcaldías de los municipios mencionados. También participarán los representantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Movimiento Ríos Vivos.
Se espera (como sucedió en la primera audiencia que se realizó en este mismo sentido pero sobre el caso específico de la Comuna 13 de Medellín) que en la audiencia las instituciones públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, expliquen qué acciones realizaron para proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada, en especial frente a la búsqueda y ubicación de lugares de inhumación y la protección de estos. A su vez, las víctimas y los habitantes de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño podrán formular preguntas para saber qué pasó, y en qué circunstancias, con los desaparecidos y cuáles serán las necesidades de respuesta institucional.
También se busca precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, de lugares formales e informales de inhumación y de cuerpos exhumados, identificados o no, en esos municipios. Esto permitirá evaluar si existen riesgos naturales o por acción humana en su hallazgo y cuáles serían las medidas de protección necesarias para protegerlos.
Colombia2020 conoció el auto de 21 páginas, del 28 de agosto de 2019, en el que convoca a la audiencia de Hidroituango en donde la organización Ríos Vivos, uno de los convocantes, señala que: "Desde abril de 2018 Ríos Vivos ha manifestado […] los riesgos en las 4.500 hectáreas que fueron inundadas aguas arriba, pero también el riesgo que representan para los sitios río abajo, por la posible creciente súbita derivadas de las fallas que hoy tiene el proyecto hidroeléctrico”, así como la posible afectación de “sitios de enterramiento, legales e ilegales, ubicados a orillas del río en los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia, Taraza, Cáceres, Nechí y demás municipios ubicados hasta la desembocadura del río Cauca en el río Magdalena” (...) Particular preocupación existe sobre los cementerios veredales o municipales que están a orillas del río Cauca, río debajo de la hidroeléctrica Hidroituango, tales como el cementerio del corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia) y los cementerios de los municipios de Tarazá y Cáceres. Todos ellos con pabellones, osarios y fosas con cuerpos no identificados, posiblemente correspondientes a víctimas de personas dadas por desaparecidas”.
En este auto también llama la atención que la Sección ordena al partido político FARC y, específicamente al Comité Nacional de Búsqueda de las FARC, así como a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final que "remitan la información disponible sobre personas dadas por desaparecidas, el paradero y los posibles lugares de inhumación o destino de los cuerpos, en los seis municipios aquí mencionados".
Entendiendo que "el objeto de las medidas solicitadas ese avanzar en el esclarecimiento y la debida respuesta a las víctimas, como supremo mandato constitucional y, en consecuencia, proteger los lugares donde se presuma la existencia de cuerpos y cuerpos esqueletizados de personas dadas por desaparecidas, para efectos de garantizar las posteriores tareas de búsqueda, hallazgo e identificación, principalmente por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y no la atribución de responsabilidad penal individual", asegura el documento.
Asimismo, le ordenó al Grupo de Análisis de Información de esta Jurisdicción (GRAI) que construya un contexto, a más tardar el 4 de octubre, sobre el desarrollo del conflicto armado en los seis municipios a los que se ha hecho referencia en su decisión y, en especial, perfile las estructuras guerrilleras de las antiguas Farc presentes en esa zona; y realice un análisis espacial de la información recibida sobre desaparición, prospección, búsqueda y exhumación en los seis municipios.
Así como le pidió a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) que remita la base de datos o la información que posea sobre los hechos victimizantes acaecidos en estos municipios. "En especial: datos de desplazamiento forzado por municipio, por año. Números totales y porcentaje de la población; víctimas de homicidio por municipio por año", pidió.
Por último, por considerar que se trata de información relevante, también se solicitará al Departamento Nacional de Estadística (DANE) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la información que tenga con relación a la población de estos seis municipios del año 1980 a la fecha: ingreso per capita, escolaridad, alfabetismo, salud; tasas de homicidio y criminalidad, por ejemplo.
Medidas cautelares
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales "se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado". Uno de estos lugares se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Para la zona de influencia del proyecto Hidroituango los peticionarios solicitaron, entre otros aspectos, gestiones para que se suspendan los procesos de explotación minero energéticas y otras que ponen en riesgo la conservación de los restos de las personas dadas por desaparecidas. Además, solicitaron que se protejan los cementerios municipales y se promueva la protección adecuada de los restos humanos no identificados depositados en tales lugares.
Frente a esto, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP reafirmó su competencia para tomar medidas cautelares y corrió traslado de la solicitud a varias las instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al Movice ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes que tengan en cuenta con leit motiv los derechos de las víctimas”.
El caso Socya
En marzo de 2019, la JEP solicitó un perito internacional, con idoneidad y experiencia en la búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. Lo hizo a través del auto 002 del 28 de febrero de 2019, para contrastar los trabajos realizados por las compañías Falcon High Tech y Socya.
La segunda empresa señalada, con relación al caso de Hidroituango, es una fundación que según el auto de la JEP celebró un contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Fiscalía General de la Nación para ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango.
En el auto, la JEP le solicitó a la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, a la Fiscalía y a EPM enviar toda la documentación, actos administrativos y resultados relacionados con el contrato con Socya y pidió saber si fue un proceso que se hizo con la inclusión de los familiares de víctimas de desaparición forzada.
A Socya le pidió un informe por escrito con todas las labores adelantadas para dar con la ubicación de los cuerpos de posibles desaparecidos en zonas de interés del proyecto Hidroituango.
En ese sentido, EPM publicó una comunicación en que se refiere a Socya y aclara que para facilitar la labor de la Fiscalía, EPM ha brindado su apoyo por medio de la empresa Socya, "su operador social para el proyecto hidroeléctrico Ituango". "Todo ello, en virtud del deber de colaboración armónica con las diferentes autoridades, sin que para el efecto se haya suscrito un convenio o contrato con la Fiscalía General de la Nación", dice el comunicado.*
La JEP también les pidió a Hidroituango y EPM un pronunciamiento de fondo acerca de la petición que hizo en septiembre de 2018 el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice) respecto a “no autorizar el nuevo llenado hasta tanto no haya claridad de que no existen cuerpos de personas inhumadas en estos lugares”.
En una contestación previa a esta solicitud, dirigida a la JEP, la Gobernación de Antioquia señaló que si con las medidas cautelares se busca suspender el avance del megaproyecto de Hidroituango, la Jurisdicción carece de competencia para tales decisiones y la Gobernación se opondría.
Pero en las respuestas allegadas por las diferentes alcaldías se evidencia que la administración de Buriticá autorizó a Hidroituango a realizar la exhumación de los cuerpos que se llegaran a encontrar en el cementerio a orillas del río Cauca. Sin embargo, aunque la Alcaldía municipal le pidió información sobre el tema, la empresa no ha dado respuesta.
Desde la fecha de la solicitud del Movice, la JEP inició sus indagaciones en 16 lugares del país en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. A partir de las respuestas allegadas con ocasión de las órdenes, requerimientos y solicitudes que se han hecho, la JEP consideró necesario convocar a la audiencia que se celebrará en Medellín los días 9 y 10 de octubre.
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