JEP protegerá cinco cementerios de Caldas donde habría víctimas de desaparición forzada

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La Jurisdicción Especial para la Paz prohibió cualquier exhumación e inhumación en 45 puntos de cinco cementerios donde se podrían encontrar los cuerpos de desaparecidos. Estos camposantos son en Norcasia, dos de Samaná y dos en Victoria.

Este viernes, la Sección de Ausencia de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares de protección en cinco cementerios del Magdalena caldense, la región más afectada de este departamento por el fenómeno de la desaparición forzada.

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En el Magdalena caldense, conformado por los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, el conflicto armado dejó entre 1964 y 2017 por lo menos 10.118 víctimas de desaparición forzada y desaparición tras secuestro, reclutamiento ilícito y ejecuciones extrajudiciales, según el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hay por lo menos 1.028 casos reportados en La Dorada, 119 en Norcasia, 551 en Samaná y 129 en Victoria.

Los cinco cementerios donde se aplicarán estas medidas son el camposanto de Nuestra Señora del Carmen en Norcasia, San Agustín y San Diego en Samaná y San Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria. Así fue decidido luego de hallar fallas en la administración de los cuerpos que reposas en estos lugares y la realización de desenterramiento sin orden judicial.

Estos cinco cementerios hacen parte de la solicitud de medidas cautelares que hizo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en septiembre de 2018, sobre 17 lugares donde había personas desaparecidas de manera forzada y víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Con esta decisión, la JEP prohíbe las exhumaciones y las inhumaciones en 45 puntos de interés forense donde se podrían encontrar los cuerpos de cientos de víctimas. Otra de las medidas será ordenar a los alcaldes de estos tres municipios la construcción de una base de datos con las muestras de ADN de las familias. Esta labor será coordinada con la JEP, Medicina Legal, la Fiscalía General y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por otra parte, investigadores de la JEP y a través de una cartografía participativa con las comunidades ya están investigando la ubicación de otros lugares que la Fiscalía no haya intervenido para verificar la presencia de más fosas comunes.

El actor armado que tuvo mayor presencia en esta región fueron las Farc. Según informes del Ministerio del Interior, este antiguo grupo atacó y amenazó a pobladores de Berlín, San Miguel y Norcasia bajo el pretexto de que eran colaboradores de paramilitares. El frente 47 fue la única organización presente en Samaná durante los años noventa.

Este decisión llega un mes después de que organizaciones de víctimas de estos municipios, Equitas, el Centro de Estudio sobre Violencia, Conflicto y Convivencia (CEDAT) de la Universidad de Caldas y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos) denunciara que familiares de los desaparecidos han muerto sin que ninguna entidad estatal les hiciera siquiera una prueba de ADN.

Este mismo grupo de organizaciones le entregó a la JEP y la UBPD en febrero de este año un plan de búsqueda en el que documentaron 187 casos de personas desaparecidas, 89 de ellas con coordenadas donde estarían los cuerpos.

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