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Los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de dos autos, rechazaron este miércoles las reiteradas solicitudes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales para que este tribunal expulse al general (r) Mario Montoya y al coronel Publio Hernán Mejía, comparecientes dentro del caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Desde el 8 de septiembre de este año, víctimas de los mal llamados “falsos positivos” y sus representantes le solicitaron a la JEP que evaluara la posibilidad de una pérdida de beneficios jurídicos del coronel Hernán Mejía y el sargento Efraín Andrade, quienes hoy gozan de los beneficios de libertad condicionada o suspensión de las órdenes de captura por estar sometidos a esta justicia.
A su juicio, los militares han incumplido con su compromiso de aportar una verdad plena y exhaustiva por los crímenes cometidos por el Batallón La Popa, en el departamento del Cesar, entre 2002 y 2003, cuando ambos eran comandante y jefe de inteligencia, respectivamente.
Cinco días después, y luego de un plantón, a los magistrados de la Sala de Reconocimiento les llegó un oficio en el que nueve organizaciones de víctimas les pedían también la expulsión del excomandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, Mario Montoya. No era la primera vez que hacían esta solicitud, ya que luego de escuchar la única versión voluntaria que dio el general retirado, el 12 y 13 de febrero, las organizaciones manifestaron su rechazo por la permanencia del general Montoya, después de que este optara por el silencio ante las preguntas de la magistratura.
A esto se sumó una tutela interpuesta el 2 de diciembre en las instalaciones de la JEP. Nuevamente las organizaciones y víctima sostuvieron que Montoya y Mejía han negado cualquier conocimiento y responsabilidad por estos hechos. “Como víctimas demandamos que quienes han pretendido hacer un fraude a la verdad plena, como Mario Montoya Uribe, sean objeto de exclusión y de un procesamiento en la justicia ordinaria o en la justicia internacional, que garantice la plena vigencia de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”, afirmaron en aquel entonces.
Luego de tres meses de estudiar estas solicitudes, los magistrados sostuvieron que “en la actual etapa procesal no procede la apertura del incidente que se solicita, ni la remisión de la situación a la Unidad de Investigación y Acusación. Por tal motivo se rechazarán las solicitudes invocadas por la representación de víctimas y por la Procuraduría General de la Nación en ese sentido”.
Para entenderlo mejor, se refieren a las versiones voluntarias, es decir, la primera etapa en la JEP y en la cual los magistrados recogen información. En este momento no se les pide a los comparecientes ningún reconocimiento de la responsabilidad, sino que son el primer encuentro y una etapa dialógica entre la magistratura, los comparecientes y las víctimas.
El reconocimiento se podrá dar luego de que los magistrados contrasten toda la información y las pruebas recogidas. En este momento, quienes se someten a la JEP podrán aceptar o no su responsabilidad y de eso dependerá si van a un juicio adversarial. “Será pues ese momento en el que pueda determinarse si es del caso remitir a una persona a la UIA para el inicio del procedimiento adversarial correspondiente, o evaluar eventualmente la pertinencia de la apertura de un incidente de incumplimiento que lleve a la excusión de la JEP”, explicó la Sala en el auto.