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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó este viernes el sometimiento del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, de su hermano el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas y de su madre, María Eugenia Rojas de Moreno. Según la Jurisdicción, las conductas por las que los hermanos Moreno Rojas están privados de la libertad no tienen relación directa con el conflicto armado.
En el comunicado emitido por esta justicia se especifica que la familia presentó su solicitud de sometimiento el 2 de agosto del 2019 mencionando que tenían mucha información para aportarle al país y a ese sistema de justicia en relación con la historia del conflicto en Colombia. Especialmente en relación con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, (abuelo de los hermanos Moreno Rojas y padre de María Eugenia Rojas) quien llegó al poder en 1953 como comandante de las Fuerzas Militares colombianas, luego de que estas derrocaran al presidente Laureano Gómez.
Sin embargo, en el caso de los hermanos que enfrentan condenas por corrupción en la contratación pública, los documentos presentados no explicaron qué conductas punibles relacionadas con el conflicto armado cometieron ni bajo qué tipo de actor querían comparecer: (terceros civiles o agentes del Estado). Por eso, para tomar la decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo que analizar los hechos por los que fueron investigados y condenados en la justicia ordinaria para concluir que fueron aislados del conflicto armado.
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El mandato de Rojas Pinilla fue trascendental para la llamada época de la Violencia, (conflicto interno que Colombia ha vivido desde entonces), la creación del Frente Nacional, que significaba la alternancia del poder entre liberales y conservadores, fue un portazo en la cara para cualquier otra posibilidad política. Rojas Pinilla logró que las guerrillas liberales dejaran las armas, pero declaró ilegal la práctica del comunismo y de esta decisión, en 1964, surgieron las Farc.
En el documento enviado por los familiares a la justicia transicional, mencionan que: “Se demostrará a ustedes con documentos y líneas de tiempo que es necesario esclarecer la verdad de una paz que se nos desvaneció por los intereses de unos pocos y como paralelamente está ocurriendo lo mismo con el actual acuerdo de Paz, y de igual manera como se generalizaron los falsos positivos judiciales como una de las armas más letales en el conflicto armado, propia de las estrategias para menoscabar aquellas ideas que son diferentes y que van en contravía a unas políticas tradicionales”, señala el documento judicial.
No obstante, la justificación presentada por la familia, según la JEP, no contenía ningún elemento de valor para determinar que podían aportar a la verdad porque no tienen investigaciones abiertas relacionadas con conflicto armado, por lo que la Sala declaró incompetente la solicitud.
Los hermanos Moreno Rojas fueron condenados por el conocido escándalo del “Carrusel de la contratación”. Samuel Moreno fue condenado por primera vez en marzo del 2016 a 24 años de prisión por haber celebrado contratos por más de $6.000 millones por la adjudicación de contratos de ambulancias en el 2009. En febrero del 2019 recibió otra condena por 39 años de prisión y 5.000 salarios mínimos legales vigentes por los delitos de concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Su hermano y el exsenador Néstor Iván Moreno está pagando una condena de 14 años por los delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias en el mismo escándalo, donde se les reprobó haber adjudicado contratos irregular de obras públicas en Bogotá.
Sobre María Eugenia Rojas de Moreno, quien está en libertad y sin procesos penales, la Sala aseguró que no encontró ninguna decisión ni noticia judicial en su contra por las que haya cometido o participado de algún delito cometido en el marco del conflicto armado interno para estudiar su comparecencia.
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La conclusión de la JEP es que los hechos por los que están pagando prisión los hermanos Moreno Rojas están “encaminados a engrosar su patrimonio económico, el de otros servidores públicos y el de contratistas a quienes en forma amañada les eran adjudicados contratos para que todos obtuvieran provecho económico ilícito con dineros del Estado. Tales conductas no tienen relación alguna con el conflicto armado interno”.