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A través del Auto 005 de 2018, la Sección de No Reconocimiento de Responsabilidad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) dio un plazo de tres días para que, a través de sus jefas jurídicas, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fiscalía General de la Nación entregue la relación y clasificación de los bienes y activos de las Farc. La medida cobijaría los bienes que se encuentren en extinción de dominio, que tengan o no medidas cautelares, así como aquellos que fueron entregados por desmovilizados ante la justicia ordinaria o en Justicia y Paz. Estas propiedades estarían destinadas a la reparación de las víctimas.
En el documento, que conoció Colombia2020, emitido por el alto tribunal el pasado 18 de octubre, se advierte a los destinatarios del Auto “que deberán prestar en forma eficaz e inmediata la colaboración solicitada por esta sección so pena de quedar sometidos a las sanciones por desacato”.
La JEP requirió a Sandra Jeannette Faura, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior; a Daniela Andrade Valencia, jefe jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, y a la directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Myriam Stella Ortiz, quien en una comunicación a la JEP indicó que era "jurídicamente imposible" dar la información que solicitaba.
La semana pasada se conoció que la Fiscalía se había negado a entregar información detallada sobre este tema. Y cómo, ante la falta de informes, el proceso que permitiría que ese patrimonio fuera destinado a la reparación de las víctimas quedó en suspenso. La negativa respondió a la orden que impartió la Sección de no Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP el pasado 21 de agosto, a través del Auto 02 de 2018, a distintas entidades. A través de ese documento, la JEP vinculó a la Fiscalía al proceso y le dio un plazo de 30 días hábiles para que entregara un informe sobre la relación y clasificación de bienes y activos de las Farc que se encuentren en extinción de dominio, que tengan o no medidas cautelares, así como aquellos que fueron entregados por desmovilizados ante la justicia ordinaria o en Justicia y Paz.
En contexto: Fiscalía se niega a entregar información a la JEP sobre bienes de las Farc
El nuevo auto del 18 de octubre también se conoce luego de la reunión que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, tuvo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la Comisión Primera del Senado. Dicha instancia, que fue convocada por los senadores que integran esa sección del legislativo, se dio para limar asperezas entre las dos instituciones ante la negativa del ente acusador de entregar información a la jurisdicción de paz, entre otros temas de competencias.
En el Auto 005 de 2018, la JEP le reitera a la Superintendencia de Notariado y Registro que “presente un informe detallado sobre el inventario de bienes y activos de las Farc, así como las pruebas que sustentan las afirmaciones públicas hechas al respecto por parte del señor Superintendente sobre este tema”. Esto aludiendo a las declaraciones en medios de comunicación que el supernotariado, Jairo Alonso Mesa, hizo hace algunas semanas, afirmando que esa entidad había encontrado más de 600.000 hectáreas de tierras de la antigua insurgencia, entre otros detalles de propiedades privadas de exguerrilleros, que según él no se entregaron en los listados del acuerdo de paz.
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En contexto
El 15 de agosto de 2017, el Secretariado del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla de las Farc presentó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU un documento que relacionaba información sobre bienes inmuebles, medios de transporte, ganado, efectivo, metales, caletas, infraestructuras civiles, armamento, equipos y enseres avaluados en $963.241 millones. No obstante, a parte de esos bienes, la JEP reclama información a las entidades anteriores respecto de los bienes incautados a la insurgencia durante la guerra.
El 15 de febrero de este año, Pastor Alape le pidió a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que adoptara medidas cautelares sobre los bienes y activos entregados por la exguerrilla. “Los exmiembros de las Farc-Ep hemos advertido que en varias zonas del país existe riesgo de pérdida de los bienes por la dificultad de custodia de estos, pues ya estamos desarmados y sin capacidad de protección de los bienes en áreas de influencia de la disidencia y demás grupos al margen de la ley”, indicó Alape en la solicitud.
De igual forma, por medio del Auto del 1° de julio de 2018, la Unidad de Investigación de la JEP resolvió vincular al trámite de los bienes a diez entidades públicas “debido a sus competencia legales y constitucionales". Así como, vinculó a un particular en su condición de "antiguo líder de las Farc”.