"La JEP no se paraliza": Patricia Linares

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). / Cristian Garavito

“Con el respeto debido al presidente de la República y aplicando los principios que rige el Estado de Derecho, recibimos su decisión de objetar parcialmente el proyecto de ley estatuaria”. Con estas palabras, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aceptó la decisión del presidente Iván Duque de objetar seis artículos de esta la Ley Estatutaria, que servirá para regular el sistema de justicia transicional.

Linares agregó que la JEP asume su determinación con “la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado nuestro país de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos”. También resaltó la importancia de Ley Estatutaria que, según ella, es “una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”.

Pero quizá lo más importante de su respuesta fue el mensaje a las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y la comunidad internacional, a quienes les reiteró que “la JEP seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año”.

El objetivo de la JEP, insistió Linares, seguirá siendo “cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos, aplicando al efecto justicia restaurativa y aportando a la reconciliación del país".

La presidenta de la JEP le dijo a El Espectador que la institución no puede paralizarse por las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria. “Mientras se surte el trámite en el Congreso, seguiremos operando con lo que tenemos”, señaló Linares.

Y lo que tienen es el Acto Legislativo 001 que creó que la jurisdicción y que ya pasó la revisión de la Corte Constitucional. Así ha venido operando desde el 15 de enero de 2018. “Justamente el Acto Legislativo 001 indica, en su artículo 5, que la JEP deberá funcionar sin que medie norma especial alguna”, según explicó la presidenta de esa jurisdicción.

Es indudable que a medida que avanza la implementación, que de por sí es compleja, cada día será más difícil para la JEP no contar con esa norma. “Igual se nos impone cumplir con nuestro mandato porque en ningún caso un juez de la República, cualquiera que sea, puede denegar justicia argumentando que no tiene una norma especial”, explicó la magistrada.

Ese juez debe acudir a la norma del derecho constitucional, a la norma del derecho penal internacional o a la norma del derecho penal interno para funcionar y cumplir con su mandato.

En este punto coincide Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas, quien asegura que la Ley Estatutaria es necesaria, pero explica que la jurisdicción ya cuenta con un marco normativo que le permite funcionar. Además del Acto Legislativo 01 de 2017, está la ley de procedimiento (Ley 1922 del 18 de julio de 2018), que le brinda las reglas de juego a las salas y secciones que conforman la JEP. Esta ley también le muestra a la jurisdicción el paso a paso que debe seguir para recibir a los comparecientes (exguerrilleros, miembros de la fuerza pública o civiles) y garantizar la participación de las víctimas.

También está la ley 1820 de 2016, que regula los temas de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales para la Fuerza Pública. Este punto es clave, teniendo en cuenta que hoy 2.000 militares y policías están acogidos a esta justicia transicional.  

Todas estas herramientas le han permitido avanzar durante su primer año de funcionamiento, en el que ya se han abierto cinco macrocasos y se han acogido alrededor de 15.000 comparecientes.

La JEP sigue adelante

En este caso, fue llamativo el incidente de desacato que les abrió a tres alcaldes de Antioquia (Cáceres y Nechí) y de Sucre (San Onofre) por no brindar información sobre la posible ubicación de fosas comunes. También la solicitud de un peritazgo internacional para verificar el trabajo realizado por dos compañías (una nacional y otra española) sobre la ubicación de cuerpos en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, y en Hidroituango. 

Esto sin contar que el coronel del ejército Gabriel de Jesús Amado, y un grupo de las madres de Soacha, que se han declarado víctimas de este oficial condenado a 46 años por la desaparición y asesinato de sus hijos, se encontraron en la JEP la semana pasada. El objetivo fue exponer sus argumentos sobre la competencia de esta jurisdicción para imponerle a él y otros miembros de la fuerza publica, penas alternativas, previo aporte a la verdad y a la reparación de las victimas.

En medio de a conmovedora audiencia, las madres les agradecieron a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad la oportunidad de hablar por primera vez ante la jurisdicción.

Lo que viene 

Por otro lado, la JEP debe tomar la decisión de fondo sobre si le concede o no la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, “Jesús Santrich”. Ya se confió el concepto de la Procuraduría General de la Nación, quien se manifestó en contra de otorgarle esa garantía al excomandante insurgente. 

Los magistrados seguirán recibiendo las versiones voluntarias de los miembros de la fuerza pública por el caso 003 que investiga y juzga las muertes declaradas ilegalmente como bajas en combate, conocidos como “Falsos Positivos”.