“Las Farc no eran un Ejército de niños”: Pastor Alape

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En su versión ante la JEP sobre el caso de reclutamiento de menores de edad, el exguerrillero aseguró que la vinculación de menores de edad no era una política en la guerra y que la mayoría llegaba por condiciones de orfandad. Dijo también que en algunos casos que conoció se trataban de niños enviados por el Ejército.

El pasado 24 de agosto, de manera remota a través de la plataforma Teams de Microsoft, Pastor Lisandro Alape Lascarro, excomandante del Bloque Noroccidental de las extintas Farc, rindió su versión sobre el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes en la guerra ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La diligencia comenzó sobre las 9:00 a.m. y por un lapso de casi cinco horas, Alape fue interrogado sobre lo que conoció de este delito al interior de la guerrilla. El exjefe guerrillero negó que bajo su mando se reclutaron menores de 15 años y aseguró que nunca hubo una política interna y sistemática para llevar niños y niñas. Según el Alape, sólo se aceptaron mayores de 15, de acuerdo con la normativa del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Alape Lascarro comentó ante el magistrado que su ingreso a las Farc se dio en 1979, a sus 20 años, cuando entró como propagandista. Tiempo más tarde, fue trasladado a operar en la zona rural del municipio de Remedios (Antioquia) al frente 4 y, en 1993, fue designado como comandante del Bloque Noroccidental donde fungió hasta la firma del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, en 2016.

Ante la pregunta sobre su responsabilidad en el reclutamiento de menores de edad, el excombatiente respondió nunca haber tenido ninguna responsabilidad para crear órdenes al respecto. Como han coincidido todos los comparecientes, la política interna de las Farc, modificada en la Séptima Conferencia -llevada a cabo entre el 4 y 14 de mayo de 1982-, especificaba que el ingreso mínimo a las filas eran 15 años “porque en el marco del Derecho Internacional Humanitario, los menores de esa edad no pueden participar de conflictos armados”, dijo.

Sin embargo, la normativa cambió, según Alape, en 2015 previo a la firma del Acuerdo de La Habana, en el que se estipuló los 17 años como edad mínima para integrar la guerrilla. “No éramos una guardería ni una organización de beneficencia. Cuando aparecían menores de edad se buscaba saber en qué condiciones habían llegado, si eran desplazados, si sus padres habían sido asesinados o si habían sido convocados a hacer parte de la organización”. El excomandante mencionó que, según la evaluación de esas condiciones, se decidía si se hacía la devolución de los niños y niñas a sus familias. “Llegaban por condiciones de orfandad, casi siempre”, señaló.

El magistrado Iván González le preguntó al compareciente cuáles eran las sanciones para quienes vinculaban menores de 15 años a la guerrilla, lo que era considerado una falta grave. Alape sólo respondió que “Manuel Marulanda, en una carta, hizo un llamado a que se cumpla la normatividad frente al ingreso”. Después, le preguntó si él como excomandante había llegado a enjuiciar personas que incumplieran la norma de ingreso, a lo que el exguerrillero, sin responder directamente la pregunta, manifestó que “se partía de que había una responsabilidad general en la aplicación de la normatividad guerrillera, tanto del Estatuto como del Reglamento del Régimen Interno y las normas de comando”.

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Sobre las actividades que cumplieron los niños y jóvenes en la guerra, expresó que, aunque no había ninguna norma que especificara cuáles debían ser las tareas de los menores de 18 años al interior de las filas, siempre estaban en áreas de retaguardia y realizando actividades logísticas, mas no a la cabeza de otras actividades ni operativos militares peligrosos.

De hecho, aseguró que en las labores como propagandista que comenzó a ejercer a sus 20 años no conoció menores de edad que trabajaran con él: “Nosotros éramos los más jóvenes, éramos de 18, 19 años, sólo hubo un compañero que llegó de Bucaramanga y que tenía 17 años, lo llamábamos El Sucre, porque en el Frente 4 a los menores los llamaban Sucre en homenaje a Antonio José Sucre, un menor de edad que se había unido a las tropas libertadores de Simón Bolívar".

En medio de la diligencia, el exjefe guerrillero también negó que las Farc tuviera una política interna para reclutar menores de 15 años y, por el contrario, dijo que “las Farc no eran un Ejército de niños, la llegada de menores era parte de la misma realidad (...), por eso no había un lineamiento político centrado en mirar dónde había un menor de edad para vincularlo a la organización".

Durante los cuatro años que comandó el Bloque Noroccidental, antiguo Bloque José María Córdova, reconoció que tuvo bajo su mando menores de edad pero “en los términos que establecía la normatividad fariana", es decir, mayores de 15 años. Como prueba, Pastor Alape dijo que el comunicado 77 de las Farc en el que hacían entrega de los menores de edad en sus filas después de la firma del Acuerdo de Paz, los primeros niños y niñas entregados eran los que estaban bajo su comandancia en el Bloque Noroccidental y el Magdalena Medio.

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De hecho, relató que justo en las negociaciones de La Habana (Cuba) fue el quién mandó a realizar el censo, de la mano con la Registraduría, para verificar cuántos menores de edad había en la organización. En total, según Alape, contaron 124, tres de ellos menores de 15 años. Hoy la mayoría es mayor de edad, pero fueron declarados como víctimas, una situación compleja para el exguerrilleros, pues “y en esas condiciones estamos debatiendo con el Gobierno para que no se queden por fuera de la incorporación”.

En un segundo momento de la diligencia, el magistrado le preguntó por las escuelas de formación guerrilleras en las que se dictaban cursos a los recién llegados, como la escuela nacional Hernando González Acosta. Pastor Alape explicó que el pénsum de estas instituciones era enseñar las características de las armas, supervivencia en la selva y toda la normatividad interna de las Farc. De hecho, contó que cada bloque o frente era autónomo de tener sus propias escuelas a pequeña escala.

Otros comparecientes en versiones anteriores por este caso han asegurado que sí hubo documentos sobre la asistencia de guerrilleros, no obstante, Alape explicó que trataron de llevar un registro de asistencia a las escuelas, pero por las condiciones propias de la guerra era “imposible garantizar que la información tuviera una custodia asegurada".

Aunque la JEP confirmó tener testimonios de personas que dicen que quienes no aprobaban estos cursos básicos eran expulsados o fusilados, el exFarc desmintió esta versión y aseguró que esa fue una teoría inventada por el Gobierno para “deslegitimar a un adversario”. Incluso, explicó que los menores de edad que llegaban a tocar las filas de la otrora guerrilla, usualmente, eran personas que estaban ya trabajando en fincas, como ayudantes de ganadería, como cocineras, sirvientas o en otras actividades fuera del hogar. “No todos los menores que llegaron a las Farc salían apenas de sus hogares (...) Hubo niños de 16 o 17 años que ya tenían pareja e hijos, porque esa es parte de la realidad del mundo rural”.

En este punto, el compareciente se detuvo para reflexionar y reconoció los peligros y daños de la presencia de menores de edad en la guerra. Si bien hizo una pausa para aclarar que no quería justificar ninguno de los hechos y errores cometidos por ellos, mencionó que “la guerra no tendría que haber traído a ninguno de ellos, si el Estado hubiera garantizado sus derechos”.

Más adelante narró tres casos de niños y niñas menores de 15 años que conoció y que, según él, fueron enviados por el Ejército como infiltrados. Uno de ellos fue un niño que se encontraron hombres de sus filas, en Segovia (Antioquia) y que luego fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Lo bautizaron “el pequeño agente” por sus habilidades para la actividad física. También hubo otro en Remedios (Antioquia), quien cuando lo iban a devolver al pueblo confesó entre lágrimas que había sido enviado por los uniformados. Fue llevado al CICR. El magistrado González le pidió más detalles de estos casos para la siguiente diligencia.

Las mujeres en la guerrilla

Como parte del caso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto), la JEP está indagando también sobre posibles formas de violencia sexual en menores de edad al interior de las Farc, por eso, el magistrado González se refirió al tipo de directrices sobre salud sexual y reproductiva que recibieron, sobre todo, las mujeres guerrilleras. El excomandante explicó que la incorporación era “bajo las mismas condiciones entre hombres y mujeres" había un proceso pedagógico en la formación en derechos sexuales y reproductivos para las combatientes.

En las normas internas de la guerrilla se estableció la prohibición de la maternidad al interior de las filas y la obligación de someterse a métodos anticonceptivos, sin embargo, Alape dijo ante el Tribunal de Paz que no siempre se cumplió la regla por falta de compromiso individual de algunas personas. Incluso, señaló que además de promover un método anticonceptivo a través de un implante de larga duración, también se llegaron a realizar vasectomías, aunque con menor frecuencia.

Distinto a lo que han mencionado otros excomandantes sobre los duros castigos físicos a quienes incumplían la norma de anticoncepción, Pastor Alape aseguró que “si decidían no adoptar ningún método de anticoncepción se les llamaba la atención para que asumieran cualquiera de los métodos que estaban planteados”.

Sobre las denuncias de abortos forzados, Alape respondió que “era un derecho de la mujer las interrupciones del embarazo” y, en ese sentido, se les respetaba su decisión de qué hacer con él. Eso sí, explicó que la interrupción del embarazo no podía hacerse después de los tres meses ni tampoco se utilizaban bebedizos, como aseguraron víctimas.

“Había unas prácticas digamos como la utilización de un medicamento para la interrupción de los embarazos, porque el legrado no fue utilizado sino para situaciones que se nos presentaron de otro tipo, de embarazos que se afectaron, como diríamos, normal, casos en los que se daban sin querer la interrupción... La norma era que la mujer decidía. Los mandos que estaban a mi alrededor, cuando empezaron con esa política se cumplió”, agregó.

También se refirió a que cuando las mujeres decidían tener los niños o niñas por fuera, la organización les otorgaba el permiso y se refirió a un caso personal: “En mi caso, cuando ocurrió con mi segunda compañera, estábamos en plena operación Casa Verde. Me dijo que se iba donde la familia, lo plantee y se le dio el permiso. Luego no regresó. La primera compañera, faltando mes y medio, se fue donde la prima, quien fue quien la crió”.

Por otro lado, Alape dejó claro que en la guerrilla “se consideraba delito el caso de la violación sexual, del trato violento entre compañeros o riñas, como lo definía el reglamento. Estaba tipificado como falta grave”. En esos casos se aplicaban unas sanciones, como la pérdida definitiva del derecho a ocupar cargos de responsabilidad o representación o se convocaba el consejo revolucionario de guerra, en el que podía haber fusilamiento. En su bloque, dijo, que no se aplicó la normatividad, pero hubo otras zonas donde sí, como en el municipio de La Uribe (Meta).

Asimismo, recordó que en sus filas sí se presentaron casos de violencia sexual: “Recibí información. Recuerdo el caso de una compañera que estaba de guardia y el relevante intentó manosearla, pero ella lo detuvo… luego me planteó el caso entre el colectivo”. Eso sí, cuando le preguntaron los representantes de víctimas sobre si reclutaban niñas menores para convertirlas en esclavas sexuales rechazó de tajo la pregunta, argumentando que eso jamás hubiese sido permitido en las Farc.

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