La propuesta para reparar a las víctimas militares de la toma de Gutiérrez

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Los afectados de la toma de Gutiérrez, Cundinamarca, ocurrida el 8 de julio de 1999 y en la que fueron asesinados 38 soldados por las extintas Farc, solicitaron que en el municipio se construya un centro médico y se implementen proyectos productivos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido hasta ahora 297 informes de víctimas y entidades del Estado sobre las afectaciones que poblaciones enteras, e incluso regiones, vivieron durante la guerra. Mujeres, comunidades étnicas, autoridades locales, organizaciones de niños y niñas, entre otros, han hecho el esfuerzo de reconstruir los sucesos y entregarlos, con actos simbólicos, a los magistrados de la JEP.

Hace una semana, esta justicia recibió otro documento de la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado (Mil Víctimas) sobre la toma del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), ocurrida el 8 y 9 de julio de 1999. Con una particularidad: el capítulo sobre la reparación de estas víctimas del conflicto colombiano.

Hace 21 años, durante la toma, fueron asesinados 38 jóvenes soldados adscritos al Batallón Landazábal Reyes de Bogotá. Los uniformados fueron enviados a Gutiérrez para unirse al batallón Cacique Timanco y así detener el plan de la guerrilla de las Farc de llegar a la capital. Duraron ocho horas combatiendo hasta que se quedaron sin municiones. Los guerrilleros entonces se tomaron la base y mataron a los militares.

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Hoy, un grupo de seis sobrevivientes y 18 madres de las víctimas, a través de un documento de 145 páginas, decidió acercarse a la JEP y pedirle que abra un nuevo caso de militares víctimas o, al menos, priorice el departamento de Cundinamarca para que puedan ser acreditadas y acceder a la justicia transicional. La razón, según el informe, su caso fue una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De acuerdo con registros forenses y relatos de los sobrevivientes, las autoridades han señalado a la exguerrilla de las Farc como la responsable de este hecho. Entonces, quien comandada el frente que cometió el atentado era Henry Castellanos ( Romaña), hoy disidente del proceso de paz. Según las versiones, los guerrilleros asesinaron con tiros de gracia y con las esquirlas de cilindros bomba a estos soldados que prestaban servicio militar y cuya edad no superaba los 20 años.

“Me pude dar cuenta que a la mitad de mis soldados me los habían asesinado con un tiro en la cabeza, inclusive los que estaban heridos, unos tenían las piernas partidas, como si se las hubieran partido a propósito, otros estaban en posición de arrodillados, al dragoneante Ávila le vi las piernas partidas, el soldado Chinchilla se encontraba arrodillado, el Soldado García no tenía rostro, el soldado peña tenía las piernas separadas del cuerpo totalmente despedazado, el Cabo Carrión que tenía un tiro en la boca y sus órganos genitales estaban totalmente destrozados”, cuenta uno de los soldados en el informe .

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Para Darío Alfaro, uno de los soldados sobrevivientes y quien lideró la construcción del informe, aún faltan piezas para armar el rompecabezas de la toma y por eso es tan importante que la JEP les abra sus puertas. A pesar de que los sobrevivientes y las madres de los soldados asesinados solicitaron acreditarse en esta justicia, no lo han logrado porque no hay un macrocaso que pueda incluir este hecho.

Sin embargo, decidieron entregar el informe para que la JEP no descarte la posibilidad de abrir una línea de investigación y se les garantice el derecho a la justicia. “Muy pocos en el país supieron que a un grupo de jóvenes soldados que defendimos la avanzada de la guerrilla a Bogotá. Pocos se han preguntado qué pasó con las madres de esos muchachos y si supieron en algún momento la verdad”, dice Alfaro, quien tuvo que enviar los cuerpos de sus compañeros en bolsas hacia el batallón en la capital.

Para Joan Sebastián Moreno, miembro de la organización Mil Víctimas, también hay que juzgar a los responsables: “Sabemos que Romaña volvió a la guerra, pero creemos que debe haber otros exguerrilleros del frente 53 que sepan lo que pasó y estén dispuestos a pedir perdón y resarcir el daño causado”. Muchas madres, agrega, no sabían cómo fueron asesinados sus hijos hasta la creación del informe.

Hasta ahora por este hecho sólo ha habido tres providencias de reparación de familias que han demandado al Estado y no hay ninguna sentencia que determine quiénes fueron los responsables con nombres propios, a pesar de que este hecho fue uno de los golpes más grandes contra la fuerza pública, al punto que después de la toma las fuerzas militares decidieron hacer la división entre soldados regulares y profesionales.

Las medidas de reparación

Uno de los puntos que más llama la atención es el plan de reparación planteado. “No fue un ejercicio fácil”, relató Alfaro, porque siente que el dolor no se irá. Sin embargo, las madres necesitan respuestas de los responsables y del Estado: “No le digo mentiras. Fue muy fuerte volver a recapitular esos momentos. Ese día lloré mientras mi hija me abrazaba. Hay partes que la mente trata de olvidar, pero toca revivirlas para que las nuevas generaciones sepan qué pasó y les demos otras oportunidades.

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Por eso, la primera propuesta que las víctimas le hacen a la JEP es la construcción de un centro médico u hospital, que pueda garantizar a la población de Gutiérrez el derecho a la salud física y mental. “Esta atención debe tener un específico énfasis en los jóvenes que, para el año de la toma, eran niños, niñas y adolescentes y quienes vivieron de primera mano todas las atrocidades cometidas por las extintas Farc”, dice el documento.

Otra propuesta concreta es la implementación de proyectos productivos con enfoque ambiental, de la mano de las víctimas y los pobladores. Según esta organización, varios habitantes de la región perdieron su vivienda y todos sus ingresos económicos a causa de la guerra. “Este tipo de proyectos podrían significar un cambio de vida para todos los habitantes del municipio, pues restablecerá la convivencia pacífica y el derecho a vivir libremente”.

Las familias víctimas de Gutiérrez también esperan que la historia de sus hijos, esa que se ha perdido con el pasar del tiempo, sea recordada. También pidieron que en ese municipio se construya una casa museo: “Esperamos que se reconozca y visibilice al público lo sucedido el día 8 julio de 1999 dentro de este municipio, contemplando la cambios sociales, culturales y territoriales vividos a lo largo de la historia; además, que se reconozca a los militares y a sus familias como víctimas”, señala el informe

La organización considera que esta casa museo podría ser el puente por medio del cual las víctimas den un paso hacia la reconciliación por medio del arte, “ya que la Casa Museo permitiría realizar diferentes exposiciones culturales elaboradas por las víctimas, donde se exprese el dolor que han sufrido, su historia y su verdad, dando a conocer su testimonio y se puedan por medio del arte, un alivio a sus padecimientos”.

Las Madres de Gutiérrez, como se hacen llamar, manifestaron que están dispuestas a asistir a eventos de reparación simbólica que realicen los miembros de las extintas Farc para pedir perdón públicamente. No obstante, le pidieron a la magistratura un acompañamiento psicosocial para poder enfrentar este tipo de actividades. “El dolor de haber perdido a hijos y hermanos es fuerte y no se ha mitigado con el paso del tiempo, pero hay que dar pasos hacia el perdón”, dice el exmilitar.

Estas propuestas, según Joan Sebastián Moreno, se pensaron a partir de los lineamientos de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR), creados por la JEP y con los que se espera que los máximos responsables paguen sus sanciones propias. Dichas penas no contemplan la cárcel a cambio de una verdad exhaustiva sobre los hechos y un plan de reparación que se construye entre los excombatientes y las víctimas.

Aunque saben que desde la JEP no se ordenan indemnizaciones, las víctimas quieren ser “incluidas en los proyectos productivos, de tipo educativo y/o de vivienda que vayan a realizar la Gobernación de Cundinamarca y las diferentes alcaldías del departamento, así ellas podrían hacer parte de subsidios, becas y proyectos de ayuda humanitaria”. La mayoría asegura que después de la tragedia no han podido recuperarse emocional ni económicamente.

La semana pasada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la prórroga hasta 2021 del mandato de la Misión de Verificación de ese organismo al Acuerdo de Paz. Con esta decisión, la JEP espera que participe en el monitoreo de las sanciones propias que se les imponga a los responsables. Hasta el momento, la ONU expresó que estudiará esta propuesta, mientras tanto las madres de Gutiérrez esperan que para cuando eso suceda su plan de reparación sea tenido en cuenta.

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