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Divisiones internas, críticas de la ciudadanía y falta de deliberación son algunas de las fallas que hicieron tambalear la Comisión de la Verdad de Túnez, que termina su período este mes, cuando presente su informe. Salwa El Granti, jefe de la oficina del Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT) de ese país, socializó dichas enseñanzas con los once comisionados de la Verdad de Colombia que se posesionan hoy y que tienen la misión de reconstruir durante los próximos tres años la verdad de lo ocurrido en más de cinco décadas de conflicto armado interno.
¿Cómo nació la Comisión de la Verdad en Túnez?
En enero de 2011 hubo fuertes aclamaciones para que hubiese un proceso de construcción de verdad en temas relacionados con violación de derechos humanos y corrupción, tras una dictadura que se prolongó por 58 años. Después, cuando el Gobierno decidió lanzar el proceso de justicia transicional, se creó el Ministerio de Justicia Transicional, integrado por un comité técnico compuesto por la sociedad civil, el cual abrió el diálogo nacional para llegar a diferentes sectores de la sociedad tunecina.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
Desde hace cuatro años, y terminará su trabajo al final de este mes.
¿Qué lecciones podemos aprender de Túnez?
Primero, deben tener un proceso transparente de selección de los comisionados, para que tenga el respaldo de la sociedad. Segundo, la comisión debe tener una comunicación estratégica muy fuerte para darse a conocer y explicar a la sociedad por qué está ahí, así como cuál es su mandato y cómo puede lidiar tanto con las víctimas como con los victimarios. Es muy importante que esté en la capacidad de dar un mensaje a la ciudadanía sobre las posibles reformas institucionales para contribuir a una posible reconciliación entre el Estado y los ciudadanos, sin importar el trasfondo ideológico o el origen étnico o racial.
¿Y en cuanto a la relación entre los comisionados?
Es un punto fundamental. Ellos deben actuar en equipo y enfocarse en el mandato de la Comisión de la Verdad. En el caso de Túnez ha habido muchas peleas internas y se han concentrado en temas logísticos, como los carros, las oficinas, entre otros, que no contribuyen a su misión: la responsabilidad de develar las graves violaciones a los derechos humanos. Deben tener buenas relaciones entre ellos, porque un ambiente de confrontación le envía un mensaje negativo a la sociedad.
¿Por qué es importante incluir también a la sociedad?
No sólo se tiene, por un lado, a las víctimas y, por el otro, a los victimarios. También se tiene a parte de la sociedad que no es víctima, que está viendo todo lo que sucede y que se está formando una opinión.
¿Qué hay de quienes son señalados de ser los victimarios?
En este tipo de procesos hay que tener mucho cuidado, porque incluso los peores criminales tienen derechos. Para hacer el proceso creíble, se tienen que preservar los de las víctimas y los de sus victimarios. No sería un proceso confiable si por satisfacer el derecho de las víctimas se violan los de los victimarios.
¿Qué perfil deben tener los comisionados, según la experiencia de Túnez?
Personas que puedan tener la capacidad de llegar a consensos frente a distintos puntos de vista y cuyo presidente pueda establecer canales de comunicación claros para exponer su quehacer ante la sociedad.
¿A qué tipo de problemas se enfrentó la comisión?
Divisiones internas y falta de concentración en cumplir su mandato. Por ejemplo, en el debate para determinar si extendían su mandato, el parlamento estaba enfocado en discusiones alrededor de la personalidad del presidente de la Comisión de la Verdad. Y lo importante era en realidad la satisfacción del derecho de las víctimas.
¿La Comisión de la Verdad en Túnez ha sido un motivo de división de la sociedad?
En efecto. Una parte cree que no ha sido transparente, debido al proceso de selección de los comisionados y porque estuvo politizado. Pero también hay víctimas y ciudadanos que creen en su mandato.
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¿Qué funcionó?
La participación de las mujeres. Cuando se empezaron a recibir los informes, sólo el 5 % de ellos correspondían a afectaciones de mujeres. Algo andaba mal. Y cuando se hizo el diagnóstico de lo que había pasado, vimos que había una suerte de ignorancia y falta de información frente a la confidencialidad que se le concedía a la mujer cuando decidiera testificar. En ese sentido, la sociedad civil se movilizó para intentar llenar esos vacíos. El clamor era claro: la justicia transicional es también para las mujeres.
¿Cómo lograr que se cumpla el mandato de la comisión?
Es bueno que se sea transparente, que haya una comunicación constante con las víctimas para que no sean manipuladas por otros actores que son hostiles al proceso. La clave es tener a la Comisión de la Verdad deliberando y comunicándose de manera permanente, que permita a las víctimas el acceso a información creíble y real. Si la comisión no está deliberando, es un argumento muy fuerte para eliminarla o para evitar que se prolongue.