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Luego de casi tres años de abrir su primer macrocaso, el de “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que el número de víctimas de secuestro entre 1990 y 2016 por parte de las Farc es de 21.396 personas.
De ellas, solo 2.528 se acreditaron en la JEP para este caso. Presentaron informes, testimonios y detalles sobre los responsables de su cautiverio o el de sus familiares. Ahora están a la expectativa del proceso que arranca luego de que la Sala de Reconocimiento imputara a ocho antiguos miembros del Secretariado de la exguerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La posibilidad de que los excomandantes no paguen cárcel a cambio de que reconozcan sus delitos y aporten con verdad plena divide opiniones entre algunas de las víctimas con las que habló Colombia 2020.
Si bien hay algunas que hablan desde el perdón y están de acuerdo con lo que definió el Acuerdo de Paz, otras llaman “benevolente” la sanción sin cárcel que puede imponer la JEP.
Sin embargo, es importante aclarar que esta es solo una alternativa. En caso de que los excomandantes, o cualquier compareciente a esta entidad, no reconozcan su responsabilidad ni aporten verdad se pueden enfrentar a cumplir máximo 20 años de prisión.
Carlos Benavides es hijo de Luis Orlando Benavides, guardián de la cárcel de San José del Guaviare, quien fue secuestrado junto con tres personas más el 28 de septiembre de 2006. Con el pasar de los años se enteró de que las Farc asesinaron y desaparecieron a su padre. A pesar de no tener rastros del lugar en el que está el cuerpo, dice que este paso que está dando la JEP puede ser determinante para saber la verdad plena de lo sucedido.
“Lo tomamos como algo bueno, a pesar de que en últimas no nos va a restaurar en mucho. El responsable directo del secuestro y asesinato de mi padre fue Gentil Duarte y sus hombres del frente Séptimo. Es incierto lo que va a pasar, más aún porque sabemos que la justicia transicional no repara económicamente”, asegura.
Añade que está de acuerdo con el castigo no carcelable en la medida en que haya verdad plena para él y su familia. “Pero no podemos señalar a los que estén en contra de lo que se decida en la JEP. Al igual que nosotros, hubo miles de familias que aguantaron hambre, sintieron genuino dolor e incluso no se pudieron levantar ante la ausencia de algún ser querido”, relata Benavides.
Una mirada diametralmente distinta tiene César Lasso, exsargento de la Policía que fue secuestrado el 1° de noviembre de 1998, tras la toma a Mitú (Vaupés) por parte de las Farc. Afirma que es un paso importante de la JEP, “pero en los puntos del auto que sacaron no se ve rigor ni el peso de la ley. En este tipo de escenarios voy a optar por una pena carcelaria para que estos actos no queden impunes”. Además, dice, espera que los exguerrilleros realicen labores humanitarias para devolverles a las comunidades la tranquilidad que les quitaron.
Otra exigencia de Lasso, que se une al de otras víctimas, es que este tipo de acusaciones no se limite a los miembros del Secretariado, sino que se involucren a más actores, entre ellos a antiguos mandos medios. “Jaime Alberto Parra está dentro de los implicados y fue uno de los autores intelectuales de mi secuestro. Hay varios excombatientes de base y personas como Romaña, pero con este no hay caso porque ahora es disidente”, concluye el expolicía.
Bibiana Garay, esposa de Jesús Alfonso Sol Rivera, suboficial secuestrado y asesinado por las Farc en 2007, propone que entre los hechos de verdad se conozca el paradero de muchos familiares.
“En el caso de mi familia y el mío, ya ninguna verdad nos vale. Pablo Catatumbo dio la orden de secuestrar y asesinar a mi esposo, y aunque ahora salga a contar verdades, ninguna será para mí, porque nos engañaron durante siete años sobre la muerte de Alfonso. En 2007 dijeron que lo fusilaron y en 2014, cuando encontramos su cuerpo, los estudios forenses determinaron que lo habían asesinado con cianuro. Pueden aceptar o no sus culpas ante la JEP, pero hay miles de víctimas que se suman a lo que nos ocurrió y saben que ningún documento o ninguna verdad nos podrá reparar”, sentencia.
Por el lado de los rehenes políticos que tuvieron secuestrados las Farc, este medio habló con Sigifredo López, único sobreviviente de los 12 diputados del Valle, raptados el 11 de abril de 2002. Y Clara Rojas, secuestrada el 23 de febrero de 2002 cuando era jefe de debate de la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt,
López dice que ya pasó la página de dolor y que saluda a la JEP por cumplir con el debido proceso y con intenciones de hacer justicia. El exdiputado asegura que “ahora no podemos esperar algo más que la verdad integral. Invito a las demás víctimas a que acaten las decisiones jurídicas que vengan, con la tranquilidad de que este crimen de guerra no quedará en la impunidad, entre otras cosas por el respaldo que hay de la Corte Penal Internacional”.
Sin embargo, López también pide que con prontitud se extiendan las imputaciones a otros responsables de ese crimen. “Esto no es solo un llamado para la cúpula de las Farc. Hay personas como Héctor Julio Villarraga, excomandante del frente 60, que debe estar en una imputación igual”, agrega.
La exrepresentante a la Cámara Clara Rojas asegura que esta decisión de la JEP es motivo para celebrar, en tanto “los acusados que sean congresistas renuncien a sus curules y sigan reconociendo responsabilidades de crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la guerra. Esta es una etapa importante, pero esperamos más”.
El futuro de Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar está en manos de su verdad. Por lo pronto, la justicia transicional avanza y pronto el país conocerá mayores y quizá más dolorosos relatos dentro del Caso 01 de la JEP.
El material probatorio que llevó al Auto 0092 de la JEP
De las 2.528 víctimas acreditadas por secuestro, la JEP recibió 1.028 observaciones que sirvieron para contrastar las versiones voluntarias que dieron exguerrilleros a la JEP. Estos testimonios también se sumaron y contrastaron con 56 tomos y 17 informes sobre retenciones ilegales de personas que la Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP.
Dentro de las pruebas para robustecer el Auto 0092, se tomaron en cuenta los relatos de 257 excombatientes de las Farc, a lo largo de 8 sesiones colectivas y 38 individuales. En esta imputación, la Jurisdicción establece que los excomandantes, en medio de la retención de rehenes, también habrían cometido delitos como: tortura, violencia sexual, homicidio, entre otros.
En el documento de 322 páginas se establece que por medio del Auto y sus múltiples pruebas, el país puede conocer la totalidad de patrones en la implementación de estas políticas de guerra.
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