Ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Lo que esperan las víctimas de reclutamiento de los ex-Farc

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Comenzaron las versiones de exmandos medios de la antigua guerrilla por el caso de reclutamiento a niños y niñas que investiga la JEP. Cinco abogados, que representan a 97 víctimas de este delito, dicen que esperan más reconocimiento y un aporte pleno a la verdad.

Catorce exjefes guerrilleros ya rindieron sus versiones en el caso de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De manera general, todos aceptaron la presencia de menores de edad en el interior de las filas, aunque negaron rotundamente que los reclutamientos se hubiesen dado de manera forzada.

Por eso, las organizaciones que representan a las víctimas en este caso, como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y Women’s Link Worldwide, dicen que todavía hay una deuda con las víctimas que esperan que los exguerrilleros reconozcan plenamente su responsabilidad.

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Helena*, por ejemplo, víctima de reclutamiento forzado a sus 14 años, y quien fue obligada a usar anticonceptivos y a abortar en el interior de las Farc, explica que después de las primeras audiencias de los antiguos mandos se sintió decepcionada. “No hay un compromiso con todo el pueblo colombiano, porque si se supone que están arrepentidos, tienen que reconocer todo, y eso incluye lo que nos pasó como niñas y mujeres en sus filas”.

Angélica Cocomá, abogada de Women’s Link, la organización que representa a Helena*, comenta que “ellos no se han dado cuenta de que pueden perder sus beneficios por no cumplir con el aporte pleno a la verdad. Esto es un voto de confianza, no un cheque en blanco”, asevera. El pendiente que tuvieron los excomandantes que ya rindieron su versión, según esta organización, es no haber profundizado en los conceptos de violencia sexual y reproductiva. La primera, referente a abusos o acosos sexuales que se pudieron presentar en la guerrilla y, la segunda, sobre los derechos reproductivos y la salud sexual de las mujeres combatientes.

En el informe “Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas en el interior de las Farc-Ep: una deuda de la justicia”, presentado por Women’s Link en 2019, se documentaron casos de niñas y mujeres que fueron obligadas a usar anticonceptivos cuando ingresaban a las filas, pero para la abogada “sobre eso no ha habido reconocimiento, a pesar de que revelamos que esto era una política que provenía desde la cúpula de las Farc”. En eso coincide Mayra Alejandra Castellanos, de la Coalico, quien cuenta que una de las contradicciones que han notado en las versiones es que “hubo algunos que dijeron que la planificación era obligatoria, pero otros dijeron que eran las mismas mujeres quienes decidían y pedían con qué planificar”.

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Por otro lado, ambas entidades coinciden en que la mayoría de los relatos de excomandantes han buscado justificar el reclutamiento. Para Juan Manuel Martínez, representante de varias víctimas en el caso, muchos se presentaron como “héroes” que rescataron niños y niñas, y por eso entraron a sus filas.

Como ya lo mencionó este diario, los dos únicos comparecientes que reconocieron haber tenido menores de edad bajo su comandancia fueron Martín Cruz Vega, conocido como Rubín Morro, y Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez. Aunque ambos aseguraron que los niños que estuvieron bajo su mando estaban por condiciones de orfandad.

La abogada Cocomá, por ejemplo, asegura que una de las peticiones que hacen a los mandos medios, que comenzaron a rendir nuevas versiones desde ayer, es que reconozcan que hubo casos en los que se llevaron a niños y niñas contra su voluntad. De hecho, los representantes de la Coalico dijeron que si bien no todos los casos fueron forzados, sí se presentaron varios que responden a una política sistemática.

“La mayoría indican que el reclutamiento fue por persuasión, que llegaba la guerrilla y convencía al niño o la niña, pero no han reconocido las prácticas de reclutamiento por medio de la fuerza, la violencia y el engaño”, asegura el abogado Martínez. Sin embargo, Hilda Molano, de la Coalico, hace una aclaración sobre el término forzado. “El hecho de que no en todos los casos se haya utilizado la violencia no lo hace menos punible, porque el delito es el reclutamiento ilícito, y contra todos los menores de edad es ilícito”. También dicen que, contrario a lo que han dicho los ex-Farc, sí hubo una política sistemática y unos modus operandi en las filas sobre el reclutamiento de menores de edad. Dicen que varias de las víctimas que representan hablan de periodicidad en el ingreso de niños y niñas, lo que contraria a los excomandantes que aseguraron que los casos que se presentaron fueron aislados.

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Érika Gómez, abogada de la Coalico y quien ha estado presente en la mayoría de las audiencias, comenta que las reacciones de las víctimas que han escuchado los relatos de los excomandantes han sido diversas. No obstante, dice, en general han sido desalentadoras porque, entre otras cosas, no ha habido un reconocimiento de la utilización de los menores de edad en la guerra. “Se ha hablado de que estaban en el interior de las filas, pero no de que fueron utilizados”.

Además, en la mayoría de casos se ha hablado de que los niños y las niñas que estuvieron en las filas eran mayores de 15 años. En eso fue enfático Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien aseguró que la política de ingreso era desde los 15 hasta los 30 años. La abogada de Women’s Link explica que la presencia de niños entre los 15 y 17 años, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, no es un delito, pero sí lo es en la legislación colombiana. “Creo que esto podría responder a una estrategia de ellos, porque la JEP va a priorizar los crímenes internacionales, y si ellos dicen que no incumplieron la norma de los 15 años quedaría como un delito solo en el país, esa puede ser la razón por la que no quieran reconocer que hubo menores de 14 años”.

Sobre este punto, Érika Gómez pone el ejemplo de Martín Cruz Vega (Rubín Morro), excomandante que ingresó a la guerrilla teniendo 14 años y que probaría el incumplimiento de la legislación internacional.

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Uno de los compromisos que tienen quienes rinden cuentas ante la JEP es que para someterse a esta justicia deben firmar un acta de compromiso, donde se responsabilicen de aportar verdades que no han sido conocidas por la justicia ordinaria. Sin embargo, para Gómez, como representante de las víctimas, eso no ha sucedido todavía. “No ha habido alguna confesión que nos sorprenda y que no sepamos o que no esté documentada en nuestros informes o en los de la Fiscalía”.

De acuerdo con la abogada, el único reconocimiento, que tampoco era desconocido, pero que le sorprendió que se hubiera mencionado, fue el que hizo Rubín Morro, en su versión, cuando admitió que se pudieron haber cometido fusilamientos a menores de edad por querer desertar de las Farc.

Los mandos medios que están rindiendo su versión por este caso son: John Jairo Pardo Hernández, conocido como Picudo, exintegrante del bloque Oriental y quien compareció el pasado martes. En la mañana de este miércoles se registrará la versión de Luis Óscar Úsuga Restrepo, del bloque Noroccidental, y el 4 de diciembre está citado Diego Ardila (Leonel Paz), del bloque Occidental.

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