Los 192 exguerrilleros de las Farc que buscan la libertad en medio del Coronavirus

Mientras la JEP toma decisiones de fondo, el partido Farc solicitó al Gobierno y al Inpec que dejen a sus exmiembros en un mismo patio en La Picota. / EFE

La pandemia que causó el nuevo coronavirus, conocido como SARS-Cov-2, dejó en evidencia, una vez más, varios problemas que arrastra el país desde hace décadas: su frágil y anémico sistema de salud, su profunda desigualdad y, no menos importante, el hacinamiento en sus centros penitenciarios. El miedo y la falta de medidas por parte del Gobierno provocaron motines dentro de las cárceles, que obligaron a las autoridades a declarar estado de emergencia y, por tanto, permitirles la salida a miles de presos.

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En medio de la discusión de quiénes podrían salir de la cárcel mientras pasa el primer pico de la pandemia, el partido Farc y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) pusieron de nuevo sobre la mesa una denuncia: a tres años de firmarse el Acuerdo de Paz hoy hay 192 exguerrilleros que aún no han podido resolver su situación jurídica, a pesar de que este era uno de los principales compromisos cuando se pactó el fin de la guerra. La mayoría está a la espera de una respuesta por parte de la Sala de Amnistías e Indultos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o de una segunda revisión de esta justicia sobre decisiones tomadas.

Óscar Rodríguez es un excombatiente que lleva ocho años en La Picota. Perteneció al Partido Comunista Clandestino PC3 y luego al Frente Décimo de las Farc. Su labor en la organización era la consecución de finanzas, hasta que fue capturado por el Gaula en Bogotá, en 2012, por el secuestro de la hija de un comerciante. “A mí me imputan ese delito y me condenan a 42 años y tres meses. Luego acepto los cargos y me bajan la condena a 32. Pero secuestro no está enmarcado dentro de mi trabajo en las Farc, es decir, por rebelión”, cuenta.

En el momento de la captura, asegura Rodríguez, no confesó su relación con las extintas Farc porque era una orden dentro de la organización: “Debíamos negar nuestro vínculo. Acuérdese que nosotros trabajábamos en la clandestinidad y yo hacía parte de una célula urbana en la capital. De todas formas, los del Gaula encontraron elementos que pertenecían a las Farc, como memorias USB o el celular que manejaba, donde tenía mensajes con otros comandantes”.

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Años después, un fiscal de Arauca le imputó cargos por otras retenciones, pero señalando que hacía parte de la guerrilla del Eln, grupo que también hace una fuerte presencia en la zona. Estos hechos en su pasado judicial no le han permitido obtener los beneficios de la justicia transicional, a pesar de que hoy está acreditado, como los otros 191 excombatientes, en el listado de los miembros de las extintas Farc, que hizo el partido después de recorrer más de 100 cárceles y avaló el Alto Comisionado para la Paz.

“Siento que hay mucha demora. No se cumplen los términos de nuestros casos. Además, se basan mucho en las sentencias de la justicia ordinaria y no investigan más. En mi caso, al menos, falta que entiendan el contexto y que se practiquen pruebas para que se demuestre que no era del Eln. Es que los mismos altos mandos lo pueden corroborar. En este momento, mi proceso está en estudio por eso. En eso llevo dos años”, dice el excombatiente.

De acuerdo con la Ley 1820 o de Amnistía, hay una serie de beneficios para las personas que pertenecieron a las extintas Farc y cuyos crímenes tienen relación con el conflicto armado. El primero de ellos es un perdón a los delitos políticos y conexos, como la rebelión y la sedición, con lo cual se les otorga de inmediato la libertad a los excombatientes.

El segundo mecanismo es la libertad condicionada, posible para quienes han durado más de cinco años presos y han cometido graves crímenes que no se pueden perdonar, como el caso de Rodríguez. A cambio de comprometerse con la verdad y reparar a sus víctimas, estas personas podrán adelantar sus proceso fuera de las cárceles.

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Finalmente, para los exguerrilleros que llevan privados de la libertad menos de cinco años, está la posibilidad del traslado a una zona veredal, como Mesetas, donde pueden empezar su proceso de reincorporación en esta área con otros compañeros de filas. Este mecanismo funcionó, sobre todo, cuando apenas arrancaban los procesos en la JEP.

Durante el primer año después de firmarse el Acuerdo de Paz, la Ley de Amnistía fue ejecutada por los jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria, pues la JEP aún no existía. Luego, cuando en 2017 entró en funcionamiento, los casos pasaron a la Sala de Amnistía e Indulto. Es allí donde se decide, en un lapso de 15 días, si se otorgan o no los beneficios penales a los exguerrilleros.

Sin embargo, Jhon León, miembro de la comisión del partido Farc para ayudar a los prisioneros, asegura que esos tiempos no se están cumpliendo y “hay una demora excesiva” que atenta contra los derechos de los excombatientes. A propósito de este problema, resalta, es que justo hace un año el Consejo de Estado le pidió a la JEP superar el represamiento de los procesos dentro de la Sala de Amnistía e Indulto y solucionar cuanto ante las peticiones de los presos.

Pero en este punto, aclara León, hay otra arista: “La JEP se demora en resolver los casos porque la justicia ordinaria y la Fiscalía no le entrega los procesos y el material probatorio a tiempo. Migrar la documentación de una justicia a otra tarda meses y ahí los magistrados quedan cruzados de brazos”.

Por otro lado, señala que la mayoría de los casos han sido rechazados, pues “hay una interpretación restrictiva de la ley”. León dice que el caso de Óscar Rodríguez es un ejemplo claro de ello: “¿Por qué lo creemos? En primer lugar, hay que comprobar el factor material, es decir, si son hechos o no relacionados con el conflicto. Si no aparece la palabra “Farc” o el delito rebelión, los magistrados niegan las solicitudes y no se analizan las complejidades”.

Cree que no se examinan en profundidad las pruebas que demuestran que los delitos fueron cometidos en el marco de la guerra o las declaraciones de los altos mandos que dan fe de que esas personas sí hicieron parte de la organización: “Es tan difícil, que solo hemos obtenido los beneficios en segunda instancia. Desde la mesa de negociación en La Habana (Cuba) se acordó la amnistía más amplia posible, pero a la hora de la verdad eso no sucede”.

Cuando se firmó el acuerdo, un grupo de 130 guerrilleros, milicianos y colaboradores de las Farc que en ese entonces estaban en La Picota ,en el pabellón Erón de máxima seguridad, fueron trasladados al patio cuarto de la cárcel de mediana seguridad a la espera de que arrancara la justicia transicional y pudieran firmar su acta de sometimiento. Pero de ellos la mayoría sigue allí. Hasta el momento, agrega Rodríguez, “muy pocos han podido recuperar su libertad”. Para ser exactos, de acuerdo con la JEP, de los 192 casos se han negado 117.

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Ante el inminente peligro del nuevo coronavirus y teniendo en cuenta que aún las decisiones de la JEP tomarán tiempo, el Partido Farc les hizo saber a Margarita Cabello, ministra de Justicia; Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz y al sistema de justicia transicional, a través de un comunicado, los riesgos a los que se enfrentan quienes pertenecieron a sus filas en la cárcel. “Algunas de estas personas privadas de la libertad han superado los cinco (5) años de detención; aproximadamente 13 personas tienen más de 60 años de edad, otros se encuentran con graves problemas de salud y, en general, se encuentran en condiciones de hacinamiento carcelario”, explican en la misiva.

“Con el ánimo de proponer alternativas", según Farc, le sugirieron al Gobierno "reactivar por parte del INPEC el Pabellón Especial de Paz que se ubicó en el ETCR de Mesetas en el Departamento del Meta" y trasladar hasta allá “al personal de las antiguas FARC-EP que se encuentre acreditado". Ahora, de acuerdo con el partido, esta zona de reincorporación se encuentra en funcionamiento y con presencia activa de las autoridades en materia de reincorporación. De no ser posible esta alternativa, el partido también planteó la posibilidad de priorizar el traslado y concentración de los presos a un patio único en la cárcel La Picota.

También solicitaron la inmediata excarcelación de las personas privadas de la libertad que se encuentren en graves condiciones de salud y sean mayores de 60 años “por cuanto su derecho a la vida se encuentra en grave riesgo”. Y, por supuesto, “garantizar las medidas sanitarias y visitas del personal médico y de salud que preserven los derechos a la vida y dignidad humana de los firmantes del acuerdo de paz”, dice la misiva.

Sin embargo, consideran que estas peticiones son solo un alivio momentáneo, pues lo crucial es que la JEP actúe con más celeridad y solucione cuanto antes los casos de quienes se comprometieron con la paz hace varios años. Por eso exigieron “establecer un plan de emergencia con la JEP tendiente a estudiar y resolver de manera urgente solicitudes de libertad y amnistías en dicha jurisdicción”.


La respuesta de la JEP

La togada manifiesta que si bien es cierto, es importante, esto no es lo único que se tiene en cuenta. No en vano está la posibilidad de que si algún excombatiente no está en las listas por alguna razón, de todas formas puede solicitar su entrada a esta justicia y se evalúa su caso a partir de otros criterios: lo temporal y lo material. La JEP solo estudia los casos cuando los delitos fueron cometidos antes del 1º de diciembre de 2016 y si tienen relación con el conflicto en calidad de excombatiente de las Farc.

En los 117 casos que negó, insiste Giraldo, “no se cumplió con uno o varios de los ámbitos de aplicación (personal, temporal o material) definidos en la ley para acceder a este beneficio”. En algunos casos, dice, “la Sala encontró que la conducta por la que fue procesado o condenado por la justicia ordinaria no fue realizada en razón a su pertenencia a las Farc-EP”. En el caso de Óscar Rodríguez está a la espera de la apelación de la primera instancia, donde espera que se compruebe que no hizo parte de otro grupo guerrillero.

Los magistrados también hallaron que dentro de esa bolsa también hubo casos que “al momento de estudiar la solicitud y proferir la decisión, el solicitante no contaba con acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En otras palabras, dicha acreditación se produjo de manera posterior a la decisión que negó la libertad condicionada”. Sobre tres peticiones puntuales, la JEP dice que las rechazó de inmediato porque no tienen nada que ver con el conflicto. “Inasistencia alimentaria, violencia sexual en contextos fuera de la guerra o violencia intrafamiliar no vamos a permitir que se cuelen. No hay relación con el conflicto”, sostiene Giraldo.

Giraldo cuenta que, actualmente, hay 37 solicitudes en las que se amplió información, solicitando expedientes u otros documentos relevantes por parte de distintas autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la Fiscalía General de la Nación o de otros órganos de la JEP. Esta información está en proceso de recaudo, sin embargo, aclara que “dada la situación coyuntural que vive el país, derivada de la pandemia del COVID-19 y la consecuente emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, en este momento dichos documentos no pueden ser enviados o recibidos por la Jurisdicción”.

En este punto hace un llamado al partido Farc y sus abogados para que traten de entregar a la justicia la mayor cantidad de información posible: “En muchos casos, lo que entregan no permite ni conocer datos básicos como los delitos cometidos o las autoridades de la jurisdicción ordinaria a cargo. En este sentido, para la Sala no es posible solicitar información adicional que le permita entrar a estudiar la solicitud de beneficios porque desconoce a qué autoridad debe solicitarla”. De hecho, hay tres que se archivaron por falta de información por parte del solicitante.

Siguiendo con la lista, la magistrada agrega que hay 23 casos presentados sobre personas que no tienen trámites, de acuerdo con las bases de datos, así que pide a los abogados presentar la solicitud para estudiarlos. Finalmente, Giraldo destaca que ya se concedieron cuatro beneficios de libertad condicionada, “pero no se materializó, o porque esas personas quedaron a disposición de otra autoridad por otro proceso o porque la Sala concedió el beneficio por un delito, pero lo negó por otro”.

Hasta el momento, solo un caso al solicitante le fue concedida la amnistía de iure y se ordenó su libertad definitiva; la jurisdicción ordinaria decretó la extinción de acción penal y ordenó su libertad inmediata. El resto de la lista fue remitida por competencia a la Jurisdicción Especial Indígena, se encuentra en ventanilla única para reparto judicial o está dentro de los términos legales para realizar su estudio y determinar actuación a seguir.

La JEP reconoce que es cierto que no se están cumpliendo los tiempos y que el jalón de orejas del Consejo de Estado los obligó a crear una estrategia de movilización interna de magistrados de otras secciones para mitigar el represamiento de procesos. Sin embargo, la magistrada Giraldo advierte que hay dos factores que lo provocan. El primero es que las autoridades de justicia ordinaria se demoran en entregar los casos y las pruebas, porque también están saturados. El segundo es que llegan muchas solicitudes que no tendrían por qué haber llegado, pues sus conflictos no tienen nada que ver con el conflicto y no hicieron parte de la extinta guerrilla: “Nosotros hemos revisado 1.670 decisiones sobre libertad. De esas solo 181 fueron concedidas. Es que nos llegan procesos que no tienen nada que ver, pero debemos estudiarlo obligatoriamente”.

La JEP dice que, a pesar de que se sale de sus manos algunas de las peticiones de las Farc y en otras ya ha tomado decisiones en derecho, está dispuesta a “establecer canales de comunicación fluidos y provechosos para que, junto con el Gobierno nacional, sigamos buscando alternativas constructivas para hacer frente a esta situación que estamos viviendo”.

No son los únicos

"Muchas de las personas que estaban en proceso de depuración y revisión por parte de las distintas estructuras de las Farc se quedan por fuera. Aunque nosotros, desde hace más de diez años teníamos registros, en medio de la clandestinidad no podíamos saber el paradero de todos", explica Jaramillo.

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De acuerdo con el partido Farc aún faltan 265 personas por acreditar. Aún sigue el proceso, a pesar de que han pasado tres años. En el marco de la CESIVI hay una instancia tripartit, conformada por la oficina de Alto Comisionado, las Farc y las Naciones Unidas, para revisar los casos de los presos y de quienes están en las zonas de reincorporación. El partido solicitó la continuidad de reuniones de la mesa para "efecto de avanzar en acreditaciones y adopción de medidas especiales en coordinación con la JEP".

Jaramillo aclara que si bien estas personas pueden de todas formas solicitar su ingreso a la JEP, no pueden acceder a otros beneficios que otorga el Estado por ser firmantes del Acuerdo Final, entre ellos, la renta básica y servicios de salud. Según Jaramillo, es necesario acelerar los procesos, teniendo en cuenta que son excombatientes que los comandantes pueden dar fe de que estuvieron en sus listas. Y resalta que la depuración de las listas ha sido estricta y que si no fuese así, la organización no hubiera solicitado la exclusión de más de 300 personas de sus listados porque sus hechos no tenían relación con el conflicto armado ni pertenecieron a las estructuras.